Madrid Foro Empresarial celebró hoy en la Fundación Pons una sesión centrada en los procesos de licitación y contratación administrativa, un ámbito clave para miles de empresas que dependen en gran medida de la obra y el servicio público. La mesa, moderada por Manuel Lamela, fundador y presidente ejecutivo de Acountax Abogados y coordinador de Asuntos Jurídicos de la organización, reunió a perfiles con amplia experiencia: Jorge Fernández-Ordás (Acountax), Fernando Gomar (Vaciero Abogados), José Ignacio Buj “Nacho” (Seranco SAU) y Alberto Ramírez-Soto (HXR Arquitectos).
Lo que surgió fue un diagnóstico claro: el sistema avanza, pero sigue siendo demasiado rígido y exige a las empresas una preparación impecable para no caer en errores que pueden costar una adjudicación.
Un sistema aún marcado por la rigidez de los marcos normativos
Los ponentes coincidieron en que la actual Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) —que traspone las directivas europeas de 2014— pretende agilizar y digitalizar la contratación, pero en la práctica los procedimientos siguen siendo pesados, formales y poco adaptables a imprevistos.
La fase de preparación (memoria, informe de necesidad, pliegos técnicos y administrativos) es fundamental, pero también fuente de problemas: pliegos rígidos, cláusulas repetidas sin claridad interpretativa o criterios técnicos sujetos a valoración subjetiva. Todo ello puede llevar más tarde a la necesidad de un “modificado”, con las complicaciones legales que eso implica.
Errores recurrentes en las ofertas: siempre los mismos y siempre decisivos
Fernando Gomar subrayó que muchas empresas “incurren una y otra vez en los mismos fallos”: documentación incompleta, errores formales, previsiones de costes mal calculadas o desconocimiento del pliego.
La normativa es clara: para participar hay que acreditar capacidad, solvencia económica y solvencia técnica o profesional, y cualquier error puede dejar fuera a una empresa antes de valorar su oferta.
Gomar insistió en tres ideas:
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Contar con un sistema de alertas y búsqueda para filtrar licitaciones adecuadas.
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Preparar bien la fase de consultas al órgano contratante: preguntar a tiempo evita recurrir después.
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Evitar entrar en procesos donde los criterios técnicos son difícilmente impugnables; en lo público, demostrar discriminación técnica es casi imposible.
Aun así, la vía del recurso especial en materia de contratación sigue siendo valiosa, accesible y útil si se usa correctamente.
Plazos, recursos y el pliego como “biblia” del proceso
Jorge Fernández-Ordás recordó que el recurso especial en materia de contratación (regulado en los arts. 44 a 60 de la LCSP) es una herramienta esencial para garantizar la correcta aplicación del procedimiento. Subrayó que muchas empresas lo utilizan tarde o mal porque desconocen el régimen de plazos, un aspecto en el que, insistió, “no hay margen de error”.
Explicó que el cómputo del plazo no empieza cuando la empresa recibe la notificación individual, sino cuando la resolución se publica en el perfil del contratante, que es el órgano oficial de publicidad del expediente. Esta diferencia —habitualmente pasada por alto— puede dejar fuera un recurso simplemente por presentar la impugnación uno o dos días después de lo debido.
También abordó las modificaciones contractuales, un terreno donde la LCSP es especialmente estricta. Según destacó, la doctrina coincide en que solo pueden modificarse los contratos dentro de los supuestos tasados por la propia ley, y que un adjudicatario tiene muy limitada la posibilidad de impugnar una modificación si ésta no estaba prevista expresa y detalladamente en los pliegos. Por eso insistió en que la fase previa de análisis y aclaración del pliego es tan determinante.
Fernández-Ordás definió el pliego como “la auténtica biblia del procedimiento”: es donde se fijan el objeto, los criterios de adjudicación, los umbrales, las condiciones de ejecución y los supuestos de modificación. Recordó que la LCSP, así como las guías técnicas de referencia, insisten en que el licitador debe ajustarse exactamente a lo previsto en los pliegos, sin interpretaciones creativas ni lecturas parciales.
