MÁS ALLÁ DE LA FECHA, UNA CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Esta semana, nuestro fundador y presidente ejecutivo, Manuel Lamela, ha participado en el programa ARE BUSINESS, junto a Roberto Rodríguez Manzaneque, para analizar una cuestión que está generando muchas dudas en el tejido empresarial: VERIFACTU y su prórroga hasta 2027.
Durante la conversación, se puso de manifiesto una idea clave que conviene subrayar desde el principio: el aplazamiento del calendario no reduce la exigencia del cumplimiento ni la complejidad del sistema.
VERIFACTU no es un mero cambio tecnológico. Es una transformación profunda en la forma en que las empresas emiten, registran y conservan sus facturas, con un objetivo claro por parte de la Agencia Tributaria: garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación y cerrar definitivamente la puerta al fraude asociado al uso de software de doble uso.
Qué cambia con la prórroga… y qué no
En el programa se aclaró un punto que está generando confusión y es que la prórroga hasta 2027 no supone la desaparición de la norma, ni siquiera su suspensión. Lo que se ha retrasado es la obligación de uso, no la vigencia del marco normativo.
El nuevo calendario establece la obligatoriedad a partir de:
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1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
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1 de julio de 2027 para autónomos y pymes en IRPF.
Sin embargo, ya hoy existen obligaciones claras: el software de facturación que se comercialice debe cumplir los requisitos de VERIFACTU, garantizando que las facturas no puedan ser manipuladas, que los registros sean trazables y que exista capacidad de remisión de información a la AEAT.
Pensar que “hasta 2027 no hay que hacer nada” es, como se señaló Lamela en la entrevista, un error de enfoque.
El verdadero impacto en las empresas
Uno de los aspectos más relevantes abordados por Manuel Lamela fue el impacto real de VERIFACTU en las empresas. No afecta únicamente al departamento de administración o al proveedor de software. Afecta a:
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los procesos internos,
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los sistemas de control,
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la relación con asesores y proveedores tecnológicos,
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y a la responsabilidad de administradores y directivos.
En empresas con estructuras complejas, grupos empresariales o múltiples sistemas de facturación, la implantación requiere una planificación aún más cuidadosa. No se trata de “instalar un programa”, sino de revisar cómo se factura, cómo se registra y cómo se conserva la información.
Una prórroga que ha generado debate
Durante la intervención también se analizó la controversia que ha generado el aplazamiento. Si bien ha sido recibido como un alivio por parte de muchos autónomos y pequeñas empresas, ha sido duramente criticado por asesores fiscales, economistas, fabricantes de software e incluso por técnicos de la propia Administración.
Las principales críticas apuntan a:
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la inseguridad jurídica que generan los cambios de calendario,
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el efecto desincentivador sobre quienes ya se habían adaptado,
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y la percepción de improvisación en un proyecto clave para la lucha contra el fraude.
No obstante, Hacienda ha defendido la prórroga como una medida necesaria para garantizar la estabilidad del sistema, evitar errores masivos y dar tiempo suficiente a desarrolladores y usuarios finales.
Anticiparse sigue siendo la mejor decisión
Uno de los mensajes más claros de la intervención fue que el tiempo adicional debe utilizarse para prepararse, no para posponer decisiones.
Esperar a 2027 implicará, previsiblemente, prisas, saturación de proveedores, decisiones precipitadas y un mayor riesgo de incumplimiento. Por el contrario, anticiparse permite:
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elegir soluciones con criterio,
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adaptar procesos internos con calma,
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formar a los equipos,
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y convertir una obligación legal en una herramienta de control y seguridad.
Además, la adopción voluntaria sigue permitiendo beneficiarse de incentivos fiscales, una cuestión que no debería pasarse por alto.
Desde Acountax, abordamos VERIFACTU desde una visión integral: jurídica, fiscal y operativa. Porque cumplir no es suficiente si no se hace con seguridad jurídica y sin improvisaciones.
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