Hay una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar: en España se ha instalado un discurso que mira a la empresa con desconfianza, cuando no con abierta hostilidad. Y, sin embargo, son las empresas —especialmente las pymes— las que sostienen el empleo, financian los servicios públicos y mantienen vivo el tejido económico de miles de municipios. Demonizar al empresario es, en última instancia, disparar contra el propio bienestar colectivo.
A esta tensión creciente se suma un fenómeno que está adquiriendo dimensiones estructurales: el incremento del absentismo y el colapso del sistema de incapacidad temporal. En 2024, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social registraron un déficit histórico cercano a los 1.700 millones de euros, consecuencia directa de que los gastos por bajas médicas superan ampliamente los ingresos por contingencias comunes. Como reconocen las propias mutuas, esta situación se arrastra desde 2015 y no deja de agravarse.
El dato es revelador: las mutuas protegieron a más de 15,8 millones de trabajadores, el 78% del total, y desembolsaron junto al INSS 15.000 millones de euros en prestaciones, cifra que podría alcanzar los 16.787 millones en 2025. La incidencia de las bajas se ha disparado un 60% respecto a 2017, según la AIReF. Y mientras tanto, las reservas específicas y complementarias se agotan, obligando a recurrir incluso a fondos destinados a contingencias profesionales.
Todo esto tiene un impacto directo en las empresas, especialmente en las pymes, que viven atrapadas entre el incremento de los costes laborales, un absentismo que se dispara y una normativa que en la práctica, plantea dificultades de aplicación en el tejido empresarial. Se les exige más, se les carga con nuevas obligaciones y se les responsabiliza de problemas estructurales que no pueden resolver solas. La gestión de las bajas médicas se ha convertido en un laberinto que genera frustración tanto en las empresas como en los propios trabajadores.
La interlocución con las mutuas, lejos de ser un apoyo, sigue siendo insuficiente. Y, sin embargo, estas entidades podrían desempeñar un papel clave para agilizar procesos y reducir tiempos. La patronal lleva años reclamando que las mutuas puedan emitir altas médicas en determinados supuestos, una medida que permitiría aliviar la presión del sistema y mejorar la gestión. El Ministerio de Seguridad Social solo ha abierto la puerta —de momento— a que puedan dar el alta en procesos de contingencias profesionales de más de 365 días. Una reforma tímida para un problema que ya es mayúsculo.
No se trata de cuestionar derechos. Se trata de gestionar con rigor y transparencia un fenómeno que está poniendo en jaque la productividad y la organización interna de muchas empresas. Las mutuas deben ser aliadas estratégicas, no meros intermediarios administrativos. Y la empresa debe dejar de ser tratada como sospechosa por defecto.
Pero quizá el mayor desafío sea cultural. Hemos normalizado un relato que presenta al empresario como culpable de todos los males. Un enfoque que, de mantenerse, puede generar efectos no deseados sobre el sistema. La empresa es el lugar donde se genera empleo, donde se pagan impuestos, donde se financian la sanidad, la educación y las pensiones. Sin empresas fuertes, no hay Estado del bienestar posible.
Es hora de recuperar el equilibrio. De reconocer que la empresa no es el enemigo, sino el motor. De construir un marco laboral que permita crecer, innovar y competir. De reformar con valentía un sistema de incapacidad temporal que ya no es sostenible. Y, sobre todo, de devolver al empresario el respeto social que merece quien arriesga, crea y sostiene el futuro económico del país.
Y cuando este contexto se traslada a los números —costes laborales, presión fiscal, márgenes— el problema deja de ser teórico. Se convierte en estructural. Y ahí es donde muchas empresas empiezan a tener verdaderas dificultades.
Virginia Arranz Guerrero, Abogada Responsable del Área Laboral
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