Madrid Foro Empresarial celebró este miércoles, 11 de febrero, en el Centro de Negocios de Empresas Ibercaja (Almagro, 46), el debate “Contribuyente y Agencia Tributaria: una relación al límite”, un encuentro que reunió a expertos del ámbito económico y tributario para analizar la evolución de la relación entre la Administración Tributaria y el tejido empresarial.
La jornada fue inaugurada por Hilario Alfaro y moderada por la periodista económica Susana Burgos. En ella intervinieron Ignacio Basco, presidente del Movimiento de Contribuyentes en Acción; Ignacio Ruiz-Jarabo, economista y exdirector general de la Agencia Tributaria; y Bruno Berenguer, asociado del Área de Fiscalidad y Litigación Tributaria de Acountax.
Durante su intervención, Ignacio Ruiz-Jarabo planteó que, a su juicio, la relación actual entre Administración y contribuyente presenta un desequilibrio creciente, especialmente en lo que respecta a la posición predominante de la Administración en los procedimientos tributarios. En este sentido, hizo referencia a elementos como la presunción de validez de los actos administrativos y su ejecutividad, características propias del sistema jurídico-administrativo español, cuyo impacto —según expuso— puede resultar particularmente intenso para pymes y autónomos.
Asimismo, se abordó la cuestión de la conflictividad en vía administrativa y económico-administrativa. Los ponentes señalaron que el volumen de reclamaciones y recursos evidencia la necesidad de continuar avanzando en mecanismos que refuercen la seguridad jurídica y la claridad normativa.
En este contexto, se mencionó la posible aprobación de un futuro Estatuto del Contribuyente como instrumento orientado a fortalecer garantías y mejorar el equilibrio en la relación jurídico-tributaria.
Carga formal y actividad empresarial
Otro de los ejes del debate fue la creciente complejidad normativa y el peso de las obligaciones formales que recaen sobre empresas y profesionales. Según se expuso, el cumplimiento de autoliquidaciones, declaraciones informativas y requerimientos periódicos supone un esfuerzo organizativo y económico relevante para el tejido empresarial, más allá de la propia carga impositiva.
También se reflexionó sobre el sistema de notificaciones electrónicas, práctica consolidada en la Administración Tributaria. Algunos intervinientes plantearon la conveniencia de analizar su funcionamiento en el marco del debate general sobre la desconexión digital y la organización empresarial, subrayando la importancia de la proporcionalidad y previsibilidad en la comunicación administrativa.
Interpretación y aplicación de la norma
Durante la jornada se abrió igualmente una reflexión sobre la diferencia entre la función legislativa —que corresponde al Parlamento— y la interpretación y aplicación práctica de la norma, que compete a la Administración Tributaria. Los expertos coincidieron en que la seguridad jurídica exige una aplicación coherente y previsible del marco normativo, especialmente en un entorno de creciente complejidad fiscal.
La participación de Acountax
En representación de Acountax, Bruno Berenguer aportó la visión práctica derivada del asesoramiento diario a empresas y contribuyentes. Durante su intervención destacó la importancia de preservar un entorno fiscal que, manteniendo la eficacia recaudatoria, no desincentive la inversión ni la actividad económica. A través de ejemplos profesionales, expuso cómo determinadas actuaciones pueden generar efectos significativos en la planificación y estabilidad empresarial.
Un debate abierto
Pese a las distintas sensibilidades expresadas, los participantes coincidieron en que el sistema tributario debe ser sólido y progresivo como garantía del Estado de Bienestar. El debate se centró, no en cuestionar su necesidad, sino en reflexionar sobre cómo compatibilizar eficacia administrativa y lucha contra el fraude con un marco de garantías equilibrado y respetuoso con la actividad económica.
La jornada concluyó poniendo de relieve la importancia de mantener abierto el diálogo entre Administración, profesionales y tejido empresarial para avanzar hacia una relación basada en la seguridad jurídica, la claridad normativa y la confianza institucional.
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