Incertidumbre técnica y legal ante la complejidad de la “arquitectura jurídica” de la nueva PAC

Incertidumbre técnica y legal ante la complejidad de la “arquitectura jurídica” de la nueva PAC

  La nueva Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, entendida como el marco regulatorio básico y de referencia del sector que el próximo año entrará en vigor, podríamos decir que va a revolucionar el campo español, habida cuenta de los importantes cambios que se avecinan en cuanto a la gestión, financiación, otorgamiento de ayudas y control de la actividad agraria.

Hace escasos días hemos conocido, a través del ministro de Agricultura, Luis Planas, que es intención del Gobierno presentar el proyecto de Ley para aplicar en España la nueva PAC antes de que finalice el actual periodo de sesiones parlamentaria, en el mes de junio. Se trata de un proyecto legislativo crucial para el sector, dado que supone poner en marcha lo que se ha venido a denominar la “nueva arquitectura jurídica” de la PAC, y que los Estados Miembros de la UE deberán aplicar entre 2023 y 2027.

Esta futura Ley, junto con la tramitación de dieciocho reales decretos que se prevé aprobar antes de que finalice el año, hace que el sector afronte, con motivo, un periodo de notable incertidumbre sobre las implicaciones jurídicas que tendrá el ejercicio profesional agrario a partir del 1 de enero de 2023.

La seguridad jurídica es fundamental para poder llevar a cabo la actividad profesional por parte de los productores con plenas garantías, pero, considerando que la reforma de la PAC implica numerosos cambios, sobre todo en el modo de entender la gestión de la propia actividad agraria, es indudable que se avecina un periodo donde contar con el apoyo experto es una premisa fundamental, como el que podemos brindar a través de Acountax Agro.

Ya tenemos algunos antecedentes de por dónde van a ir los tiros, en cuanto a algunas normas que entrarán próximamente en vigor, dado que en abril se llevó a cabo el periodo de consulta pública de seis reales decretos que permitirán aplicar la modificación de la PAC.

Seis reales decretos para la aplicación de la PAC 2023-2027

El primero de ellos versa sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y para el desarrollo rural en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Esta norma establecerá las disposiciones de aplicación de ambos tipos de intervenciones, que conforman una parte fundamental del Plan.

En el segundo Real Decreto se abordará la regulación de la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC y de los Fondos Europeos Agrícolas de Garantía Agraria (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que establecerá la estructura administrativa y los procedimientos que permitirán la correcta gobernanza y ejecución del Plan. El tercero de los Reales Decretos sometido a consulta pública se centra en los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común, que regulará los principios de una de las intervenciones más importantes del Plan en cuanto al apoyo directo que presta a agricultores y ganaderos.

Por su parte, el cuarto Real Decreto está destinado a la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

Finalmente, el quinto Real Decreto se centra en la gestión y controles de las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, que asegurará el uso correcto y eficiente de los fondos comunitarios, y el sexto de los decretos sometidos a consulta trata las penalizaciones de las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, que establecerá criterios para penalizar posibles incumplimientos de las condiciones que dan acceso a las ayudas.

Adicionalmente, el Ministerio ha llevado a cabo en mayo el procedimiento de consulta pública de otros tres reales decretos, en este caso de carácter sectorial, relativos a la intervención el sector vitivinícola, en el sector de frutas y hortalizas, y en el sector apícola.

Así, el Real Decreto sobre la intervención en el sector vitivinícola español permitirá a los viticultores y bodegas acceder a las ayudas de la Intervención Sectorial Vitivinícola, para facilitar su adaptación a las nuevas exigencias medioambientales y a las medidas para paliar los efectos del cambio climático, que forman parte de los objetivos estratégicos de la nueva PAC. El Real Decreto por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones permitirá canalizar los fondos comunitarios, a través de estas organizaciones, mediante la adaptación de las intervenciones a las nuevas exigencias de la reglamentación desarrollada en el marco de la reforma de la PAC.

Acciones Subvencionables del sector Apícola

Mientras, el Real Decreto sobre el sector apícola establecerá las intervenciones que podrán desarrollarse a través de las acciones subvencionables establecidas para atender los principales problemas y retos detectados en el sector, tras llevar a cabo un análisis de su situación. Se establecen también los criterios para ser beneficiario y las disposiciones para la gestión y control de las ayudas.

Además de la complejidad regulatoria que se avecina, tampoco debemos obviar el desarrollo que las comunidades autónomas hagan de la normativa del Estado. En este sentido, habrá que estar especialmente atentos a posibles problemas que podrían darse de carácter competencial en relación a todo lo relativo al desarrollo rural en donde las autonomías tienen nítidas competencias y dudas en relación al primer pilar de la PAC dependiendo del “grado de ambición normativa” del Estado.

Paralelamente, también cabe recordar que cada Estado miembro de la UE debe elaborar un Plan Estratégico de la PAC, donde plasmar las intervenciones o medidas que se someterá a la aprobación de la Comisión, y a un seguimiento y evaluación continuos para garantizar la obtención de resultados. Estos desarrollos normativos derivados de la nueva PAC persiguen, entre otros objetivos, contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo; promover un trato más equitativo mediante una mejor orientación de las ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones; así como dar una respuesta equilibrada a las necesidades económicas, sociales y medioambientales del sector agrario y medio rural.

En este marco, el Ministerio de Agricultura ya remitió en abril a la Comisión Europea sus observaciones de cara a la formulación de la versión final del plan para la aplicación la PAC en España. Sabemos que es intención del Gobierno que el plan estratégico refleje con precisión la integración de las medidas relativas a las ayudas directas (primer pilar) con las propuestas de intervención de desarrollo rural (segundo pilar) en las distintas comunidades autónomas, así como las actuaciones financiadas con los fondos europeos Next Generation.

Por su parte, las organizaciones agrarias han trasladado durante los últimos meses que la futura normativa genera dudas y temores al sector, especialmente en lo referente al nuevo sistema de información de explotaciones agrícolas, el proceso de digitalización que conllevará, así como en relación a la confidencialidad de datos y al uso que la Administración pueda hacer de ellos. En este sentido, el Real Decreto que regule el sistema de información de explotaciones junto con el que regule las organizaciones de productores podrían ser los más sensibles desde un punto de vista jurídico.

Además, no debemos olvidar tampoco algunas voces que sugieren una demora en la entrada en vigor de la nueva PAC. Lo cierto es que la Comisión de Agricultura de la Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que examine posibles excepciones temporales a la PAC para combatir la crisis agroalimentaria derivada por el conflicto bélico en Ucrania.

En definitiva, el panorama es un auténtico reto para el sector. Estas noticias no hacen más que sembrar nuevas dudas y motivos de incertidumbre.

Ante la incertidumbre técnica y legal que se deriva del nuevo marco reglamentario, todo apunta a que la nueva PAC obligará a las explotaciones a tener apoyo técnico experto que les asesore para evitar sanciones y también asesoramiento jurídico en materia de cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias, infracciones y sanciones que se contemplaran en la futura nueva Ley que regule el sistema de gestión de la PAC.

Nosotros, en nuestro papel de apoyo a los productores, estaremos atentos para seguir asesorando lo más eficazmente posible al sector, a través de la nueva plataforma que ha creado Acountax Madrid bajo la marca Acountax Agro, con objeto de poder dilucidar claramente cuándo y cómo será la implementación final de la PAC.

Más información aquí