El pasado 9 de junio, la sede de la CEOE acogió la presentación de un documento clave para comprender uno de los grandes desafíos de nuestro sistema fiscal: el informe “El problema de la litigiosidad tributaria en España”, promovido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). La publicación, que recoge la voz de 17 expertos de primer nivel, ofrece un diagnóstico profundo y propuestas ambiciosas para abordar la creciente conflictividad entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
Con motivo de esta presentación, Roberto Rodríguez Manzaneque dedica en la sección de fiscalidad de su programa ARE Business una edición especial para analizar las claves del informe. En esta edición especial, se ha contado con la participación de Acountax Madrid y de la Fundación LAFER, una doble presencia que reafirma el compromiso institucional de ambas entidades con la mejora del entorno fiscal y jurídico-empresarial en nuestro país.
El programa ofreció una oportunidad única para profundizar en el contenido del informe, con especial atención al capítulo elaborado por Manuel Lamela Fernández, socio director de Acountax y presidente de la Fundación LAFER.
A continuación, recogemos los principales mensajes compartidos durante nuestra intervención y el enfoque del capítulo, que analiza la litigiosidad tributaria desde los principios de eficacia, simplificación y seguridad jurídica.
Un problema estructural que afecta a empresas y Administración
España padece un problema crónico de litigiosidad tributaria. A lo largo de los últimos años, el número de reclamaciones y recursos se ha incrementado de forma sostenida, generando sobrecarga en los tribunales, costes innecesarios para los contribuyentes y una creciente desconfianza hacia la Administración tributaria.
En cifras:
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Más de 230.000 reclamaciones tributarias se presentaron solo en 2022.
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Cerca del 60% de los actos recurridos son estimados parcial o totalmente a favor del contribuyente, lo que cuestiona la calidad técnica y jurídica de muchas resoluciones administrativas.
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Entre 2014 y 2022, el Estado ha debido devolver más de 12.000 millones de euros en virtud de sentencias judiciales adversas, entre las que destacan casos emblemáticos como el céntimo sanitario, el modelo 720 o la plusvalía municipal.
Este volumen de conflictividad tiene un alto impacto económico, reputacional y organizativo, tanto para los contribuyentes como para la propia Administración. Además, dificulta la inversión empresarial, genera inseguridad jurídica y merma la capacidad de las empresas para operar en un entorno estable.
Las causas: un sistema fiscal complejo, cambiante y poco predecible
El capítulo firmado por Manuel Lamela Fernández, junto con Luis Manuel Rubí y Ramón M.ª Calduch, parte de un diagnóstico claro: la litigiosidad no es una consecuencia inevitable, sino el reflejo de un sistema tributario complejo, inestable y carente de mecanismos eficaces de resolución de conflictos.
Entre los principales factores que alimentan esta situación destacan:
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La hiperregulación normativa: numerosas normas, reformas constantes, dispersión legislativa y abuso del decreto-ley.
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La ambigüedad y tecnicismo en la redacción de las normas, que dificulta su interpretación y aplicación.
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La ausencia de cultura colaborativa entre la Administración y los contribuyentes.
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El esquema sancionador automático, que impone sanciones incluso en errores menores sin intencionalidad.
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El conflicto de intereses: algunos incentivos retributivos ligados a la recaudación desincentivan la firma de acuerdos en fase administrativa.
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La ausencia de responsabilidad de la Administración por los perjuicios causados por resoluciones erróneas.
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La falta de especialización de los tribunales y la excesiva duración de los procedimientos, que pueden superar los diez años.
Tres principios para una solución: eficacia, simplificación y seguridad jurídica
La propuesta de mejora se articula en torno a tres principios rectores que deberían guiar la reforma del sistema:
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Eficacia en la gestión y resolución de conflictos.
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Simplificación normativa que permita previsibilidad y cumplimiento.
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Seguridad jurídica como base para una relación más estable y cooperativa con los contribuyentes.
A partir de estos pilares, el informe desarrolla un conjunto de propuestas realistas y estructurales, con el objetivo de transformar el marco actual en uno más ágil, equilibrado y eficiente.
Soluciones que plantea el informe: una hoja de ruta viable
Entre las medidas destacadas, pueden subrayarse las siguientes:
Impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (ADR)
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Mediación, arbitraje y conciliación fiscal como herramientas útiles para resolver disputas sin judicialización.
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Fomentar los acuerdos en vía administrativa, incluso una vez iniciada la reclamación económico-administrativa.
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Ampliar el uso de figuras como las actas con acuerdo o los Acuerdos Previos de Valoración.
Simplificación legislativa y normativa
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Consolidación normativa para reducir la dispersión y mejorar la comprensión del sistema tributario.
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Redacción clara y precisa de las normas, evitando conceptos jurídicos indeterminados y tecnicismos innecesarios.
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Estabilidad normativa: limitar la aprobación de reformas por decreto-ley y fomentar procesos legislativos participativos.
Mejora de la relación entre Administración y contribuyente
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Fomentar una relación cooperativa basada en la confianza, la transparencia y la anticipación del conflicto.
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Reforzar el carácter vinculante de las consultas tributarias y acortar sus plazos de respuesta.
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Dotar a los tribunales económico-administrativos de mayores recursos y especialización para resolver de forma ágil y justa.
Revisión del modelo sancionador y del sistema de incentivos
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Evitar la automatización de las sanciones en casos de error sin dolo ni perjuicio.
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Evaluar la vinculación de incentivos internos de la AEAT a la firma de acuerdos y no solo a la cuantía liquidada.
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Establecer mecanismos de responsabilidad por actos administrativos contrarios a derecho.
Un cambio necesario: de la confrontación a la colaboración
Uno de los mensajes centrales del informe, y que compartimos plenamente desde Acountax y Fundación LAFER, es que la litigiosidad tributaria no debe ser la vía habitual de resolución, sino una excepción.
La conflictividad constante genera desconfianza y bloquea recursos que deberían estar dedicados al crecimiento empresarial. Es urgente transitar hacia un nuevo paradigma en la relación entre contribuyente y Administración: una relación más preventiva que reactiva, más colaborativa que sancionadora.
Compromiso institucional con el cambio
Desde Acountax Madrid y la Fundación LAFER, no solo hemos querido contribuir a este informe con una visión jurídica y empresarial, sino que asumimos un rol activo en la difusión de su contenido y en la generación de propuestas concretas que puedan ser tenidas en cuenta por los responsables públicos.
Nuestra participación en el programa ARE Business ha sido una oportunidad para trasladar estas ideas a una audiencia amplia, con un enfoque divulgativo, pero riguroso. Creemos firmemente que es posible construir un sistema tributario más justo, transparente y eficiente, y que el sector privado, desde su experiencia y conocimiento, puede contribuir a ese cambio.
Si quieres profundizar en el informe, puedes consultarlo aquí
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