Transparencia retributiva: lo que cambia para las empresas con el Real Decreto-ley 39/2026
El BOE publica hoy, 18 de noviembre de 2026, el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, que entra en vigor mañana, 19 de noviembre. La norma transpone la Directiva (UE) 2023/970 de transparencia retributiva y completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, rectificando parte de la regulación aprobada en septiembre. Para las empresas, el mensaje es claro: ya no basta con no discriminar; hay que poder demostrarlo con datos, criterios y documentación.
Un marco que ya existía, ahora con más exigencia
La reforma se inserta en el marco de igualdad retributiva que ya fija el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, que proyecta la igualdad de trato y oportunidades sobre el empleo, la promoción y las condiciones de trabajo, «incluidas las retributivas y las de despido». Ese mismo precepto solo admite una diferencia de trato vinculada al sexo en un ámbito excepcional: cuando responda a un requisito profesional esencial y determinante, persiga una finalidad legítima y sea proporcionada. Esa excepción no es, en ningún caso, una habilitación general para pagar distinto.
Lo que cambia ahora es el nivel de exigencia. El Real Decreto-ley modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, la Ley de Empleo, el Real Decreto 723/2026, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley de Contratos del Sector Público. El resultado es un sistema en el que la carga de explicar y justificar las diferencias salariales recae, de forma mucho más visible, sobre la empresa.
Diez claves para las empresas
1. La transparencia empieza antes de contratar
La Ley de Empleo incorpora el principio de transparencia retributiva previa al empleo. Desde ahora:
- Las ofertas de empleo deben incluir la retribución inicial del puesto, basada en criterios objetivos y neutros, y el convenio colectivo aplicable.
- Empresas y agencias de colocación no pueden preguntar a las personas candidatas por su historial retributivo, actual o anterior.
- Los anuncios y las denominaciones de los puestos deben ser neutros en cuanto al género y accesibles para personas con discapacidad.
- La igualdad de trato debe garantizarse también cuando la selección se apoye en procedimientos automáticos o sistemas algorítmicos.
No facilitar a los candidatos la información exigida pasa a ser infracción grave; solicitar datos prohibidos o adoptar decisiones discriminatorias en el acceso al empleo, infracción muy grave.
2. Los criterios salariales deben estar a la vista de toda la plantilla
Todas las empresas, con independencia de su tamaño, deben poner a disposición de su personal y de la representación legal, de forma comprensible y de fácil acceso, los criterios con los que fijan la retribución y los niveles retributivos de cada puesto o categoría. Si esos criterios están en el convenio, basta con remitir a los preceptos concretos; si no lo están, o si la empresa concede mejoras voluntarias (bonus, complementos ad personam, incentivos), debe explicar directamente cómo se determinan. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deben informar, además, de los criterios de progresión retributiva. La información debe actualizarse cada vez que cambien los criterios.
3. Nuevo derecho individual a conocer cuánto cobran los demás
Cada persona trabajadora puede solicitar por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes realizan el mismo trabajo o uno de igual valor, en términos anuales y por hora y separando salario base y cada complemento.
- La empresa debe responder por escrito en un máximo de dos meses.
- Si la respuesta es incompleta, la persona puede pedir aclaraciones, que deben contestarse de forma motivada en quince días.
- La solicitud puede hacerse directamente, a través de la representación legal o a través del Instituto de las Mujeres.
- La empresa debe informar al menos una vez al año a toda la plantilla de la existencia de este derecho y de cómo ejercerlo.
- Pueden ejercerlo también quienes ya hayan salido de la empresa, durante el año siguiente al cese.
4. Fin de las cláusulas de confidencialidad salarial
El nuevo artículo 28.4 del Estatuto reconoce el derecho de las personas trabajadoras a revelar su propia retribución a efectos de la igualdad retributiva y declara nulas las cláusulas contractuales que lo impidan. Conviene revisar contratos, cartas de oferta y políticas internas.
5. Un registro retributivo más detallado y sancionable
Todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. El registro debe recoger, desglosadas por sexo, la media y la mediana de lo realmente percibido, en cómputo anual y por hora, para cada concepto retributivo y cada grupo, categoría, nivel o puesto. La representación legal debe ser consultada con diez días de antelación antes de elaborarlo o modificarlo, y la documentación de soporte debe conservarse cuatro años. Incumplir las obligaciones de registro pasa a ser infracción grave.
Cuando la diferencia entre los promedios de ambos sexos alcance el 25 % en empresas de 50 o más personas trabajadoras, o el 5 % en empresas de 100 o más, el registro debe incluir una justificación de que la diferencia no obedece al sexo.
6. Informar de la brecha salarial a la Administración
Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán remitir a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, previa consulta a la representación legal, siete indicadores: brecha media y mediana (total y en complementos), proporción de mujeres y hombres que reciben complementos, distribución por cuartiles y brecha por categorías o puestos de igual valor. Este último dato debe entregarse también a la plantilla. La Comisión publicará los datos de forma comparable entre empresas, sectores y territorios.
| Plantilla | Periodicidad | Primera remisión |
|---|---|---|
| 250 o más | Anual | Antes del 8 de junio de 2027 |
| 150 a 249 | Cada tres años | Antes del 8 de junio de 2027 |
| 50 a 149 | Cada tres años | Antes del 8 de junio de 2031 |
Si los datos revelan diferencias no justificadas con criterios objetivos y neutros, la empresa debe corregirlas en un máximo de seis meses, en cooperación con la representación legal. No informar a la Comisión es infracción grave.
