Acountax Abogados «en directo» consultas jurídicas

En una destacada intervención en la radio, nuestro Socio Director, Manuel Lamela, analizó el preocupante panorama de violencia que enfrentan los profesionales de la salud en España. En el marco del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que coincide con el 15º aniversario del trágico asesinato de la Dra. Mª Eugenia Moreno, Lamela destacó la importancia de abordar esta problemática.

Los datos presentados por la Organización Médica Colegial revelan una situación alarmante: durante el año 2023, se registraron 769 agresiones, equivalente a dos médicos siendo víctimas de violencia diariamente. Desde 2011, la cifra total de agresiones ha ascendido a 7.261, evidenciando una tendencia preocupante y persistente.

Uno de los puntos más preocupantes es que el 90% de las agresiones ocurren en el ejercicio público, mientras que solo el 10% ocurren en el ámbito privado. Además, el informe destaca que el perfil mayoritario de los agredidos corresponde a mujeres que trabajan en atención primaria.

Respecto al perfil de los agresores, el informe elaborado por la Organización Médico Colegial indica que la mayoría son pacientes programados (47%), seguidos de pacientes no programados (30%) y acompañantes (22%). 

Sin embargo, la protección legal hacia los médicos víctimas de agresiones varía según el entorno en el que ejercen su actividad. El Código Penal español ofrece una mayor protección cuando el profesional sanitario trabaja dentro de la administración pública, siendo considerados como autoridad en estos casos. Sin embargo, esta distinción genera incertidumbre sobre cuándo se les considera autoridad y cuándo tienen una mayor protección ante agresiones de pacientes.

En el ámbito publico, se incluyo hace unos años una reforma en el código penal, en el articulo 550, catalogando tanto a profesionales sanitarios como profesores de educación, como autoridades a efectos de que si se produce un agresión, estamos hablando de una agresión a una «autoridad» por ser funcionarios públicos. 

En el caso de la sanidad privada, no es un funcionario público, y no está catalogado como algo especifico de nuestra legislación y por tanto, en caso de agresión tiene que acudir a la legislación general. En esta legislación general encontramos el delito de coacciones, el delito de amenazas si llegan a producirse estas y el delito de lesiones agravadas por las anteriores.

Lamela subrayó la necesidad de revisar y clarificar la legislación para brindar una protección adecuada a todos los médicos, independientemente del ámbito en el que ejerzan su actividad.

En última instancia, Lamela destacó la importancia de un enfoque integral para abordar esta preocupante problemática de violencia contra los profesionales de la salud en España, enfatizando en la necesidad de proporcionar un entorno seguro y protegido para quienes dedican sus vidas a cuidar de los demás.

Además, Lamela culminó si intervención afirmando que ante una situación de este tipo, lo fundamental es que se pongan en marcha los protocolos adecuados, pero si estos protocolos existentes son ineficaces lo que nuestro Socio Director sugiere es, siempre es acudir a un profesional.