Muchos nos hemos despertado hoy con nuevas noticias sobre ciberataques que afectan a grandes compañías y que vuelven a poner en evidencia la creciente exposición de datos personales. A comienzos de año fue Endesa quien informó de un acceso no autorizado a sus bases de datos, con la consiguiente extracción de información de sus clientes. En el día de ayer, la cadena de gimnasios de bajo coste Basic-Fit (noticia) comunicaba a sus usuarios que un ciberataque podría haber comprometido tanto datos de contacto como información bancaria de clientes en toda Europa. A ello se suma el caso de Booking.com, que ha reconocido haber detectado actividad sospechosa que habría permitido el acceso no autorizado a datos asociados a reservas —incluyendo nombres, direcciones, correos electrónicos o teléfonos—, lo que ha llevado a la compañía a advertir directamente a sus usuarios.
Sin embargo, más allá del impacto inmediato, el verdadero cambio no está en el acceso a la información, sino en la forma en que esa información se utiliza. Porque el riesgo ya no reside únicamente en que alguien acceda a los datos, sino en lo que puede hacer con ellos.
De la información aislada al perfil completo
Las brechas de seguridad actuales no exponen únicamente datos personales en sentido estricto. Lo que se compromete es, en la práctica, un conjunto de información que permite reconstruir con precisión la actividad de una persona o de una organización.
A los datos identificativos tradicionales —nombre, correo electrónico o teléfono— se suman elementos que aportan contexto y valor:
- los hábitos de consumo, que permiten anticipar comportamientos;
- las reservas realizadas, que reflejan decisiones concretas;
- los contratos y relaciones comerciales, que identifican proveedores, clientes o vínculos activos.
La agregación de estos datos transforma una base de información en un perfil completo, utilizable para fines fraudulentos con un alto grado de eficacia.
Actuar ante un fraude informático
Un crecimiento sostenido desde 2020
Esta evolución no es puntual, sino estructural.
Desde 2020, coincidiendo con la aceleración digital, los delitos informáticos han seguido una tendencia de crecimiento constante. Hoy, en España, uno de cada cuatro delitos ya se comete en internet, y más del 80% de las estafas tienen origen digital.
El incremento no es solo cuantitativo. En 2025, los incidentes gestionados por organismos especializados crecieron en torno a un 26%, consolidando una tendencia al alza sostenida en los últimos años. El fraude online representa ya cerca del 43% de los incidentes de ciberseguridad, siendo el phishing la principal vía de ataque.
Pero el dato más relevante es cualitativo: los ataques son cada vez más sofisticados.
A nivel global, los intentos de phishing han experimentado crecimientos exponenciales —superiores al 1.000% en determinados contextos—, impulsados por el uso de inteligencia artificial y por la disponibilidad de datos cada vez más precisos. La interacción de los usuarios con estos ataques también ha aumentado de forma significativa, reflejando su creciente credibilidad.
En paralelo, en Europa los ciberataques siguen creciendo a ritmos sostenidos, con incrementos anuales cercanos al 12%, consolidando un escenario en el que la amenaza ya no es excepcional, sino estructural.
Del fraude masivo al fraude creíble
Este contexto ha transformado la naturaleza del fraude. El modelo tradicional, basado en ataques masivos y fácilmente identificables, ha sido sustituido por operaciones dirigidas, construidas sobre datos reales. El resultado es un fraude que reproduce situaciones verosímiles: comunicaciones que incorporan referencias a reservas, contratos o relaciones comerciales existentes.
La consecuencia es clara:
la frontera entre lo legítimo y lo fraudulento se vuelve cada vez más difusa.
Y con ello, el margen de error, tanto para empresas como para particulares, se reduce de forma significativa.
Implicaciones jurídicas en un entorno más complejo
Este cambio tiene un impacto directo en el ámbito jurídico.
El fraude digital se sitúa hoy en la intersección de varias áreas:
- el derecho penal, en relación con las estafas informáticas y la suplantación de identidad;
- la responsabilidad civil, en la reparación de los daños causados;
- la normativa de protección de datos, en la gestión de brechas de seguridad;
- y el ámbito financiero, en la determinación de responsabilidades frente a operaciones fraudulentas.
En este escenario, surgen cuestiones cada vez más frecuentes: quién responde, en qué medida y bajo qué criterios, en situaciones donde intervienen múltiples actores y donde la trazabilidad del fraude resulta compleja.
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Empresas: gestión del riesgo en un entorno expuesto
Las empresas no solo son objetivo de los ataques, sino también un elemento crítico en la cadena del fraude.
La gestión de datos personales, la protección de la información comercial y la seguridad de las comunicaciones internas adquieren un papel central. Pero más allá de la dimensión tecnológica, la clave está en la anticipación.
Reducir la exposición de datos, revisar accesos, formar a los equipos y definir protocolos de actuación inmediata son medidas necesarias. Sin embargo, su eficacia depende de la existencia de una estrategia jurídica que permita actuar con rapidez y coherencia desde el primer momento.
Particulares: la importancia de la reacción
Para los usuarios, el cambio es igualmente significativo.
La amenaza ya no reside en comunicaciones claramente fraudulentas, sino en mensajes que reproducen con precisión situaciones reales. Por ello, la prudencia debe aplicarse incluso cuando todo parece legítimo.
Verificar los canales, evitar operar desde enlaces recibidos y controlar de forma activa los movimientos financieros son prácticas esenciales. Pero, sobre todo, resulta determinante actuar con rapidez ante cualquier indicio de fraude.
Un escenario que exige anticipación
El fraude digital ha evolucionado hacia un modelo más sofisticado, apoyado en el uso inteligente de la información disponible. Esta evolución ha superado, en muchos casos, la capacidad de respuesta de empresas y particulares. Por ello, el enfoque ya no puede ser exclusivamente reactivo. Anticipar riesgos, limitar su impacto y articular una defensa jurídica adecuada desde el inicio se convierte en una necesidad.
Los datos ya no son únicamente información. Son contexto, comportamiento y oportunidad.
Y en un entorno donde cada vez es más habitual despertarse con noticias de este tipo, la diferencia no está en evitar que ocurran —porque seguirán ocurriendo—, sino en cómo se gestionan sus consecuencias. Porque cuando el fraude deja de ser evidente y pasa a ser creíble, la protección ya no puede ser solo tecnológica. Debe ser, necesariamente, jurídica.
Si estás —o crees estar— en una situación de este tipo, ya seas empresa o particular, en Acountax ofrecemos un asesoramiento especializado en delitos económicos y fraude digital, con un enfoque orientado a la actuación inmediata y la defensa eficaz desde el primer momento
Asesoramiento inmediato para empresas y particulares
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