Puntos controvertidos de la nueva planificación hidrológica

Ejecutivos autonómicos, diferentes organizaciones agrarias, comunidades y asociaciones de usuarios de aguas, y agricultores afectados han interpuesto sendos recursos contra el RD 35/2023 de 24 de enero.

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra en la controversia que ha generado la aprobación Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, publicado en el BOE con fecha 10 de febrero de 2023.

Puntos controvertidos de la nueva planificación hidrológica

Esta nueva planificación incluye, entre otras novedades, el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.

La nueva planificación hidrológica, según el Gobierno, tiene en cuenta, entre otros aspectos, los escenarios de cambio climático; el riesgo de inundación; la lucha contra la contaminación difusa; la gestión sostenible de las aguas subterráneas; garantizar la seguridad de suministro, así como la preservación de la biodiversidad de espacios emblemáticos.

Ahora bien, lo cierto es que desde que se anunció la nueva planificación hidrológica se ha suscitado un intenso debate técnico y jurídico, especialmente focalizado en los efectos en el trasvase Tajo-Segura. Esta circunstancia ha motivado una notable incertidumbre e inseguridad jurídica, como consecuencia, según algunas voces, de una decisión “política y sectaria”.

Trasvase Tajo-Segura

Concretamente, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía han dado luz verde a la interposición de sendos recursos por la vía contencioso-administrativa para impedir el recorte del Trasvase. En esa misma línea han actuado también diferentes organizaciones agrarias representativas del sector, así como comunidades y asociaciones de aguas, junto con numerosos agricultores a título particular.

El común denominador que alegan los recurrentes se sustenta, básicamente, en la ausencia del rigor técnico en la toma de decisiones por parte del Gobierno, así como en los efectos socioeconómicos que puede conllevar su aplicación, abocando a la inviabilidad y ruina de múltiples explotaciones agrarias.

“Estos planes limitan la capacidad productiva y abocan al sector agroalimentario a la ruina al dejarlo sin herramientas para desarrollar una agricultura competitiva”, han afirmado los responsables de ASAJA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, circunstancia que ha motivado que ambas organizaciones, entre otros muchos recurrentes, hayan tomado la decisión de interponer el contencioso administrativo contra esta norma.

Según estas organizaciones, los nuevos planes hidrológicos dejan el sector agrario en una situación muy precaria, al limitar las posibilidades de riego a los agricultores que tienen derechos de riego, impidiendo el acceso al regadío a nuevos agricultores.

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