Fin de ciclo o punto y seguido: las reformas estructurales ante el 29N

El próximo 29 de noviembre, los ciudadanos no solo estamos llamados a elegir un nuevo gobierno, sino que se somete a veredicto popular la vigencia o no del modelo productivo, regulatorio y fiscal implantado en las últimas legislaturas, y también el modelo de Estado al que el Gobierno nos lleva, cada vez menos vertebrado, todopoderoso, autoritario y sin contrapesos entre las instituciones que garanticen la salud democrática.

Tras un periodo caracterizado por una profunda ideologizada intervención pública, la economía nacional hoy se enfrenta a una encrucijada existencial. El dilema radica en consolidar el rumbo actual de tracción estatal o bien forzar un viraje estratégico hacia una economía de oferta, que priorice el alivio fiscal, la desregulación, la confianza empresarial y el fortalecimiento de las instituciones dentro del modelo de convivencia democrática diseñado por el constituyente en 1978.

Este examen al modelo actual se produce en un momento en que los motores macroeconómicos muestran signos de fatiga. Si bien se presume por unos de que el país registra tasas de crecimiento del PIB superiores a la media de la eurozona, es incontestable que arrastra desequilibrios estructurales crónicos y crecientes. La reactivación de las reglas fiscales por parte de la Comisión Europea, la volatilidad inflacionaria y el estancamiento de la productividad real, entre otros, limitan drásticamente la capacidad de acción de cualquier gobierno que salga de las urnas.

Ante este escenario, la precampaña electoral ha consolidado la polarización de las propuestas macroeconómicas en dos bloques nítidos, cuyas recetas para abordar el futuro productivo son radicalmente opuestas:

  • Un modelo de continuidad: fundamenta el crecimiento en el impulso creciente del sector público mediante un objetivo, hasta hoy fracasado, de redistribución de la renta (viendo los indicadores de pobreza), tendente a un teórico fortalecimiento del estado del bienestar y con un gasto expansivo muy por encima de nuestras capacidades reales. La intervención regulatoria en sectores estratégicos (vivienda o banca) y la indexación estricta de las pensiones al IPC pretenden actuar, sin mucho éxito, como escudo protector de las clases medias y bajas. Este “modelo” confía la modernización industrial a una transición ecológica acelerada y fuertemente tutelada por la administración, utilizando los fondos comunitarios que hasta ahora no han sido ni optimizados ni adecuadamente gastados.
  • Un modelo de cambio: propone una reorientación pausada basada en los estímulos eficaces a la inversión privada y la competitividad empresarial, con seguridad jurídica y previsibilidad en las decisiones estratégicas. Sostiene que la riqueza productiva y el bienestar social lo generan las empresas y las familias, lo que supone que el Estado debe reducir su tamaño y el desmesurado gasto político, así como rebajar progresivamente la presión fiscal. Igualmente, supone flexibilizar las trabas burocráticas, y reglamentarias, incentivar la oferta productiva y pautar de manera racional las transiciones sectoriales, sin penalizar la viabilidad de nuestro tejido industrial.

Por su parte, este debate técnico y también profundamente ideológico, entre la continuidad o el cambio de ciclo, se materializa básicamente entorno a cinco áreas:

En primer lugar, en lo que respecta a la fiscalidad, el bloque gubernamental actual, de mantenerse, defiende la permanencia y creación de figuras tributarias excepcionales —como los gravámenes sobre la banca, el patrimonio y las energéticas— y busca incrementar la progresividad en el IRPF y Sociedades para sostener e incluso incrementar el ritmo de gasto actual. Por contra, la posible alternativa de gobierno sitúa la reforma fiscal como eje de competitividad y crecimiento económico. Sus compromisos, entre otros, contemplan deflactar la tarifa del IRPF frente a la inflación, suprimir o bonificar al 100% los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio, y aplicar amortizaciones aceleradas para empresas inversoras. La reducción del déficit se buscaría mediante la reducción drástica del gasto político, pero no mediante una mayor presión impositiva a las clases medias y bajas, a empresarios y autónomos.

En materia laboral y pensiones, como una segunda gran área, mientras la continuidad pretende reducir más la jornada laboral y encarecer el despido, sin pensar en la productividad, las propuestas de cambio abogan por una mayor flexibilidad en la contratación o una reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. En materia de clases pasivas, todos garantizan la indexación de las pensiones al IPC, pero todos tendrán que sentarse antes o después para garantizar su futuro a largo plazo con realismo.

Como tercer asunto, referido a la vivienda y de la regulación de mercados, frente a los que han apostado por el control e intervención de precios de los alquileres y la limitación de desahucios, medidas que los inversores y pequeños propietarios señalan como causantes de inseguridad jurídica y la drástica desaparición de pisos en el mercado; el plan económico alternativo propone un giro profundo basado en el estímulo de la oferta mediante la movilización de suelo público, la agilización de licencias urbanísticas, la lucha eficaz contra la ocupación ilegal y la concesión de avales públicos para facilitar el acceso al crédito hipotecario de los jóvenes.

En cuarto término, referido a la transición Energética e industrial, el modelo actual trata de liderar las directrices verdes de la Unión Europea propiciando una reconversión urgente, penalizando fiscalmente los combustibles fósiles sin reparar en los daños que puede producir en el corto y medio plazo. El modelo alternativo defiende una transición pausada y tecnológica, supeditada a que la industria española no pierda competitividad. Esto implica, entre otras cosas, revisar los calendarios de cierre de las centrales nucleares y suprimir cargas burocráticas que paralizan proyectos de inversión de gran envergadura.

Finalmente, en cuanto a lo que es el sector público y cúpulas empresariales, durante los últimos años, el Estado ha expandido su presencia en el accionariado de cotizadas estratégicas (Telefónica, Indra, Aena) situando a perfiles políticamente afines en sus presidencias. Un relevo ejecutivo implicaría la despolitización inmediata de estas cúpulas directivas para restaurar la ortodoxia mercantil y económica en el gobierno corporativo. Asimismo, la alternativa plantea aprovechar las jubilaciones en el sector público para acometer una reestructuración de las plantillas de la administración.

En todo caso, independientemente del vencedor del 29-N, el Ejecutivo entrante, se topará con tres realidades materiales inevitables: el retorno a la disciplina de Bruselas y las nuevas reglas fiscales de la UE; la ejecución correcta de los Fondos NextGenerationEU y el riesgo cierto de consolidar una convergencia a la baja con la OCDE si seguimos con el mismo modelo de crecimiento apoyado en las subvenciones, el empleo público y sectores de bajo valor añadido.

La próxima cita electoral representa un plebiscito sobre el modelo de Estado y sobre el papel de éste en la economía del futuro y, también, sobre si se consideran agotadas o no las políticas de los últimos años. Al final, la profundidad real del cambio de ciclo, si se produce, vendrá delimitada, por la tiranía de los datos y los compromisos internacionales, que actuarán como poderosos condicionantes frente a cualquier giro de timón.

Manuel Lamela Fernández, Fundador y Presidente Ejecutivo

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