La reforma de la Prevención de Riesgos Laborales en España: qué viene
El Ministerio de Trabajo ha publicado el pasado 8 de enero de 2026 la consulta pública previa para la reforma simultánea de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997), iniciando formalmente el proceso que dará lugar a un nuevo anteproyecto normativo en materia preventiva.
El plazo para la presentación de aportaciones se extiende desde el 9 de enero de 2026 a las 00:00 horas hasta el 23 de enero de 2026 a las 23:59 horas, permitiendo la participación de empresas, profesionales, asociaciones y operadores jurídicos.
Este paso forma parte del procedimiento previsto en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite recabar opiniones antes de redactar un proyecto normativo. Las empresas que participen en esta fase podrán influir en la definición de obligaciones que condicionarán la planificación preventivo-legal en los próximos años.
¿Por qué esta reforma es relevante desde el punto de vista jurídico?
La LPRL, vigente desde 1995, constituye el texto básico que regula la prevención de riesgos laborales en España. Su objetivo es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas de prevención integradas en la gestión empresarial.
La norma se complementa con reglamentos —como el RD 39/1997 sobre los servicios de prevención— que desarrollan aspectos técnicos y operativos.
Tras más de 30 años de aplicación, el contexto laboral ha cambiado profundamente (digitalización, teletrabajo, riesgos psicosociales, sostenibilidad), y el Ministerio ha reconocido la necesidad de adaptar la normativa a esta realidad.
Plazo de participación en la consulta
El periodo para presentar aportaciones va desde el 9 de enero de 2026 hasta el 23 de enero de 2026, ambos inclusive.
Este es un momento clave para que empresas, profesionales y organizaciones interesadas expresen sus comentarios antes de que el texto avance hacia su tramitación formal como Anteproyecto de Ley.
Principales áreas que se plantean revisar
Aunque el texto final aún no ha sido publicado y está en fase previa, en la documentación de consulta y en análisis sectoriales se identifican varias líneas de trabajo que afectarán de forma significativa a la regulación jurídica de la prevención:
1. Ampliación del concepto de riesgo laboral
La reforma apunta a integrar de forma explícita nuevos riesgos que actualmente no están tratados de forma completa en la Ley:
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Riesgos psicosociales y de salud mental.
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Riesgos derivados de tecnologías digitales y teletrabajo.
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Riesgos climáticos y ambientales.
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Inclusión de variables como género, edad y diversidad funcional.
Desde una perspectiva jurídica, esto implica revisar cómo se incorporan obligaciones preventivas en la evaluación de riesgos y los planes de prevención, que son pilares de la LPRL.
2. Revisión del Reglamento de Servicios de Prevención
El RD 39/1997 define las modalidades de organización preventiva, incluidos los servicios de prevención propios, mancomunados o ajenos, así como sus funciones.
Uno de los contenidos previstos es mejorar la acreditación, control y supervisión de estos servicios, reforzando su papel dentro de las empresas y revisando los requisitos formativos y técnicos.
3. Instrumentos de control y nuevos colectivos
Las fuentes sectoriales coinciden en que el modelo de control preventivo se ampliará, con propuestas como:
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Presencia de agentes territoriales de prevención.
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Refuerzos de protección para colectivos específicos (por ejemplo, embarazadas o en lactancia).
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Tratamiento preventivo de trabajadores autónomos en concurrencia de actividades.
Estas medidas están orientadas a reforzar no solo las obligaciones formales, sino la efectividad de los mecanismos de control que apoyan la aplicación de la normativa preventiva.
Impacto directo para las empresas
Integración de la prevención como obligación de gestión
La Constitución Española y la propia LPRL establecen el principio de protección de la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental correlativo a obligaciones empresariales claras.
Esto significa que la empresa debe:
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Evaluar riesgos adecuadamente.
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Planificar acciones preventivas integradas en su gestión.
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Asegurar formación e información continua.
La reforma pretende reforzar esta integración, lo que podría elevar el nivel de responsabilidad administrativa y, en determinados supuestos, en el penal.
Desde Acountax seguiremos muy de cerca la evolución de este proceso normativo, analizando cada avance de la tramitación legislativa y su impacto real sobre las obligaciones empresariales. Nuestro compromiso es continuar ofreciendo a nuestros clientes un acompañamiento jurídico riguroso, anticipando los cambios regulatorios y ayudando a integrar la prevención de riesgos laborales dentro de una estrategia sólida de cumplimiento normativo y gestión responsable.
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