En España suele presentarse la inflación como un fenómeno macroeconómico externo, derivado de tensiones internacionales o de la evolución de los mercados energéticos. Sin embargo, desde una perspectiva fiscal, la inflación actúa como un impuesto implícito que incrementa la recaudación, reduce el valor real de la deuda pública y redistribuye renta sin necesidad de modificar ninguna norma tributaria. Es un impuesto que no figura en los Presupuestos Generales del Estado, que no se debate en el Congreso y que, sin embargo, tiene efectos recaudatorios tan reales como cualquier tributo formal. De ahí que se le conozca como el impuesto silencioso.
El Banco de España ha señalado en distintos informes que la inflación persistente erosiona el poder adquisitivo de los hogares y genera distorsiones relevantes en la economía. Pero su impacto fiscal es igualmente significativo. Y este impacto se ha intensificado en un contexto institucional excepcional: España lleva operando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados durante 2024 y 2025, lo que supone más de dos años sin unas cuentas públicas actualizadas al entorno económico e inflacionario vigente.
En ausencia de nuevos Presupuestos, la inflación se convierte en una fuente de financiación automática para la Administración. La recaudación tributaria aumenta sin necesidad de aprobar reformas fiscales ni modificar tipos impositivos. En un sistema como el español, basado en impuestos indirectos y en bases imponibles nominales, la inflación incrementa la recaudación del IVA, de los impuestos especiales y del IRPF. Este último se ve especialmente afectado cuando los tramos no se deflactan de forma plena, lo que provoca que contribuyentes cuyos ingresos reales no han mejorado pasen a soportar tipos marginales superiores. Este fenómeno, conocido como bracket creep, ha sido especialmente relevante en un periodo en el que los salarios reales han tardado en recuperar el terreno perdido desde 2021.
El impacto distributivo de este impuesto silencioso es claro: afecta con mayor intensidad a las rentas medias y bajas, que destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo y, por tanto, soportan más carga en impuestos indirectos. Además, estos hogares suelen tener menos capacidad para protegerse frente a la inflación mediante activos reales o financieros. La inflación también penaliza de forma directa a quienes mantienen activos líquidos, como depósitos o efectivo, cuyo valor real se reduce sin compensación alguna. En cambio, quienes poseen activos que se revalorizan con la inflación —vivienda, suelo, participaciones empresariales— o quienes mantienen deuda a tipo fijo tienden a verse menos perjudicados o incluso beneficiados.
A ello se suma el efecto sobre la deuda pública. Con una ratio que se sitúa en torno al 103,2 % del PIB, según los datos más recientes del Banco de España, la inflación actúa como un mecanismo de alivio fiscal: reduce el valor real de la deuda sin necesidad de adoptar medidas impopulares. En un entorno de inflación moderada pero persistente, el ajuste real de la deuda puede ser considerable. Para un Estado altamente endeudado, la inflación funciona como un instrumento de consolidación fiscal no declarado, que opera al margen de cualquier decisión presupuestaria.
Desde el punto de vista estrictamente fiscal, el problema es doble. Por un lado, la inflación incrementa la presión fiscal efectiva sin que exista una reforma tributaria explícita que lo justifique o explique. Por otro, la prolongada prórroga presupuestaria implica que el Gobierno no ha sometido a control parlamentario una actualización integral de ingresos y gastos adaptada al nuevo entorno macroeconómico. Mientras tanto, la inflación continúa generando ingresos adicionales que no han sido objeto de deliberación pública ni de planificación presupuestaria.
La inflación, en definitiva, no es solo un fenómeno económico: es un mecanismo fiscal con efectos recaudatorios y distributivos claros. En la España actual, donde la política presupuestaria opera en régimen de prórroga y donde la recaudación ha aumentado sin reformas tributarias explícitas, resulta imprescindible reconocer la naturaleza impositiva de la inflación. Solo desde ese reconocimiento puede analizarse con rigor su impacto real sobre hogares, empresas y cuentas públicas, y exigirse una gestión fiscal más transparente y coherente con el contexto económico.
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