A lo largo de las últimas dos décadas, la estrategia del fisco ha sido especialmente agresiva con rostros conocidos, utilizándolos como una medida «ejemplarizante» para concienciar al resto de los ciudadanos.
Los casos más mediáticos se podrían dividir en dos grupos: Los que plantaron cara y ganaron a Hacienda y los que pactaron para evitar males mayores. Entre los primeros tenemos el reciente caso de Shakira que, aunque en 2024 pactó una multa millonaria para evitar la prisión por unos ejercicios fiscales, posteriormente la Audiencia Nacional ha anulado, por completo, otras liquidaciones y sanciones administrativas que le exigía la Agencia Tributaria correspondientes al año 2011, junto con otros, en la mente de todos como Xabi Alonso que se convirtió en el gran emblema de la resistencia contra el fisco. Hacienda le pedía años de cárcel por sus derechos de imagen, pero el exfutbolista se negó a pactar y el Tribunal Supremo ratificó su absolución definitiva, sumando varias victorias judiciales contra la Agencia Tributaria.
También están en la mente de todos, Ana Duato, deportistas del motor (Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Sito Pons) o Gerard Piqué, Andrés Iniesta o María Teresa Campos que logró demostrar en los tribunales que la creación de su sociedad empresarial era legal y no una simulación para defraudar.
Por otro lado, para evitar juicios largos o el riesgo de entrar en prisión, muchas otras celebridades prefirieron admitir el fraude, pagar multas astronómicas o aceptar penas menores de cárcel (que no implican el ingreso si no se tienen antecedentes). Recordamos de manera también reciente a Imanol Arias, a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi. Los dos astros del fútbol mundial marcaron una época de inspecciones masivas a futbolistas. Ambos terminaron pagando multas multimillonarias y aceptando penas de prisión de varios meses (sustituidas por multas económicas) por la gestión opaca de sus derechos de imagen a través de sociedades pantallas.
Lola Flores y Montserrat Caballé fueron, sin duda los precedentes históricos de este tipo de “casos”. «La Faraona» fue juzgada en los años 90 en uno de los primeros casos ultra-mediáticos y Montserrat Caballé, por su parte, aceptó en su día una condena de seis meses de prisión y una multa tras admitir que defraudó medio millón de euros simulando vivir en Andorra.
Estos antecedentes y el aludido histórico revés judicial de la Audiencia Nacional contra la Agencia Tributaria en relación con Shakira, plantea nuevamente la necesidad de un debate urgente sobre la innecesaria agresividad inspectora en estos y en otros temas y sobre la inseguridad jurídica que ello conlleva, junto con el coste económico que pagan los contribuyentes y el deterioro de la imagen de la Hacienda Pública por la «caza mayor» de las grandes fortunas.
Durante casi una década, el nombre de Shakira estuvo indisolublemente ligado en los titulares de prensa a las palabras «fraude», «evasión» y «paraíso fiscal». El relato construido por la maquinaria de la Agencia Tributaria española era una vez más demoledor: una estrella de la música global que se mudaba a Barcelona , pero que presuntamente ocultaba sus millonarios ingresos a través de un entramado societario opaco para evitar contribuir a las arcas públicas del país donde residía para evitar la cárcel pacto pero en el ejercicio 2011, en donde este “riesgo no existía”, permitió a la cantante litigar hasta el final obteniendo una reciente y contundente sentencia de la Audiencia Nacional que ha dado un vuelco absoluto a la “narrativa oficial”.
El tribunal no solo ha dado la razón a la cantante en su litigio por el ejercicio fiscal de 2011, sino que ha obligado al Estado a devolverle unos 60 millones de imponiendo, además, las costas procesales a la Administración.
Este fallo es, a mi juicio, una enmienda a la totalidad de una estrategia inspectora que debería revisarse por las autoridades de la AEAT y que, a menudo, confunde el afán recaudatorio con la certeza legal procurando un inmenso e innecesario coste reputacional y financiero que asumen los Estados cuando el rigor y la seguridad jurídica cede ante la tentación de «caza mayor» mediática, sin el rigor necesario y sin calibrar consecuencias.
Para desgranar brevemente el núcleo jurídico del caso, diremos que la ley del IRPF establece un criterio cuantitativo objetivo: si un ciudadano permanece en territorio español más de 183 días durante un año natural, se convierte automáticamente en residente fiscal. Esto implica la obligación de tributar en el país por su «renta mundial», es decir, por cada euro que gane en cualquier rincón del planeta.
