El pasado nueve de octubre, tras acumular un nuevo fracaso el Ministerio de Trabajo al ver como se rechazaba su Proyecto de Ley de reducción de Jornada Laboral, decidió escindir de este fallido proyecto todo lo relativo al Registro Horario y proponer al Gobierno la Tramitación Urgente (nadie sabe la razón de la urgencia) de un Real Decreto a modo de desarrollo reglamentario del Estatuto de los Trabajadores.
Con ello se sustrae al Parlamento, una vez más, que se pueda pronunciar en contra e infringir de esta manera otro disgusto y revés político a la Vicepresidenta y Ministra del Ramo.
La “urgencia” hace que el tramite de audiencia e información pública se extienda a tan solo siete días, plazo que finalizara a media noche del próximo viernes 17 y que por lo tanto haya poco tiempo para plantear unas serias objeciones fundamentadas jurídicamente y también económicamente.
Según parece, si el criterio de la Ministra es el que dice públicamente, con este Real Decreto lo que se persigue es “una reducción efectiva del tiempo de trabajo” aunque no parece que para este objetivo se pretenda buscar consenso alguno entre los verdaderos protagonistas y destinatarios de la norma , dado que el tema también, una vez más, se sustrae del dialogo social y de la negociación colectiva y se pretende imponer de manera unilateral, dogmática e inmediata (no hay ningún plazo transitorio de adaptación en el proyecto de RD) y sin valorar ni calcular los problemas de gestión y los costes de la medida.
Muchas son ya las criticas que se plantean en relación con este pretendido proyecto normativo desde múltiples sectores sociales, económicos y jurídicos y sin entrar en todas ellas, si creo que debemos de destacar las argumentaciones “más obvias” que, aunque sin esperanza, deberían provocar una reconsideración del texto actual por parte del Gobierno antes de la remisión del proyecto normativo al Consejo de Estado y quizás al CES.
Me refiero en primer lugar al desconocimiento que manifiesta el texto de la realidad de nuestro tejido empresarial, especialmente en Micropymes y Pymes y a las diversas actividades y necesidades especificas de estas empresas (la mayoría) que vendrían en no pocas ocasiones, a hacer imposible el cumplimiento de la norma, por mucha buena voluntad que se ponga. La inflexibilidad total de la norma en este aspecto colocaría a muchas empresas “contra las cuerdas” y a merced de la benevolencia de la inspección de trabajo para aplicar un pretendido nuevo sistema de sanciones, elevado y gravemente perjudicial.
No se quiere ni pretende “descontrol horario” por parte de nadie, dado que desde el 2019 es ya obligatorio y esta asumido por todos. Es más, creemos que unas reglas más claras, consensuadas y realistas, que contemplen la realidad de cada sector económico, subsector y empresa, contribuirían a una mayor eficiencia y seguridad jurídica de empresa y trabajadores. La imposición de un modelo rígido, general para todos, sin periodo de adaptación alguno, y fundamentalmente poco realista, llevara a incumplimientos, la mayoría involuntarios, por parte de todos y me temo que a una conflictividad y litigiosidad que a nadie beneficiara nunca.
¿Alguien ha pensado en el registro horario de un barco de pesca o de una explotación agropecuaria en lugares en los que aun hay cobertura de móvil con dificultad? ¿Y en los muchísimos trabajadores de muchos gremios y profesiones que apenas pasan por la oficina o industria por que su trabajo esta “en la calle”? ¿Cómo se implementa un “registro digital” sin internet para que acceda la inspección de trabajo en remoto?…
Seria de agradecer que los actuales redactores de las normas legales y reglamentarias pusieran los pies en el suelo antes de echar la imaginación a volar y olvidar la realidad de nuestro tejido económico y de nuestro ordenamiento jurídico. En el lado empresarial, nuestras micropymes hoy no están preparadas para asumir ni las cargas administrativas ni los costes de implantación de sistemas digitales de control horario interconectados con la inspección, que implican inversiones no productivas y altos costes de mantenimiento sin retorno económico. Las Pymes pueden tener más margen, pero necesitarían un periodo escalonado o transitorio para su financiación e implantación y para su puesta en marcha.
En el lado laboral, se podría preguntar el autor intelectual de la pretendida norma cual es el nivel de nuestros trabajadores (nivel medio por grupos de edades) en materia de competencias digitales para cumplir con los requerimientos técnicos y obligaciones que supondrá en el futuro este nuevo sistema de registro. Es mas que probable que este “dato” también sea otro problema adicional a la hora de implantación del sistema y de la fiabilidad del mismo.
Finalmente, desde un estricto punto de vista económico vemos que una vez mas estamos ante una norma con claros objetivos recaudatorios por parte del gobierno: Es previsible que un mayor control horario pueda llevar a un incremento de las cotizaciones sociales y a una mayor recaudación de IRPF, además de a la ya citada imposición de elevadas sanciones que también supondrán una recaudación adicional. Sin embargo, en el otro lado de la balanza estarán, entre otros, el incremento de los costes laborales para la empresa, mayor dificultad a la hora de organizar el trabajo y mayor complejidad para adaptar los recursos humanos en los momentos de incrementos de demanda (menor flexibilidad), todo ello unido a los costes de digitalización, de formación y de gestión del nuevo sistema.
¿Hoy la pregunta seria, por que no se opta por un marco legal general adaptable a nuestra diversidad empresarial, con hitos temporales realistas, para que los mismos se vayan alcanzando en la forma y plazo que se pacten en el marco de la negociación colectiva y del dialogo social?
Una vez más nos toca dar la voz de alarma y esperar a ver qué pasa.
Manuel Lamela Fernández, Fundador y Presidente Ejecutivo
Descargar el artículo completo
¿Dudas sobre su caso? Escríbanos y le orientamos.
Puede ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos a clientes@acountax.es, llamándonos de forma gratuita al 900 264 785 o rellenando el siguiente formulario de contacto que ponemos a su disposición. Le responderemos en menos de 24 horas.