Un ritual clásico de la política nacional se da cuando, en la sala de prensa del Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda comparece para anunciar una cifra deslumbrante: “el mayor techo de gasto de la historia del país”. Más de 226.000 millones de euros destinados, según el relato oficial, a blindar el Estado del bienestar, expandir las inversiones en vivienda, impulsar la transición digital y consolidar el crecimiento económico. Se trata de un despliegue de aparente músculo financiero que busca distraer la atención del carrusel de la corrupción que afecta al Gobierno y al partido que le sustenta, y transmitir una falsa imagen de potencia, estabilidad y dirección estratégica audaz.
Sin embargo, apenas unas horas después, la cruda aritmética matemática del Congreso de los Diputados impondrá su propia realidad. Detrás del gran titular del gasto récord no hay un plan económico viable ni unos consensos básicos; hay un movimiento de ajedrez estrictamente político. El Gobierno presenta estos objetivos macroeconómicos sabiendo, con una certeza casi absoluta, que no cuenta con los votos necesarios para aprobarlos. Entonces, ¿Qué sentido tiene?
Nos encontramos ante la crónica de un naufragio anunciado, un teatro presupuestario donde las cifras de la contabilidad nacional no se diseñan para ser ejecutadas, sino para ser arrojadas como munición en la guerra del relato público y en la próxima campaña electoral. En este escenario, la viabilidad financiera del Estado se encuentra atrapada sin solución: por un lado, el chantaje permanente y la geometría variable de un bloque de investidura fragmentado y, por el otro, la rebelión abierta de las Comunidades Autónomas, que denuncian desde hace años una asfixia fiscal que parece programada desde Madrid.
Efectivamente, mientras el drama político se apodera de los pasillos de las Cortes en Madrid, a cientos de kilómetros de la capital se libra la segunda batalla, quizás la más determinante desde el punto de vista de la gestión pública real. Las Comunidades Autónomas, que en el modelo descentralizado son las encargadas de financiar y gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales se acaban declarando en rebeldía fiscal.
El núcleo económico del conflicto es el reparto asimétrico de los márgenes de déficit. Cuando la Unión Europea reactiva sus reglas fiscales y exige una senda de consolidación y reducción del endeudamiento, el Ministerio de Hacienda actúa como el embudo del sistema. El Estado tiende a reservarse la mayor parte de la capacidad de gasto y del margen de déficit permitido por Bruselas, dejando a las administraciones regionales unas décimas residuales; un estrecho margen de maniobra que los gobiernos autonómicos consideran una humillación financiera.
Las autonomías denuncian una estrategia deliberada de asfixia: el Gobierno central se apunta el tanto político de anunciar subvenciones, becas y subsidios estatales con un techo de gasto histórico, pero obliga a las autonomías a aplicar la austeridad en los quirófanos y en las aulas para cumplir con los objetivos de déficit globales.
Esta desconexión financiera ha provocado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se convierta en un campo de batalla. Las Comunidades Autónomas de la oposición prefieren forzar la caída del techo de gasto, antes que legitimar un reparto del dinero que consideran profundamente injusto y diseñado para centralizar los recursos en manos del Ejecutivo central. Además, la mayoría del PP en el Senado, hace que esto sea posible.
¿Qué sucede cuando estas dos fuerzas —la pinza parlamentaria y la territorial— terminan por demoler el techo de gasto? La respuesta no es el colapso inmediato del Estado, sino algo mucho más sutil y pernicioso: la permanencia en la era de la “prórroga perpetua”, eso si… por culpa de “otros”.
Gobernar con unos presupuestos prorrogados del año anterior era, en el pasado, un síntoma inequívoco de debilidad extrema, el preámbulo casi obligado de un adelanto electoral. Así lo es en las democracias occidentales y en la UE. Hoy, sin embargo, en España, se ha transformado en una técnica de supervivencia y en una forma consciente de gestionar la economía nacional, renunciando a la planificación económica y fiscal a largo plazo y a la sostenibilidad real de las cuentas públicas.
Esto tiene costes económicos profundos, pero invisibles para el público. Una prórroga presupuestaria significa que el dinero público sigue fluyendo para pagar las nóminas de los funcionarios o las pensiones, pero bloquea las partidas destinadas a nuevas infraestructuras, frena la capacidad de adaptación de los ministerios a los cambios imprevistos de la coyuntura internacional y debilita la confianza de los inversores internacionales, que observan un país incapaz de trazar una hoja de ruta económica y fiscal predecible.
Para sortear esta parálisis, el Ejecutivo ha perfeccionado el arte de gobernar a golpe de Real Decreto-Ley y de incontrolables transferencias de partidas y créditos presupuestarios. Es un mecanismo que evita el bloqueo técnico del Estado, pero que hurta el debate macroeconómico de las Cortes, cronifica la inestabilidad y nos lleva a un escenario futuro muy complicado de gestionar y estabilizar.
El “flamante” techo de gasto de los 226.000 millones de euros pasará a la historia parlamentaria no como el motor de una transformación económica, sino como una elaborada estrategia de comunicación política y pre-electoral.
Al presentar una propuesta irreal e inalcanzable, el Gobierno construye un valioso relato de cara a intentar manipular una vez más a la opinión pública: «Nosotros queríamos subir las becas, reducir las listas de espera en sanidad y construir vivienda pública, pero la derecha, la ultraderecha y los intereses egoístas de los nacionalistas nos lo han impedido«. ¿Quién comprará este relato a estas alturas y con todo lo que esta cayendo?
La paradoja final de esta situación es que la parálisis presupuestaria ya no mide la capacidad de un Gobierno para dirigir un país, sino su resistencia para mantenerse en el poder sin legislar. Esta es la “nueva normalidad” que tanto gusta al Sr. Sánchez que se dispone a pasar una vez más unas largas y cálidas vacaciones veraniegas.
Manuel Lamela Fernández, Fundador y Presidente Ejecutivo
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