El problema surge con el concepto de las «ausencias esporádicas». Según la interpretación tradicional de la Agencia Tributaria, si un individuo pasa menos de 183 días en España, pero sus viajes al extranjero son puntuales (vacaciones, giras, negocios efímeros), esos días fuera se computan como si hubiese estado dentro del país, a menos que el contribuyente demuestre que es residente fiscal en otra jurisdicción.
En el año clave de 2011, la inspección admitió que Shakira pasó únicamente 163 días físicos en suelo español, claramente por debajo del umbral legal. Sin embargo, Hacienda pretendía sumar a ese cómputo los días en que la artista estuvo fuera de España realizando una gira mundial, que incluyó más de cien conciertos en decenas de países.
La Audiencia Nacional ha destrozado esta tesis con una argumentación jurídica impecable. El tribunal recuerda un principio general del derecho que la Administración tiende a olvidar: la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Si el contribuyente no alcanza los 183 días físicos, Hacienda no puede operar bajo «presunciones» o conjeturas. Debe demostrar de forma fehaciente que el centro de la actividad económica se encuentra en España.
Más allá de las cifras concretas, el caso Shakira actúa como un síntoma de un problema mucho mayor que afecta a la competitividad económica de un país y sobre el que muchas veces hemos hablado ya: la inseguridad jurídica.
El capital, por definición, es adverso al riesgo institucional. Las grandes fortunas, los inversores internacionales, los creadores de tecnología y los nómadas digitales de alto valor no solo buscan jurisdicciones con tipos impositivos atractivos; buscan, por encima de todo, reglas del juego claras, estables y predecibles. Si un inversor sabe que, a pesar de cumplir escrupulosamente con la regla de los 183 días, un inspector de Hacienda puede interpretar sus billetes de avión a su antojo y reclamarle la mitad de su riqueza mundial, el territorio se vuelve fiscalmente «tóxico».
Este agresivo enfoque genera además pérdida de tracción de talento, desvío de capitales hacia países próximos competidores y un claro balance neto negativo. Además, desde un punto de vista ético, es grave y lamentable que el uso del derecho penal y la exposición mediática («la pena de telediario») se hayan convertido, de facto, en herramientas de negociación económica para la Administración tributaria.
El contraste entre las dos estrategias de Shakira es revelador. En la vía penal, donde se jugaba su libertad física y la tranquilidad de sus hijos, la artista se vio obligada a pactar y declararse culpable, asumiendo un daño reputacional irreversible. En cambio, en la vía contencioso-administrativa, donde el riesgo era puramente financiero y las garantías procesales operan con mayor neutralidad técnica, decidió batallarse hasta el final.
Esta dualidad expone una realidad incómoda del sistema: ¿Cuántos contribuyentes de perfil medio o alto, sin la musculatura financiera ni el aguante psicológico de una estrella del pop, terminan claudicando y pagando liquidaciones que consideran profundamente injustas ante el temor reverencial de ser arrastrados a un proceso penal? La asimetría de poder entre el ciudadano y la maquinaria del Estado es colosal, y cuando el derecho penal se utiliza como un ariete de recaudación exprés, se resienten los cimientos del Estado de derecho.
La sentencia de la Audiencia Nacional a favor de Shakira no debe interpretarse como una patente de corso para que las grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales pero la persecución del fraude no puede construirse sobre la base de la arbitrariedad, la caza de brujas mediática o el retorcimiento de la letra de la ley del Reglamento para cuadrar objetivos de recaudación.
La gran lección que deja este caso es que la legitimidad del sistema fiscal no solo se mide por cuánto recauda, sino por cómo lo recauda. Respetar las reglas del juego y la presunción de inocencia del contribuyente por encima de todo y hasta el final, no es un favor, es una obligación que debe de formar parte esencial del código ético y de conducta de la inspección de hacienda y de la AEAT.
Manuel Lamela Fernández, Presidente Ejecutivo
¿Dudas sobre su caso? Escríbanos y le orientamos.
Puede ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos a clientes@acountax.es, llamándonos de forma gratuita al 900 264 785 o rellenando el siguiente formulario de contacto que ponemos a su disposición. Le responderemos en menos de 24 horas.