7. Auditorías retributivas más exigentes
La auditoría que forma parte del plan de igualdad debe incorporar ahora una valoración de puestos que alcance también al sistema de promoción, el análisis de al menos los tres últimos años, la proporción de personas que recibieron mejoras tras volver de permisos por nacimiento o cuidado y el efecto de factores como las exigencias de disponibilidad no justificadas o la movilidad discrecional. Las razones de las diferencias se determinan conjuntamente con la representación legal; sin acuerdo, la empresa debe igualmente justificarlas y dejar constancia de las discrepancias. El plan de corrección no puede superar los seis meses, y la auditoría debe ponerse a disposición de la plantilla y notificarse a la Comisión.
Las auditorías vigentes conservan su validez y deberán adaptarse cuando termine su vigencia o toque revisarlas.
8. Garantía de indemnidad expresa
El Estatuto recoge por primera vez, de forma expresa, el derecho a no sufrir represalias por reclamar derechos laborales, ya sea ante la propia empresa o ante la Administración o los tribunales, directamente o a través de la representación. Las decisiones adoptadas en represalia son nulas y constituyen infracción muy grave.
9. Más plazo para reclamar
Las acciones por discriminación retributiva prescriben a los tres años desde que cesa la situación discriminatoria, frente al plazo general de un año. El riesgo de reclamaciones con efectos económicos acumulados aumenta de forma significativa.
10. Consecuencias en la contratación pública
Los pliegos deberán incluir previsiones y penalidades para garantizar que contratistas y subcontratistas cumplen sus obligaciones de igualdad y transparencia retributiva. El incumplimiento grave —con discriminación declarada en resolución firme o incumplimiento reiterado tras requerimiento— será causa de resolución del contrato, que podrá instarse incluso a petición de la representación legal de la plantilla del contratista.
Otras novedades laborales que no conviene pasar por alto
En la vertiente de condiciones laborales transparentes y previsibles, el Real Decreto-ley introduce cambios de aplicación inmediata:
- Información de los elementos esenciales del contrato a todas las personas trabajadoras, también en contratos de menos de cuatro semanas, y también a la representación legal. Su incumplimiento pasa de leve a grave. Para los contratos cortos vigentes, la información debe facilitarse en diez días hábiles desde que se solicite.
- Periodo de prueba: máximo de seis meses para técnicos titulados y dos meses para el resto (tres en empresas de menos de 25 personas trabajadoras); en contratos temporales de seis meses o más, máximo un mes, con reducción proporcional en los más cortos. Es nulo si la persona ya desempeñó esas funciones en la empresa.
- Horas complementarias: preaviso mínimo de tres días; si no se respeta, la persona puede rechazarlas sin consecuencias, y si la empresa las cancela, deben retribuirse.
- Pluriempleo: la empresa no puede prohibir ni limitar el trabajo para otras empresas salvo por causas objetivas (salud y seguridad, confidencialidad, conflicto de intereses) o pacto de plena dedicación compensado.
- Transición a un empleo más estable (nuevo artículo 21 bis): la plantilla puede solicitar vacantes que supongan más jornada, contrato indefinido o mayor previsibilidad, y la empresa debe responder motivadamente y por escrito en un mes (tres meses si tiene diez personas trabajadoras o menos).
Hoja de ruta: qué hacer desde ya
Que la norma esté en vigor no significa que todas sus obligaciones sean exigibles a la vez: el propio texto fija un calendario escalonado para la información sobre la brecha y un régimen transitorio para las auditorías. Sin embargo, buena parte de las novedades —ofertas de empleo, derecho de información, nulidad de cláusulas de confidencialidad, indemnidad, periodo de prueba— se aplican desde el 19 de noviembre. Recomendamos:
- Revisar las plantillas de ofertas de empleo y los guiones de entrevista para incluir la retribución inicial y el convenio, y eliminar cualquier pregunta sobre salarios anteriores.
- Documentar los criterios retributivos, especialmente los complementos voluntarios y los sistemas de incentivos, y prepararlos para ponerlos a disposición de la plantilla.
- Diseñar un procedimiento interno para atender solicitudes de información en dos meses y comunicar anualmente este derecho.
- Actualizar el registro retributivo con medias, medianas, cómputo por hora y personal directivo, y comprobar si se superan los umbrales del 25 % o el 5 %.
- Revisar contratos y políticas para eliminar cláusulas de confidencialidad salarial y adaptar periodos de prueba y pactos de exclusividad.
- Planificar la primera remisión de la brecha si la plantilla es de 150 o más personas: el plazo vence en junio de 2027 y los datos se refieren al año anterior.
- Revisar la valoración de puestos para que cada diferencia salarial pueda explicarse con criterios objetivos, coherentes y acreditables.
La idea de fondo es sencilla: una diferencia salarial no es ilícita por sí misma, pero la empresa debe poder probar la regla aplicada, su justificación y su aplicación no discriminatoria. La trazabilidad de los salarios se convierte, desde hoy, en una cuestión de cumplimiento normativo.
En Acountax acompañamos a las empresas en la adaptación a la nueva normativa de transparencia retributiva: revisión de registros y auditorías, valoración de puestos, adaptación de contratos y procesos de selección, y defensa ante reclamaciones.
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