Las empresas deben vigilar permanentemente el perfil del contratante, formular aclaraciones antes de presentar la oferta, entender qué partes del pliego pueden condicionar la ejecución futura y actuar con rapidez si surge la necesidad de recurrir. Solo así se evita entrar en un contrato con un riesgo jurídico innecesario.
La experiencia del sector técnico: arquitectura y obra pública
Alberto Ramírez-Soto explicó el paso de su estudio de arquitectura desde el cliente privado hacia la licitación pública como una forma de equilibrar el negocio y estabilizar ingresos, destacando que es fundamental disponer de un currículum sólido y estructurado para competir en estas convocatorias.
Por su parte, Nacho Buj aportó la visión desde una gran constructora: de 100 licitaciones, solo 10 llegan a convertirse en obra real.
El riesgo económico es alto, especialmente por el depósito de garantía, y la valoración sigue en muchos casos muy condicionada por la baja económica, pese a que los criterios técnicos pesan cada vez más.
La clave, según Buj, está en entender que “el concurso se gana con la técnica, pero se pierde con una baja mal calculada”.
¿Es un terreno solo para grandes empresas?
No es un terreno exclusivo para las grandes, pero cada empresa debe saber a qué tipo de licitación puede aspirar. La LCSP pretende facilitar el acceso de las PYMEs reduciendo cargas administrativas y fomentando la contratación electrónica. Sin embargo, la experiencia real indica que la estructura interna, la solvencia y la especialización siguen siendo barreras importantes.
Los momentos críticos para el empresario
Hay tres puntos donde más se la juega una empresa:
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Redacción de la propuesta: los criterios de adjudicación están muy definidos en los pliegos por tanto, la redacción debe ser clara, bien estructurada y, si es posible, visual. No ajustarse a ellos supone riesgo de exclusión.
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Cambios sobrevenidos entre adjudicación y ejecución: pueden obligar a solicitar un modificado conforme a la ley, algo complejo y no siempre aceptado. Tal y como se ha debatido, la modificación del contrato es compleja. La doctrina jurídica lo señala como un “incidente de ejecución” sin efecto suspensivo automático, y el adjudicatario puede tener limitada capacidad de impugnación si no había previsión.
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La firma con una baja económica arriesgada: el riesgo de incluir una baja muy agresiva sin prever imprevistos puede llevar a pérdidas. En documentos de procedimiento se aprecia que la fase de preparación exige previsión de costes.
La recomendación fue clara, estos momentos críticos requieren que la empresa dedique recursos a la fase de preparación, evaluación del riesgo y estrategias de ejecución.
Falta de persistencia y uso insuficiente de los mecanismos legales
Manuel Lamela insistió en que muchos empresarios se quejan de que “siempre adjudican a los mismos” o de que “los pliegos están mal”, pero después no recurren, no piden aclaraciones y no agotan las vías disponibles. Muchas empresas no recurren cuando podrían, o no utilizan las herramientas de impugnación disponibles.
Las empresas deben adoptar una actitud proactiva, no solo optar, sino estar preparadas para impugnar o defender su posición si el pliego lo permite y la situación lo requiere.
La llegada de la inteligencia artificial como aliada
La jornada concluyó destacando el potencial de la inteligencia artificial en la contratación pública: automatizar búsquedas, filtrar oportunidades, detectar incompatibilidades, analizar riesgos y comparar pliegos.
Aunque la LCSP tiene aún camino por recorrer en materia de digitalización, las herramientas de IA pueden suponer un salto cualitativo para que las empresas identifiquen licitaciones adecuadas y optimicen tiempo y recursos.
La contratación pública exige perseverancia, capacidad de análisis y una estrategia definida. No basta con presentarse.
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