Jornada “Retos y oportunidades de la futura Ley de Agricultura Familiar”
Manuel Lamela, presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario del ICAM y Socio Director de Acountax Madrid, ha destacado que la futura ley debe ser lo suficientemente ambiciosa para “garantizar la viabilidad de las explotaciones familiares”. Lamela ha recordado que el Ministerio de Agricultura puso en marcha el pasado mes de abril el proceso de consulta pública para recabar opinión y comentarios de cara a su elaboración y posterior aprobación de una norma que debe contribuir a actualizar el marco normativo actual, dado que la única referencia legal del sector es la Ley de Modernización de Explotaciones agrarias, que data del año 1995.
En España, de las más de 914.000 explotaciones agrarias registradas, más del 80% son de carácter familiar. En virtud de ello, según subrayó nuestro Socio Director, este tipo de explotaciones desempeña un papel crucial en la economía rural de nuestro país”.
Sin embargo, el modelo actual de agricultura familiar afronta grandes amenazas y problemáticas que dificultan su presente y su futuro. Por ese motivo, según Lamela, el futuro texto normativo deberá dotar de seguridad jurídica a esta rama de actividad, con el objetivo de evitar incertidumbres sobre el futuro del sector, a la par que se dé un impulso al relevo generacional, habida cuenta que el envejecimiento de la población agraria es una realidad.
En este sentido, cabe señalar que, en la actualidad, el 41% de los agricultores tienen más de 65 años, mientras que solo el 8% tiene menos de 40 años. Esta falta de relevo generacional amenaza la continuidad de muchas explotaciones, especialmente las más pequeñas. Por ese motivo, es crucial implementar políticas que apoyen a estas explotaciones y fomenten la incorporación de jóvenes para asegurar su viabilidad futura.
Para afrontar todo ello, “es imprescindible garantizar la viabilidad de las explotaciones y adoptar modelos más sostenibles de producción, algo a lo que deberá contribuir la futura norma nacional sobre agricultura familiar”, señaló Manuel Lamela.
Con objeto de propiciar un texto normativo consensuado y adaptado a las necesidades del sector, Manuel Lamela ha anunciado el ofrecimiento del ICAM, a través de su Sección de Derecho Agroalimentario, de ser un apoyo constructivo en la configuración de los contenidos de la nueva ley.
Por su parte, Jorge Fraile, responsable del departamento jurídico de COAG, ha afirmado que estamos en un momento crucial “para reconocer y proteger el modelo mayoritario de agricultura que existe en España”.
Según ha subrayado Jorge Fraile, los retos de la nueva normativa pasan por definir adecuadamente el concepto actual de agricultura familiar, así como garantizar la viabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y la digitalización.
Igualmente, ha subrayado que se debe atender a un modelo que “genere empleo, incentive la economía del territorio rural y preserve el medio ambiente y la biodiversidad”, siendo pilares fundamentales de la futura norma: las medidas de apoyo carácter fiscal, garantizar el acceso a la tierra, bonificaciones en el aseguramiento agrario, la formación o la visibilizarían de las mujeres agricultoras y ganaderas, entre otros.
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