En época de campaña de la Renta y cuando se aproxima también la del Impuesto de Sociedades, me parece bueno trasladar una reflexión, sin duda muy personal, pero no ajena a unos pocos años de experiencia y a lo que día a día vemos en nuestros despachos profesionales y en nuestro entorno social. Y es que podría decirse que parece que el contrato social del siglo XXI ha sido redactado por un guionista de ciencia ficción, eso sí, con escaso sentido del humor.
La verdad es que en la “nueva cultura económica” que se pretende implantar y generalizar, la ambición profesional se ha convertido en un pecado que se purga con tipos impositivos confiscatorios, mientras que la zona de confort es un “altar” que el Estado debe “regar” con dinero público para fomentarlo como un estilo de vida inteligente. Por este camino y con esta estrategia estamos logrado la alquimia perfecta: convertir el sudor del profesional que decide trabajar un sábado, en el «bono cultural» del joven que ese mismo sábado prefiere buscar otras alternativas más cómodas y ociosas.
Estamos, sin duda, ante una realidad “fascinante”. Por un lado, el sistema vigila con lupa y persigue al sufrido autónomo, al empresario que arriesga su patrimonio o al empleado que osa destacar, lanzándole una especie de «impuesto al éxito» que crece más rápido que su propia satisfacción y, por otro, esos mismos gobiernos se visten de Reyes Magos a costa del bolsillo ajeno, repartiendo ”pagas” para, entre otras cosas, cines, consolas de videojuegos, festivales, trenes gratuitos, etc., como si la felicidad fuera un derecho constitucional que debe financiarse con el castigo a la productividad de nuestra economía.
La verdad es que, desde mi humilde punto de vista, el mensaje que la fiscalidad actual grita a los cuatro vientos es tan nítido como desalentador: «no te esfuerces demasiado, no vaya a ser que termines pagando la indolencia o las vacaciones de quien decidió esforzarse la mitad que tú».
Este, a mi juicio, dislate político, no es solo una cuestión de números; es una demolición controlada de los incentivos que construyeron no hace muchos años la prosperidad moderna y la sociedad del bienestar. La realidad de la “religión del subsidio”, se comprueba hablando de cuestiones fácilmente entendibles.
Lo primero, la transformación en los últimos años del IRPF, que ha pasado de un mecanismo de contribución social a un auténtico «peaje a la excelencia». La progresividad fiscal, que en teoría nació para garantizar la equidad, se ha convertido en una trampa para la clase media aspiracional.
Cuando un profesional decide dar un paso más (asumir una mayor responsabilidad, liderar un proyecto internacional o sacrificar su tiempo personal para aumentar su producción), se encuentra con un socio invisible que no aporta capital ni ideas, pero que se lleva hasta el 50% de su margen marginal. Estamos así enviando una señal inequívoca a nuestros ciudadanos más capaces: la mediocridad es financieramente eficiente. Si ganar un euro extra supone que el Estado se quede con la mitad, el cálculo frío del «no merece la pena» acaba ganando la partida. Es la fiscalidad del desánimo, que inhibe la creación de valor antes incluso de que suceda.
Mientras el IRPF grava el esfuerzo como casi como un vicio, el ocio es tratado como una necesidad básica que parece que debe de debe ser garantizada por el erario público. Hemos pasado de la era de la “conciliación” a la era del «derecho al ocio y entretenimiento», donde los gobiernos compran la paz social y quizás, lamentablemente, también el voto, a golpe de lo que podríamos llamar “chequera cultural”.
Subvencionar el ocio mediante bonos para videojuegos, descuentos masivos en transporte vacacional o cheques para cine, por citar solo alguna cuestión de las que están ya sobre la mesa o en el BOE es, al menos para mí, una perversión de las prioridades que debe tener un Estado, débil y endeudado, que malamente llega a pagar las pensiones presentes y menos aún a garantizar las futuras.
El ocio, por definición, es el consumo del tiempo sobrante tras haber cumplido con las obligaciones productivas. Al subvencionarlo con el dinero detraído de quienes trabajan (como es el caso de autónomos, empresarios y las propias empresas), el Estado realiza una transferencia de rentas, para mí, moralmente cuestionable: se quita al que produce para subvencionar al ocioso y al que consume placer o se instala, como mucho, en el “trabajo a reglamento”. Esta política genera una grave ilusión, donde el ciudadano deja de ver el viaje como el premio a su ahorro, para verlo como una prestación mínima que el Estado le adeuda por el simple hecho de existir y ser ciudadano, gracias a la “desinteresada generosidad del Gobierno de turno”.
Todo esto puede llevar a una auténtica mutación de la psicología colectiva y a un posible cambio de cultura. La interacción entre el castigo al esfuerzo y el premio al ocio está diseñando un nuevo modelo de ciudadano: el “homo laetus beneficiarius”, es decir, para los que no dominan el latín, el hombre que vive feliz de la subvención pública.
Durante siglos, el motor del progreso ha sido la ética del trabajo y la gratificación aplazada. Se trabajaba hoy para disfrutar mañana. Así nos lo enseñaron en la etapa escolar o incluso nuestros propios padres, sin embargo, hoy, el sistema parece incentivar la gratificación instantánea subvencionada y penaliza la acumulación de capital. ¿Para qué escalar los duros peldaños del éxito si cada escalón es más resbaladizo y costoso, mientras que quedarse en la base incluye una red de seguridad de entretenimiento gratuito? Estamos criando generaciones que ven el éxito ajeno no como un ejemplo, sino como una cantera de recursos de la que aprovecharse. Una nación que prioriza la zona de confort sobre el generar valor añadido está condenada a la irrelevancia.
Esta “fiesta del subsidio” tiene fecha de caducidad y el impuesto al esfuerzo tiene un límite: el punto en el que los mejores deciden dejar de esforzarse, mudarse de país o, simplemente, “apagarse”. En definitiva, una nación que grava el talento o el éxito y que subvenciona la distracción y el ocio terminará descubriendo que no tiene los recursos para pagar ninguna de las dos cosas.
Manuel Lamela Fernández, Fundador y Presidente ejecutivo
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