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Madrid, 6 de abril de 2022
El casi 11% del PIB que representa el sector agroalimentario en España lo convierte en un sector clave de la economía nacional, debiendo ser siempre objeto de especial atención por las administraciones públicas, dado su peso específico, su factor estratégico, y el especial componente que esta actividad debe de ofrecer para garantizar la seguridad alimentaria y la máxima calidad al consumidor.
Desde la adhesión de España a la UE y la aplicación consecuente de la PAC a nuestro sector productor , el esfuerzo y buen hacer de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria a lo largo de todos estos años, nos ha llevado a poder decir hoy que tenemos un sector líder a nivel mundial, motor de la economía nacional, pero, por desgracia, no ajeno a las complejas situaciones y crisis que padecemos actualmente, que hacen que también este sector sea especialmente vulnerable y necesite medidas extraordinarias de apoyo para garantizar su subsistencia y competitividad.
Precisamente, la compleja situación actual de crisis de precios, costes de producción, cierre de mercados, disminución de la demanda interna, etc., obligan a productores, industria, distribuidores, comercializadores y empresarios en general a tener que adoptar medidas coyunturales o estructurales para salvaguardar su actividad. Medidas que requieren de un asesoramiento jurídico experto profesional, pero desde un imprescindible conocimiento previo del propio sector.
A la anterior realidad hay que sumar otra cuestión de gran trascendencia, dado que, en menos de un año, se va a renovar o modificar una parte fundamental de la normativa reguladora para el sector agrario, como consecuencia de la nueva PAC, aspecto al que hay que sumar la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que supone cambios importantes, normativos y contractuales, a los que hay que adaptarse de manera casi inmediata.
En cuanto a la PAC, al menos una nueva Ley y 18 nuevos Reales Decretos, más la normativa autonómica correspondiente, verán la luz a lo largo de los próximos meses y nuestros agricultores y ganaderos deberán adaptarse a lo en ellas contemplado no solo para cobrar las ayudas, sino para evitar un régimen sancionador futuro, que se presume complicado y duro. El enfrentarse a un nuevo sistema de información de las explotaciones agrícolas, a un nuevo régimen de las organizaciones de productores y a un novedoso Plan Estratégico de la PAC, aún pendiente de aprobación en la Comisión Europea, entre otros temas, va a requerir, indudablemente, de un apoyo técnico y jurídico experto para afrontar esta etapa con garantías de seguridad jurídica.
Por otro lado, la convivencia necesaria del Derecho Agroalimentario y el Medioambiental, cada vez mas compleja en la regulación de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, junto con la correspondiente aplicación e interpretación por algunas administraciones locales y autonómicas de normas medioambientales y urbanísticas con objetivos meramente limitativos o entorpecedores del desarrollo del sector en el medio rural, son otras amenazas que también requieren de un asesoramiento legal experto desde el conocimiento profundo de la realidad del sector y de sus problemas.
Si a estos aspectos añadimos, igualmente, las reiteradas “advertencias” desde la Administración de futuros cambios en materia de fiscalidad agraria (el reciente informe de expertos del Gobierno lo señala) o las iniciativas que en materia de hábitos saludables de consumo se plantean, en algunas ocasiones, sin apoyo científico riguroso, con desconocimiento del sector y sin consenso social, parece evidente que el contar con un “asesor de cabecera” especializado puede resultar imprescindible para defenderse de aquellas decisiones que afectan a la seguridad jurídica y que pueden poner en peligro explotaciones e industrias.
Con todos estos objetivos, y para estar junto con el Sector y en apoyo y defensa del Sector, nace ACOUNTAX AGRO (www.acountaxagro.es) en un momento de crisis sectorial y económica, con una vocación de servicio obvia y con unas tarifas competitivas y adaptadas a la compleja realidad económica de sector.
Nuestro valor añadido, en relación a otros gabinetes jurídicos, no sólo es la profesionalidad incuestionable de nuestros abogados y economistas, sino el profundo conocimiento del sector, desde la explotación hasta el consumidor. Un conocimiento experto, en definitiva, de toda la cadena agroalimentaria.
Manuel Lamela
Socio Director de ACOUNTAX
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