El pasado jueves, 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso convalidó el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y rechazó el Real Decreto-ley 28/2026, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Estos decretos reproducen en lo sustancial los que el Pleno del Congreso rechazó el pasado 2 de octubre, pocos días antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Al estar las Cámaras disueltas, el artículo 78.2 de la Constitución atribuye a la Diputación Permanente la convalidación o derogación de los decretos-leyes.

El objeto de este artículo es aclarar las medidas que, desde el 8 de octubre, fecha en la que entró en vigor el RDL 29/2026, único convalidado, afectan a los alquileres de vivienda.

Las medidas que rigen desde el 8 de octubre

Podemos resumir las medidas del RDL 29/2026 en las siguientes:

1. Desahucios. Se suspenden cuando el inquilino es persona vulnerable sin alternativa habitacional. Esta limitación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. Cuando el arrendador no sea gran tenedor ni fondo de inversión, se prevé que la Administración Pública se haga cargo de los impagos del inquilino. Para ello habrá de acreditarse la vulnerabilidad y que, en dos meses desde dicha acreditación, la Administración Pública no haya ofrecido al inquilino una alternativa habitacional ni haya pagado la deuda acumulada.

2. Prórrogas del contrato. Prórroga extraordinaria de hasta 2 años. Los inquilinos cuyo contrato de vivienda habitual finalice antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar, siempre por escrito al arrendador, prorrogar el contrato, año a año, hasta un máximo de dos años adicionales. Para ello deben estar al corriente de pago y haber abonado mensualmente la renta durante los ocho meses anteriores.

Como norma general, el propietario tendrá que aceptar la prórroga, aunque hay excepciones: por ejemplo, si necesita realmente la vivienda para sí o para determinados familiares, si ambas partes pactan otras condiciones o si firman un nuevo contrato. Tampoco se aplica esta prórroga si se acuerda renovar con una renta al menos un 5 % inferior.

3. Subidas de la renta. Hasta el 31 de diciembre de 2027 se aplicará una limitación extraordinaria. Si la renta es superior al límite máximo correspondiente del sistema estatal de precios de referencia, el propietario no podrá efectuar ninguna actualización ni subida de renta. En los demás casos, propietario e inquilino pueden pactar una subida y, si no llegan a un acuerdo, la actualización de la renta no podrá superar el 2 %.

4. Sin indemnización si el inquilino abandona antes la vivienda. Conforme establece la LAU, el inquilino puede abandonar el inmueble transcurridos seis meses desde la firma del alquiler si avisa con al menos 30 días de antelación. Con el Decreto, se elimina la posibilidad de que el propietario tenga derecho a una indemnización cuando esto ocurra.

5. Alquiler por habitaciones. Es posible, pero el Decreto establece que la suma de las rentas de todas las habitaciones no puede superar el precio que tendría el alquiler de toda la vivienda.

6. Alquiler de temporada. También puede realizarse, pero ahora deberá figurar expresamente en el contrato el motivo de desplazamiento del inquilino, para demostrar que es una causa real. Su duración es de 31 días como mínimo y 12 meses como máximo.

7. Salida del inquilino. Cuando finalice el contrato, arrendador y arrendatario deben firmar un documento de salida que refleje el estado de la vivienda y la entrega de llaves. Sin dicho documento, se presume que la vivienda se devolvió en buen estado.

8. Grandes tenedores y fondos de inversión. Hasta finales de 2030 no podrán comprar viviendas residenciales en estado de uso, es decir, no ruinoso, por debajo del 70 % de su valor de tasación emitido por sociedad tasadora homologada, salvo que las destinen a alquiler social o asequible.

9. Compra de vivienda. Se contempla destinar 10.000 millones de euros a préstamos sin intereses ni comisiones para ayudar a cubrir hasta el 20 % del precio de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros. Son préstamos que habrá que devolver y se canalizarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

10. Reparaciones. Si es necesario realizar reparaciones en la vivienda, el arrendador dispone de 15 días para llevar a cabo las que garanticen la habitabilidad. Si no lo hace, el inquilino puede contratar la reparación y descontar su coste de futuras rentas.

11. Tanteo y retracto. Con el Decreto, los arrendatarios pasan a tener derecho de tanteo y retracto en caso de venta de la vivienda. Es decir, a partir de ahora, la cláusula de renuncia a dicho derecho por parte del arrendatario ya no podrá formar parte del contrato.

¿Por qué hablamos de seguridad jurídica?

Estas son, en resumen, las medidas contempladas en el RDL 29/2026. Cuando en el título de este artículo cuestionamos la seguridad jurídica, es porque la regulación del alquiler de vivienda se ha articulado mediante sucesivos reales decretos-leyes, aprobados, derogados y vueltos a aprobar en pocas semanas, y finalmente convalidados con las Cortes disueltas.

El RDL 29/2026 está plenamente vigente y produce efectos desde el 8 de octubre. Sin embargo, las Cortes que resulten de las elecciones del 29 de noviembre podrán modificar o derogar estas medidas mediante ley, lo que obliga a propietarios e inquilinos a planificar sus decisiones sin saber con certeza cuánto tiempo se mantendrá el marco actual. Esa incertidumbre la soporta, en última instancia, el ciudadano.

Por ello, conviene revisar cada contrato a la luz del nuevo régimen, documentar por escrito comunicaciones y solicitudes de prórroga, y seguir de cerca la evolución normativa en los próximos meses.

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