Tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) atraviesa uno de sus momentos más decisivos. Lejos de su entrada en vigor inmediata, el texto se encuentra actualmente en una fase de revisión jurídica que ha paralizado su ratificación definitiva.
El Parlamento Europeo ha aprobado remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, una decisión que supone, en la práctica, un bloqueo temporal del proceso y que podría prolongarse entre 18 y 24 meses.
Un acuerdo firmado, pero no ratificado
Aunque el texto fue firmado recientemente tras más de 25 años de negociación, el tratado no puede entrar en vigor sin el visto bueno del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los países implicados. La remisión al TJUE responde a dudas sobre:
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El reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros.
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La compatibilidad del acuerdo con las normas medioambientales y sanitarias europeas.
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La protección efectiva del sector productivo comunitario frente a posibles desequilibrios competitivos .
La votación parlamentaria reflejó además una profunda división política, evidenciando que el acuerdo no cuenta con un consenso sólido dentro de la propia Unión.
Reacciones del sector agroalimentario
Las organizaciones agrarias europeas han recibido la decisión con prudente satisfacción. Para muchos productores, el envío del acuerdo al TJUE supone una victoria parcial, pero no definitiva. El mensaje del sector es claro: el acuerdo, tal y como está concebido, genera una preocupación real sobre:
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La entrada de productos agrícolas procedentes del Mercosur con menores exigencias regulatorias.
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La presión a la baja sobre los precios en mercados sensibles como la carne, el azúcar, los cereales o las oleaginosas.
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La falta de reciprocidad efectiva en estándares medioambientales y fitosanitarios .
Las movilizaciones de agricultores en ciudades como Estrasburgo han reflejado el malestar de un sector que considera que el acuerdo puede comprometer la viabilidad de muchas explotaciones europeas.
La dimensión política y estratégica
Desde la Comisión Europea y algunos Estados miembros se defiende el acuerdo como una herramienta estratégica para diversificar mercados, reducir dependencias comerciales y reforzar la posición geopolítica de la UE frente a otras potencias. Sin embargo, países como Francia han mostrado una fuerte oposición política y social, llegando el debate al propio Parlamento francés, donde se han producido tensiones y votaciones muy ajustadas relacionadas con el impacto del acuerdo en su sector agrícola.
La situación actual del acuerdo genera un escenario de incertidumbre normativa que obliga a las compañías agroalimentarias a actuar con cautela:
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No existe aún un marco definitivo aplicable.
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Las condiciones de acceso a mercados pueden variar sustancialmente en función del fallo del TJUE.
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La planificación de exportaciones, inversiones o alianzas comerciales debe contemplar escenarios alternativos.
Desde Acountax se ha venido advirtiendo en distintos encuentros profesionales sobre el impacto potencial del acuerdo UE-Mercosur en la competitividad del sector agroalimentario, destacando la necesidad de estudiar mecanismos legales que permitan garantizar la defensa de las producciones europeas en un entorno de competencia internacional.
Manuel Lamela, Presidente ejecutivo de Acountax, señaló en la jornada “La Competencia Desleal. La gran amenaza para la supervivencia del sector agroalimentario” que:
“El sector agroalimentario es el más importante de nuestra economía y el acuerdo con Mercosur pone en riesgo algunas de nuestras producciones y exportaciones. Contamos con un marco jurídico y una jurisprudencia europea razonables, por lo que es importante estudiar la posibilidad de ejercer acciones legales, tanto ante la Comisión Europea como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para reaccionar jurídicamente ante decisiones que pueden resultar gravemente perjudiciales para el campo.”
Seguiremos de cerca la evolución de este proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las decisiones posteriores de las instituciones comunitarias, informando puntualmente de cualquier novedad que pueda afectar al sector agroalimentario.
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