Cuando las “necesidades” son personales, partidistas y contrarias al interés general, no hay “virtud” que se pueda defender

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Madrid,  15 de marzo de 2024

Cuando las “necesidades” son personales, partidistas y contrarias al interés general, no hay “virtud” que se pueda defender

La pasada semana, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobaba la proposición de Ley de Amnistía o lo que es lo mismo, la rendición incondicional del Gobierno de España ante los que atentaron contra la integridad territorial del Estado con estrategias, acciones y medidas que, en una buena parte, fueron ya juzgadas y condenadas por nuestros Jueces y Tribunales, reconociéndolas como conductas graves y dolosas, previstas y penadas en nuestro vigente Código Penal y, en otra parte, se encuentran en fase de investigación e instrucción como presuntos delitos de terrorismo, también contemplados en nuestro Código Penal y sobre los que hay ya una jurisprudencia consolidada .

Desde que el Presidente del Gobierno dejó de ser un férreo opositor a cualquier tipo de amnistía por estos hechos, y con el todas sus personas de confianza, ministros y la plana mayor del PSOE, lo único que realmente ha sucedido es que como el mismo señaló en un Comité Federal, “hay 56 diputados y diputadas que reclaman una amnistía para apoyar una investidura” y, añado yo, sin posibilidad alguna de investidura sin contar con estas 56 señorías. Aunque hay que recordar que estos 56 diputados fueron a las elecciones defendiendo la amnistía en su programa electoral, al contrario que el Sr. Sánchez, que la negó por activa y por pasiva en todos sus actos públicos, comparecencias y obviamente en su programa electoral.

Los argumentos, jurídicos, políticos, éticos y de oportunidad han sido y son abrumadoramente apabullantes en contra de una medida que hoy, sin consultar previamente a la ciudadanía y sin promover reformas legales y constitucionales, no cabe en un Estado democrático de derecho.

Tampoco caben en el ámbito de los derechos y libertades reconocidas y amparadas por el marco normativo que disfrutamos a nivel nacional y, obviamente, también a nivel europeo, más aún cuando los futuros “beneficiados” con la medida de gracia afirman, reiteran y presumen públicamente de que después de esta “Ley” continuaran la andadura del “process” hacia la autodeterminación y hacia la ruptura de la integridad territorial del Estado amparada en la Constitución del 78. Es decir, al contrario de lo que se dice por los miembros del Gobierno y por los diputados y diputadas socialistas, ni siquiera un “arrepentimiento” que mejore la “convivencia ciudadana” puede utilizarse como justificación para este disparate ético, moral y jurídico.

¿Cuál es entonces la razón de todo esto? No hay que inventar nada para explicarla, porque como antes señalamos, fue el hoy presidente del Gobierno el que la explicó nítidamente en su Comité Federal, creo que, del pasado mes de octubre, y no es otra que la de “amnistía por gobierno”.

Es decir, comprar una legislatura (veremos si la factura pagada es suficiente para cubrir cuatro años),  pagando la misma, al contado y por anticipado,  con una medida de gracia, que además de amoral, es contraria al Interés General (de la inmensa mayoría de los españoles y españolas),  al ordenamiento jurídico, constitucional y legal (Código Penal) y también a la inteligencia, por que a nadie se le escapa que las medidas de gracia, de valorarse, deben de partir siempre del arrepentimiento sincero del agraciado, cosa que lejos de darse en este caso, se pretende utilizar la medida para humillar al Estado y a su Poder Judicial por haber cumplido con las obligaciones propias de un Estado de derecho occidental, libre y democrático.

En este mismo Comité, el Sr. Sánchez explicó nítidamente que: “…esta medida es una condición para que pueda haber un Gobierno de progreso y para evitar un Gobierno de la derecha y la ultraderecha”. Es decir, el precio a pagar para poder gobernar y que no gobiernes otros, a los que, por cierto, la ciudadanía les dio una mayoría minoritaria más amplia que la suya, sin contar los 56 votos comprados.

Dicho de otra manera, entiende que la consecución de lo que llama “gobierno de progreso” justifica tanto la compra de votos y voluntades como la consecuente demolición del Estado constitucional de derecho que, eliminando muros ideológicos y cicatrizando heridas, nos ha dado cuarenta años de progreso, paz y estabilidad en libertad.

Es previsible que esta semana se apruebe por el pleno del Congreso el texto ya aprobado en Comisión, gracias a la compra de votos y voluntades. Veremos qué pasa después en el Senado, y qué hacen posteriormente nuestros órganos judiciales y el Tribunal Supremo en los que los ciudadanos que creemos en el Estado de derecho debemos seguir confiando. Veremos que la Ley no es ni mucho menos fácil de aplicar (en beneficio de los interesados) y que “el papel no lo aguanta todo”.

Pero quizás también tengamos que ver que, si el texto normativo prospera, “alguien”, algún día, podrá decir que se olvidaron de incluir un apartado que amnistíe, a los propios impulsores, autores y responsables de este texto legal que no dudaron en comprar 56 voluntades para justificar un “gobierno de progreso”, ajeno al interés general de la mayoría de los españoles y que, por cierto, no aparece como eximente en el articulo 419 y siguientes de nuestro Código Penal vigente.

Manuel Lamela Fernández, Socio Director de Acountax 

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