La inteligencia artificial está transformando profundamente la forma en que trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones. Sin embargo, junto a las oportunidades que ofrece, también están surgiendo nuevos riesgos que afectan directamente a la seguridad jurídica, la reputación y la confianza de personas, empresas e instituciones.
Este escenario coincide con un contexto regulatorio europeo cada vez más exigente. El Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (AI Act), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio de 2024 y en vigor desde el 1 de agosto de 2024, constituye el primer marco jurídico integral sobre inteligencia artificial a nivel mundial. Entre otras obligaciones, introduce requisitos específicos de transparencia para determinados contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial, incluidos los deepfakes, y establece un régimen de supervisión y sanciones destinado a garantizar un uso seguro, fiable y respetuoso con los derechos fundamentales.
Paralelamente, tanto la Unión Europea como los Estados miembros continúan impulsando nuevas iniciativas para combatir la utilización ilícita de contenidos sintéticos, especialmente cuando afectan al derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad o sirven como instrumento para la comisión de fraudes, estafas o campañas de desinformación.
Todo ello pone de manifiesto que los deepfakes han dejado de ser una simple curiosidad tecnológica para convertirse en un fenómeno con una creciente relevancia jurídica, empresarial y regulatoria. En consecuencia, las organizaciones deberán reforzar sus políticas de cumplimiento normativo, sus protocolos internos de verificación y sus mecanismos de protección de la identidad digital y la reputación corporativa.
Uno de los ejemplos más representativos de estos nuevos riesgos son precisamente los deepfakes: contenidos audiovisuales generados o manipulados mediante inteligencia artificial capaces de reproducir con gran realismo la imagen, la voz o los gestos de una persona. Aunque en determinados ámbitos su utilización puede responder a fines creativos, educativos o de entretenimiento, su uso fraudulento está aumentando de forma significativa y plantea importantes implicaciones legales para empresas, directivos y profesionales.
¿Qué es un deepfake?
Un deepfake es una imagen, un vídeo o un archivo de audio generado o alterado mediante inteligencia artificial con el fin de simular que una persona ha dicho o hecho algo que, en realidad, nunca ocurrió.
El elevado grado de sofisticación alcanzado por estas tecnologías hace que, en muchas ocasiones, resulte extremadamente difícil distinguir entre un contenido auténtico y otro manipulado, incrementando el riesgo de fraudes, suplantaciones de identidad, campañas de desinformación y graves perjuicios para la reputación de personas y organizaciones.
Un riesgo que va mucho más allá de las redes sociales
Si bien los primeros casos de deepfakes se popularizaron en redes sociales, hoy su impacto alcanza también al ámbito empresarial.
Entre las situaciones que ya comienzan a detectarse destacan:
- Suplantación de la identidad de directivos para ordenar transferencias o autorizar operaciones.
- Manipulación de vídeos o audios con declaraciones falsas que afectan a la reputación corporativa.
- Utilización de la imagen o la voz de empleados sin autorización.
- Campañas de desinformación dirigidas contra empresas o marcas.
- Intentos de fraude mediante llamadas o mensajes generados con voces sintéticas prácticamente idénticas a las reales.
En un entorno donde la confianza constituye uno de los principales activos de cualquier organización, este tipo de actuaciones puede generar importantes consecuencias económicas, reputacionales e incluso legales.
¿Qué implicaciones jurídicas pueden tener?
La difusión de un deepfake puede afectar a distintos derechos y dar lugar a responsabilidades en función de las circunstancias de cada caso.
Entre otros aspectos, pueden verse comprometidos:
- El derecho al honor.
- El derecho a la intimidad.
- El derecho a la propia imagen.
- La protección de datos personales.
- La propiedad intelectual, cuando se utilizan contenidos protegidos sin autorización.
- La posible existencia de delitos como la suplantación de identidad, las estafas, las amenazas, las coacciones o las injurias y calumnias, dependiendo del uso concreto realizado.
Cada supuesto requiere un análisis individualizado para determinar las acciones legales que procedan y las posibles responsabilidades de quienes hayan creado, difundido o utilizado el contenido manipulado.
¿Cómo debe actuar una empresa ante un deepfake?
La rapidez de actuación resulta fundamental.
Entre las primeras medidas que habitualmente conviene valorar se encuentran:
- Conservar todas las pruebas disponibles, incluyendo enlaces, capturas y archivos.
- Solicitar la retirada del contenido en las plataformas donde se haya difundido.
- Analizar el posible alcance reputacional y empresarial del incidente.
- Valorar la interposición de las acciones legales oportunas.
- Coordinar la respuesta jurídica con las áreas de comunicación, tecnología y cumplimiento normativo.
Una gestión temprana puede contribuir a limitar tanto la difusión del contenido como los perjuicios derivados del mismo.
La prevención también forma parte de la estrategia empresarial
La aparición de los deepfakes pone de manifiesto que la gestión de riesgos digitales ya no puede limitarse únicamente a cuestiones tecnológicas.
Las organizaciones necesitan incorporar protocolos de actuación, formar a sus equipos para identificar posibles intentos de suplantación y revisar sus procedimientos internos de verificación, especialmente en operaciones sensibles o de elevado impacto económico.
La combinación de medidas tecnológicas, organizativas y jurídicas constituye hoy una herramienta esencial para reducir la exposición a este tipo de amenazas.
Todo apunta a que la evolución de la inteligencia artificial hará que los deepfakes sean cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Por ello, la prevención, la formación y el asesoramiento jurídico especializado adquieren una importancia creciente para empresas y directivos.
Más allá de la tecnología, el verdadero reto consiste en proteger la confianza, la reputación y la seguridad jurídica en un entorno digital donde distinguir entre lo auténtico y lo manipulado resulta cada vez más complejo.
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