El ICAM debate cómo afrontar el absentismo y la transparencia retributiva en el sector agroalimentario

La jornada examinó los límites de los incentivos laborales, el coste creciente de las bajas y las dificultades para aplicar soluciones comunes a toda la cadena alimentaria.

Madrid, 29 de septiembre de 2026. La Sección de Derecho Agroalimentario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado hoy la jornada «El nuevo horizonte laboral en el sector agroalimentario: transparencia retributiva y sostenibilidad frente al absentismo». Las intervenciones mostraron que las ausencias laborales afectan al campo, a la industria y a la distribución alimentaria, aunque sus causas y consecuencias exigen respuestas diferentes.

Manuel Lamela, presidente de la Sección, fundador y presidente ejecutivo de Acountax, abrió el encuentro señalando que el sector no es ajeno al problema del absentismo. En el ámbito agropecuario, recordó, muchas tareas deben realizarse durante una campaña y no admiten demora. La estacionalidad y la dificultad de encontrar sustitutos inmediatos hacen especialmente compleja la gestión de una ausencia. Lamela situó también la transparencia retributiva entre los grandes retos laborales del sector, por la temporalidad y las particularidades de su organización del trabajo.

Transparencia salarial y gestión de la incapacidad temporal

Alberto Godino de Frutos, socio de Sagardoy Abogados, examinó las obligaciones previstas en la Directiva europea de transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición ya ha vencido. Explicó que las personas candidatas deberán conocer la retribución inicial o su banda salarial y que las plantillas tendrán derecho a solicitar información retributiva comparable, desglosada por sexo. Destacó asimismo la necesidad de valorar los puestos mediante criterios objetivos para detectar y justificar las diferencias entre trabajos iguales o de igual valor.

En relación con el absentismo, Godino analizó las dificultades de gestión de la incapacidad temporal y dos cambios que han modificado el margen de actuación empresarial: la protección frente a la discriminación por enfermedad establecida en la Ley 15/2022 y la derogación del despido objetivo por determinadas faltas de asistencia, antes previsto en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Señaló que los tribunales han restringido las cláusulas que penalizan las bajas médicas, aunque algunas resoluciones admiten ajustes proporcionados de los objetivos individuales y de la retribución variable durante una ausencia.

¿Cuándo retribuye un incentivo y cuándo penaliza una ausencia?

La profesora Ana Matorras Díaz-Caneja, de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), profundizó en esa cuestión. Advirtió de que se corre el riesgo de confundir la finalidad de un incentivo con una sanción: la retribución variable puede recompensar la aportación de valor, el cumplimiento de objetivos o la productividad. Sin embargo, si una ausencia protegida produce un efecto desfavorable en su percepción, puede interpretarse que el sistema penaliza a quien ejerce un derecho.

A su juicio, la protección frente a la discriminación por enfermedad y el ejercicio de los derechos de conciliación obligan a una reflexión más profunda sobre el diseño de esos complementos. Defendió que las empresas distingan con precisión entre el salario no devengado por tiempo no trabajado, las condiciones objetivas de un incentivo y las sanciones económicas prohibidas. En este contexto, calificó de «inquietantes» algunos pronunciamientos judiciales relativos a los descuentos por ausencias injustificadas.

Matorras se refirió también a una tendencia hacia el «empoderamiento del trabajador ausente» y pidió examinar cómo se concilia la ampliación de las situaciones protegidas con la organización de las empresas agropecuarias. En materia de igualdad retributiva, instó a revisar categorías y complementos salariales para detectar posibles sesgos en la valoración de trabajos realizados mayoritariamente por mujeres.

La distribución alimentaria aporta cifras sobre las bajas

Alberto Peironcely, de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), recordó que las personas trabajadoras sostienen la operativa diaria de los establecimientos y son la primera línea de atención al cliente. Defendió la necesidad de dignificar sus profesiones y de presentar la distribución alimentaria como un sector con oportunidades de empleo y presencia en todo el territorio.

Peironcely expuso los resultados del informe que ASEDAS elabora junto con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). En 2025 se registraron 386.687 procesos de baja por contingencias comunes en la población analizada, un 9 % más que el año anterior. El coste estimado alcanzó los 1.180 millones de euros, repartidos entre 656 millones en prestaciones de la Seguridad Social a cargo de las mutuas y 524 millones de coste directo para las empresas. El importe total creció un 13 % frente a 2024 y un 155 % frente a 2018.

Peironcely destacó el aumento de la incidencia entre las personas de 16 a 35 años y llamó la atención sobre las bajas vinculadas a la salud mental. Señaló además que los lunes concentran el 22 % de los procesos registrados en el informe. Estos análisis anuales, explicó, permiten conocer mejor la evolución del problema y comprobar que las medidas implantadas no siempre ofrecen los resultados esperados.

Entre las posibles respuestas propuso ampliar la capacidad asistencial de las mutuas para determinadas patologías, simplificar los trámites y reforzar la concienciación sobre el efecto que una ausencia tiene en los equipos, cuyos compañeros deben asumir a menudo parte del trabajo pendiente.

Un problema que exige respuestas distintas

Al cerrar el debate, Manuel Lamela sostuvo que el absentismo, tal como se presenta hoy, carece de una solución única porque reúne problemas de naturaleza diferente. Propuso descomponerlos y buscar medidas específicas para cada uno. Expresó sus dudas sobre el margen que deja la evolución de la jurisprudencia para algunas respuestas empresariales y sobre la eficacia de apelar solo a la concienciación social.

Lamela consideró urgente simplificar la gestión administrativa, aunque se mostró escéptico sobre la adopción próxima de esa medida. Planteó además la necesidad de abordar de forma expresa otro asunto presente a lo largo de la jornada: cómo se gestionan y prolongan los procesos de baja dentro del sistema público de salud. A su juicio, cualquier respuesta que ignore esa dimensión dejará sin tratar una parte sustancial del problema.

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