El gran apagón: ¿Quién responde?
¿Había algo más improbable y mas descartable en España, hasta el pasado 28 de abril, que la posibilidad de que toda España se quedara sin energía eléctrica?
Pues la verdad es que para el publico en general no, por diferentes motivos: estamos en el siglo XXI; somos un país moderno y occidental; nunca jamás hemos tenido ningún problema ni de suministro ni de abastecimiento ni de distribución, desde nuestra post guerra civil; siempre se ha dicho que al ser una “isla energética” éramos unos privilegiados dentro de la UE; nuestras autoridades siempre han presumido de nuestro sistema de generación y de nuestra red de distribución como una de las mas modernas del mundo; y nuestras compañías eléctricas son lideres en el mundo.
A mayor abundamiento, tanto la Vicepresidenta responsable de esta área en el Gobierno de España, como la presidenta de la compañía Red Eléctrica, la ex ministra Beatriz Corredor, en los últimos meses habían descartado públicamente la posibilidad de que algo así pudiera suceder en España , tras negarlo igualmente de manera categórica nuestro presidente en 2022, en sede parlamentaria (en el Senado).
Pues bien, el 28 de abril pasamos a “disfrutar” de una experiencia tercermundista, impensable hasta ese día, sobre la que aún no hay versión oficial que la explique y sobre la que mucho nos tememos que nunca la tendremos de una manera clara, nítida y honesta, por mucha comisión de investigación que se cree y ello, porque obviamente no entra dentro de la cultura y práctica gubernamental la de asumir responsabilidades públicas y depurarlas.
Estamos en la búsqueda de un responsable privado, lo mas lejano posible al Gobierno, para evitar desgastes políticos y “peligros indemnizatorios” millonarios. Estamos en el “yo estoy bien y el que necesite ayuda que la pida” de la pasada Dana y en aquello de que la culpa siempre es de otro u otros, ya sea la derecha, un actor privado, o un “saboteador malvado” como sucede en los últimos días con el AVE, que tampoco nunca se paraba (fue ejemplo de fiabilidad y puntualidad durante muchos años) y ahora, “fatalmente”, con este Gobierno, se ha convertido en una “experiencia de riesgo” y no para de dejar a viajeros en la estacada.
Además, parece que la pérdida de, al parecer, cinco vidas humanas, tampoco cobra gran trascendencia al fallecer muchas mas por “el cambio climático”, según las estadísticas de Moncloa comentadas en su día por nuestro presidente.
Lo cierto es que ya se ha dicho que, solo en pymes y autónomos, los daños del apagón podrían superar los 1.600 millones de euros, lo que hace suponer una cifra global de daños enorme a todos los niveles, tanto en materia de daño emergente como de lucro cesante en industrias, empresas, comercios y hogares.
Y en esta situación, ¿qué podemos hacer además de resignarnos con los incompetentes gestores de intereses públicos que tenemos?
Pues la verdad es que la cosa no esta fácil. Aunque voy a comenzar por recomendar que en los planes de contingencia se empiece a considerar este riesgo como no remoto, y se prevean mecanismos y sistemas que palien o mitiguen los daños que un nuevo apagón, total o parcial, podría producir. El ejemplo sanitario ha sido sin duda magnifico, al funcionar correctamente los sistemas generadores de energía autónomos evitando la perdida de muchas vidas y muchos riesgos dificilísimos de manejar.
La segunda recomendación es contemplar este riesgo en las pólizas de seguros, evitando exclusiones del mismo y permitiendo que el siniestro pudiera llegar a estar cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros. En este sentido, para aquellos que ya lo tenían contemplado antes del 28 de abril, esta vía indemnizatoria podría ser la más rápida y fiable frente a otras acciones de responsabilidad, sin duda más largas, inciertas y complejas. En todo caso, habría que tener especial cuidado con la “letra pequeña” de las pólizas, que seguro que tenderán a su acotamiento o eliminación.
Señalado lo anterior, nos quedan las “acciones legales”, que de momento tienen como primer escollo el no saber quien o quienes son los responsables directos de este desastre (por acción u omisión) y cuál fue la causa o causas del mismo.
Aquí se abren varias posibilidades a estudiar, desde la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado (si no se declara fuerza mayor el siniestro) y si se deduce que el Gobierno y/o Red Eléctrica (controlada por el Estado) son las responsables, bien por falta de mantenimiento, bien por no atender y prevenir las “alertas” que se fueron produciendo en las semanas anteriores al apagón, por citar algún posible supuesto, hasta la vía del Real Decreto del año 2000 que permitiría solicitar una indemnización a las distribuidoras de energía eléctrica por fallo en la calidad del servicio.
La verdad es que son supuestos distintos, con plazos diferentes, que habrá que analizar caso por caso y cuya prosperabilidad dependerá en gran medida de que alguna vez sepamos la causa del apagón.
En todo caso, lo que recomendamos es no dejar agotar los plazos legalmente establecidos para las reclamaciones previas o administrativas, para evitar perjudicar posibles acciones posteriores jurisdiccionales, y también siempre acreditar fehacientemente los daños con informes técnicos y periciales que cuantifiquen de manera precisa el daño emergente y acrediten su producción por la relación causa-efecto, que siempre hay que probar.
Nos tememos un gran embrollo de reclamaciones de todo tipo, pero recomendamos “mente fría” para no iniciar procesos abocados al fracaso y esperar a ver si se clarifica algo antes de emprender acciones, eso si sin dejar pasar los plazos reglamentarios y legales para reclamar.
Manuel Lamela Fernández, Socio Director
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