La condición de Ceuta como frontera terrestre de la Unión Europea en el continente africano impone una dinámica económica sin parangón en el resto del territorio español. Mientras las autonomías de la península debaten el reparto de fondos en función del envejecimiento poblacional o la dispersión territorial, la Ciudad Autónoma de Ceuta se enfrenta a una presión presupuestaria estructural derivada de la atención a los flujos migratorios irregulares, especialmente en lo tocante a los menores no acompañados.
El nudo gordiano de las cuentas ceutíes radica en la asunción de competencias en materia de protección de menores. A diferencia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes dependiente del Estado, la guarda y tutela legal de los menores que acceden solos a la ciudad recae sobre el gobierno autonómico. Las partidas destinadas a estos centros se desbordan con frecuencia cuando el flujo migratorio registra picos asistenciales (no invasiones, como la de este pasado verano).
Ceuta carece del pulmón financiero necesario para absorber estos “imprevistos” sin comprometer otros servicios públicos. Ello obliga al Ejecutivo central a articular inyecciones de fondos adicionales de contingencia; como la habilitación de partidas de emergencia de 25 millones de euros a través de las Conferencias Sectoriales de Infancia.
El problema es que cada euro comprometido en la contención de una emergencia social recurrente es un euro que deja de invertirse en la fundamental reconversión económica que la ciudad de Ceuta demanda, tras el fin de lo que fue el “comercio transfronterizo”.
Ceuta se encuentra en pleno proceso de transición hacia una economía moderna basada en servicios digitales (con incentivos fiscales para empresas de tecnología y juego online) y el desarrollo de su puerto logístico. Sin embargo, la persistencia de una crisis presupuestaria latente resta estabilidad a las finanzas públicas y condiciona la capacidad de atracción de inversión privada.
El debate periodístico y político sobre Ceuta no puede limitarse a la cuantía de los fondos de rescate asignados puntualmente tras un repunte en la frontera. La cuestión de fondo es doble, de una parte, impedir, con ayuda del Estado, flujos migratorios irregulares y descontrolados, y de otra, la urgente necesidad de dotar a la ciudad autónoma de un mecanismo financiero estable dentro del Sistema de Financiación Autonómica o, quizás, mediante un estatuto fiscal y financiero específico que atienda su compleja realidad.
Sin una financiación estructural estable que blinde el gasto asistencial ante la imprevisibilidad migratoria, el presupuesto ceutí continuará atrapado entre la obligación legal y moral de auxilio humanitario y la asfixia de sus cuentas públicas en detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos.
En este complejo escenario, se atisba un otoño de máxima tensión. El Ministerio de Hacienda logró aprobar el pasado 4 de septiembre, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su reforma, a la medida de Cataluña, del modelo de financiación autonómica que pretende entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el “éxito” que una vez más vende Ejecutivo en este órgano técnico es un nuevo intento de engaño a la opinión pública. La votación prosperó gracias al voto decisivo del propio Ministerio y al único apoyo de Cataluña y Canarias. Frente a ellos, doce comunidades autónomas votaron en contra, más la Comunidad de Madrid que no acudió la reunión, anticipando una tormentosa tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados donde, hoy por hoy, la aprobación es altamente improbable.
El nuevo esquema diseñado por el Gobierno, que ya comentamos en un artículo anterior, busca renovar un sistema caducado desde 2014 mediante una inyección financiera, sin duda alta, pero pesimamente orientada y repartida. El Estado aportará 20.975 millones de euros adicionales al año al sistema global y elevará la capacidad tributaria de las regiones: la cesión del IRPF pasará del 50% al 55%, mientras que el IVA escalará del 50% al 56,5%. Para calmar los recelos de los territorios con menores recursos, se introduce un mecanismo de nivelación dotado con 19.000 millones de euros.
A pesar de estas cifras, la reunión evidenció una profunda fractura ideológica y regional, donde las autonomías del PP y las socialistas de Castilla-La Mancha o Asturias criticaron un reparto que consideran insolidario. Esta desconexión entre la propuesta estatal y las realidades periféricas se vio especialmente en la postura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que sumó su voto en contra en el Consejo. Para el ejecutivo ceutí, los nuevos criterios de población ajustada —diseñados para ponderar el envejecimiento o la dispersión— resultan del todo insuficientes.
Tardíamente, consciente de los efectos de la última invasión emigratoria, el Gobierno central ha aprobado un Real Decreto-ley con un Plan de Choque de 309 millones de euros destinados específicamente a Ceuta. Esta inyección extraordinaria, que representa cerca del 16% de su PIB, funcionará, en la práctica, como un sostén económico temporal de la región.
Dentro de este debate global, el caso de Ceuta evidencia, una vez más, el empleo de parches normativos y económicos de urgencia ante la incapacidad de fraguar un consenso global justo y solidario con todos los territorios. Desde el gobierno ceutí insisten en que estas ayudas coyunturales no sustituyen la necesidad de un sistema de financiación autonómica justo, acusando al Gobierno de perpetuar su modelo infrafinanciación estructural en favor de acuerdos bilaterales previos con el independentismo catalán.
El verdadero examen para el Ejecutivo comenzará ahora en el Congreso, donde se requiere mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Con el «no» garantizado del PP, Vox, las ciudades autónomas y fuerzas como el BNG, el Gobierno depende nuevamente de unos socios de investidura profundamente divididos. La paradoja es que el principal obstáculo proviene de Cataluña: Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad al considerar el proyecto un «café para todos» que diluye el concierto económico exclusivo que exigen para la Generalitat.
Manuel Lamela Fernández, Fundador y Presidente Ejecutivo
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