La sede de Foment del Treball Nacional acogió la jornada de presentación del Informe sobre la litigiosidad tributaria en España, un encuentro que reunió a expertos del ámbito jurídico y empresarial para analizar una realidad que afecta de manera directa a la seguridad jurídica, la competitividad y la confianza en las instituciones.
El estudio parte de un dato revelador: más de la mitad de los actos administrativos tributarios que son recurridos acaban siendo anulados total o parcialmente en alguna fase del procedimiento. Lejos de ser una cifra aislada, este porcentaje refleja un desajuste estructural en la producción normativa y en la aplicación práctica del sistema tributario.
Una conflictividad que no es coyuntural
La litigiosidad tributaria no responde únicamente a un incremento del número de recursos, sino a un fenómeno más profundo. La combinación de complejidad normativa, inestabilidad legislativa, disparidad de criterios administrativos y presión recaudatoria ha generado un escenario de creciente inseguridad jurídica.
En este contexto, el análisis jurídico y la visión empresarial coincidieron en un diagnóstico común: el sistema necesita mayor claridad, estabilidad y coherencia.
La dimensión jurídica: calidad normativa y garantías
Durante la jornada intervino Leopoldo Gandarias, Asociado Of Counsel y Responsable del Área de Empresa, Patrimonio y Litigación Tributaria de Acountax, quien subrayó que aproximadamente un 60% de las liquidaciones tributarias recurridas resultan finalmente estimadas total o parcialmente si se consideran todas las instancias, desde la reposición hasta la vía judicial.
En sus palabras:
“Más de la mitad de los actos administrativos tributarios recurridos son finalmente considerados contrarios a Derecho.”
Esta afirmación obliga a centrar el debate no solo en la litigiosidad en sí, sino en la calidad de los actos administrativos y en la técnica normativa que los sustenta.
Entre las causas señaladas destacan:
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La deficiente técnica legislativa y la proliferación normativa.
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El uso intensivo del Real Decreto-ley y de normas “ómnibus”.
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La automatización masiva de actuaciones de control mediante cruces de datos.
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Un déficit de motivación en determinados actos administrativos.
Asimismo, Gandarias advirtió sobre la banalización del presupuesto habilitante del Real Decreto-ley:
“La extraordinaria y urgente necesidad no puede convertirse en una fórmula rutinaria que vacíe de contenido las garantías constitucionales.”
Y recordó que la relación entre Administración y contribuyente no puede construirse desde la mecanización y la distancia institucional:
“La palabra, herramienta fundamental de las relaciones humanas disciplinadas, es la gran ausente en esta dimensión funcional de la Hacienda Pública.”
Desde una perspectiva propositiva, defendió la necesidad de reforzar la calidad normativa y explorar fórmulas consensuales en vía económico-administrativa y contencioso-administrativa, siguiendo modelos comparados que permitan reducir la conflictividad sin debilitar las garantías.
La perspectiva empresarial: competitividad y confianza
La visión empresarial fue expuesta por el Dr. Ramón Mª Calduch Farnós, Presidente de la Asociación Española de Asesores de Empresa (AESAE), quien calificó la situación sin ambigüedades:
“La litigiosidad tributaria en España es un problema estructural, profundo y cada vez más preocupante.”
Calduch puso el foco en el impacto económico directo de esta conflictividad:
“Los litigios consumen recursos que deberían destinarse al crecimiento, la innovación o la creación de empleo.”
El marco normativo complejo, inestable y en ocasiones contradictorio, unido a la disparidad de criterios administrativos y judiciales, genera incertidumbre y obliga a las empresas a destinar recursos significativos a la defensa jurídica.
Desde AESAE se plantearon propuestas concretas orientadas a reconstruir la confianza en el sistema:
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Simplificación y estabilidad normativa.
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Impulso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
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Fomento de una relación más dialogante entre Administración y contribuyentes.
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Agilización de los procedimientos contenciosos.
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Revisión del régimen sancionador para evitar penalizaciones desproporcionadas ante errores razonables.
En este sentido, el Presidente de AESAE subrayó:
“Necesitamos una Administración que informe, que oriente y que busque soluciones, en lugar de una que sancione por defecto.”
Un reto institucional
La jornada dejó una conclusión clara: la litigiosidad tributaria no es un fenómeno aislado ni meramente estadístico. Es el reflejo de un desajuste entre producción normativa, gestión administrativa y realidad empresarial.
Reforzar la seguridad jurídica, mejorar la calidad técnica de las normas y recuperar espacios de diálogo institucional no es una cuestión ideológica, sino una exigencia estructural para la estabilidad del sistema tributario.
Reducir la conflictividad no significa limitar el derecho de defensa, sino fortalecer la confianza en las instituciones y promover un modelo orientado al cumplimiento voluntario.
El debate está planteado. El siguiente paso corresponde a los responsables públicos y al conjunto de los operadores jurídicos y económicos.
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