El ciberfraude ya no es un riesgo remoto ni exclusivamente tecnológico. Es una amenaza económica directa para el tejido empresarial español. Así se puso de manifiesto en la jornada “Ciberataques y Empresa: Prevención y Protección”, organizada por Madrid Foro Empresarial y en la que Acountax participó activamente.
La sesión fue moderada por Aránzazu Núñez, Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Acountax Abogados, quien situó el debate en un contexto especialmente preocupante desde el punto de vista empresarial y jurídico.
Núñez recordó que en 2025 el fraude digital aumentó un 40 % en España, con más de 1.200 estafas diarias y cerca de 107.000 infracciones penales de fraude online solo en el primer trimestre del año. “No estamos ante un fenómeno puntual ni marginal. Estamos ante una forma de delincuencia económica que opera a gran escala y con impacto directo en la actividad empresarial”, señaló.
Asimismo, destacó que una de cada cuatro pymes identifica ya el fraude digital como su principal fuente de pérdidas, y que muchas llegan a perder cerca del 8 % de su facturación anual como consecuencia de estafas informáticas. “El impacto no es solo tecnológico. Es financiero, reputacional y, en determinados casos, puede derivar incluso en responsabilidades legales para la propia empresa”, añadió.
Núñez puso también el foco en la brecha estructural del sistema: pese al elevado volumen de casos, apenas un 2,5 % de los fraudes llega a juicio. “Esa desproporción entre hechos cometidos y hechos sancionados obliga a reflexionar sobre la capacidad real de respuesta, los recursos disponibles y el nivel de especialización necesario para afrontar este fenómeno”, concluyó.
Una reflexión sobre la capacidad del sistema ante un fenómeno estructural
En el tramo final del encuentro, Pablo Molina, Socio Responsable del Área Penal, Litigación y Arbitraje de Acountax Abogados, abordó la cuestión desde una perspectiva estructural, situando el foco no solo en el volumen creciente del ciberfraude, sino en la capacidad real del sistema para responder con eficacia.
Molina destacó que el fraude digital se ha consolidado como una de las principales expresiones de la criminalidad económica contemporánea. Se trata de una delincuencia masiva, organizada y altamente profesionalizada, cuya evolución tecnológica y operativa avanza con rapidez. Frente a ello, la respuesta penal y judicial no siempre progresa al mismo ritmo, lo que genera una brecha entre la comisión de los hechos y su efectiva persecución.
Desde el punto de vista normativo, subrayó la necesidad de analizar si las herramientas penales actuales están plenamente adaptadas a delitos basados en ingeniería social, suplantaciones de identidad y estructuras internacionales de desvío de fondos, o si, por el contrario, se están aplicando categorías tradicionales de estafa a una realidad digital más compleja y sofisticada.
En el plano práctico, señaló que la baja proporción de casos que culminan en condena responde a una combinación de factores: complejidad probatoria en entornos digitales, dificultades de trazabilidad internacional del dinero, exigencia de especialización técnica y presión sobre los recursos disponibles. Todo ello plantea un reto evidente en términos de formación, dotación de medios y coordinación institucional.
No obstante, Molina insistió en que la cuestión no puede analizarse únicamente desde la óptica institucional. La estructura interna de las propias empresas desempeña un papel determinante. La existencia de protocolos claros, sistemas de verificación, controles internos y cultura organizativa sólida no solo reduce riesgos, sino que refuerza la posición jurídica de la empresa en caso de incidente. La prevención, afirmó, no puede improvisarse una vez producido el fraude.
En este contexto, concluyó que la combinación de sofisticación delictiva, presión sobre el sistema judicial y carencias organizativas en determinadas compañías explica la sensación de vulnerabilidad que hoy afecta especialmente a pymes y autónomos. Cuando el fraude digital alcanza miles de casos anuales con impacto directo en la economía real, el debate trasciende el ámbito estrictamente penal y se sitúa en el terreno de la seguridad económica y la competitividad del país.
Impacto económico directo en las pymes
El debate evidenció además que el impacto del fraude digital en pymes puede ser especialmente grave. Diversos informes sitúan en torno al 7,7 % de la facturación anual media las pérdidas derivadas de fraudes y estafas digitales en empresas afectadas, una cifra que compromete directamente su viabilidad.
La conclusión fue clara: el ciberfraude no es un fenómeno marginal ni una cuestión exclusivamente tecnológica. Es un desafío empresarial y jurídico de primer orden que exige prevención, orden interno, cultura organizativa y una respuesta institucional acorde a la magnitud del problema.
Desde Acountax se reiteró la importancia de combinar cumplimiento normativo, protocolos internos y estrategia jurídica para fortalecer la posición de las empresas frente a una amenaza que ya forma parte del entorno económico actual.
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