En los últimos meses se ha intensificado un fenómeno que, sin ser nuevo, comienza a adquirir un carácter estructural: el progresivo deterioro de la viabilidad económica de pequeñas y medianas empresas que, sin encontrarse formalmente en situación de insolvencia, operan ya en un entorno de creciente fragilidad.
El incremento sostenido de los costes laborales, la presión fiscal, la volatilidad regulatoria y la reducción de márgenes están configurando un escenario en el que muchas pymes continúan activas, pero lo hacen en condiciones que anticipan dificultades en el cumplimiento futuro de sus obligaciones.
Este contexto no siempre se traduce en una insolvencia actual. Sin embargo, sí encaja con una figura cada vez más relevante en nuestro ordenamiento: la probabilidad de insolvencia, entendida como aquella situación en la que resulta previsible que la empresa no podrá atender regularmente sus obligaciones en el corto o medio plazo si no adopta medidas adecuadas.
Una realidad que ya se está manifestando
La evolución reciente del tejido empresarial confirma esta tendencia.
En palabras de Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, «estamos reduciendo beneficios y el problema es que estamos con un tercio de las pymes en pérdidas», en un entorno en el que «los márgenes se están reduciendo» y las empresas han visto limitada su capacidad de trasladar estos incrementos de costes al mercado. Esta situación, derivada de varios años de aumento continuado de costes, refleja un escenario de presión creciente sobre la viabilidad de muchas empresas.
Nos encontramos, por tanto, ante organizaciones que siguen operando, pero lo hacen con estructuras tensionadas, menor capacidad de generación de recursos y una dependencia cada vez mayor de factores externos para sostener su actividad.
La fase crítica: entre la normalidad y la insolvencia
Entre la normalidad operativa y la insolvencia efectiva existe una fase intermedia —frecuentemente ignorada— en la que la empresa comienza a evidenciar señales de deterioro: tensiones de tesorería, dificultad para absorber incrementos de costes o pérdida progresiva de margen.
Es en esta fase donde se concentran los mayores riesgos, pero también donde aún existen opciones reales de actuación.
La experiencia demuestra que muchas empresas no identifican este punto a tiempo y, en consecuencia, acceden a los mecanismos concursales en fases avanzadas, cuando las posibilidades de reestructuración se han reducido de forma significativa.
De la reacción a la anticipación: el sentido de la reforma concursal
Los planes de reestructuración y los mecanismos preconcursales permiten actuar antes de que se produzca una insolvencia efectiva, facilitando la adopción de medidas que permitan preservar la continuidad de la actividad empresarial.
No obstante, la eficacia de estos instrumentos depende, en gran medida, de su correcta utilización. Su planteamiento no es reactivo, sino preventivo, y exige un cambio de enfoque en la gestión empresarial: identificar a tiempo las señales de deterioro y adoptar decisiones antes de que la situación sea irreversible.
La responsabilidad del administrador en entornos de incertidumbre
En este contexto, la posición del órgano de administración adquiere especial relevancia.
La diligencia del administrador exige anticipar la insolvencia y adoptar medidas para evitarla. La inacción o la adopción tardía de decisiones puede derivar en responsabilidades que trascienden el ámbito estrictamente societario.
En entornos de presión sobre costes y reducción de márgenes, el margen de error se reduce y la exigencia de una gestión proactiva se incrementa.
Anticiparse es clave
La desaparición de muchas microempresas no responde a un hecho aislado, sino a un proceso progresivo que, en numerosas ocasiones, no se identifica hasta que la situación es ya difícilmente reversible.
La insolvencia no comienza cuando se declara, sino cuando deja de atenderse a sus primeras manifestaciones.
Comprender esta realidad y actuar con anticipación no solo permite preservar la viabilidad de la empresa, sino que constituye, en el contexto actual, una exigencia inherente a una gestión responsable.
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