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Madrid, 18 de marzo de 2022
El pasado mes de febrero el Instituto de Estudios Económicos presentó una reflexión de 60 expertos, a modo de “libro blanco”, para el diseño de una reforma fiscal en España y el 3 de marzo el denominado “grupo de expertos” (dieciocho en su origen) designado por la Ministra de Hacienda presentó otro informe, con la misma finalidad de plantear propuestas para acometer una reforma de nuestro sistema impositivo que “acerque la tributación española a la media de la Unión Europea”.
Es sorprendente que, persiguiendo, en apariencia, objetivos comunes, los dos grupos de expertos hagan planteamientos tan distantes desde el punto de vista fiscal y con tantas implicaciones o consecuencias (en caso de aplicación) en una economía débil, en proceso de recuperación ralentizado, ahora más que nunca, por un entorno mundial condicionado por la atroz guerra de Ucrania y por las legítimas sanciones económicas impuestas por occidente a Rusia.
Aunque la ministra Montero fue ágil en decir que “esta semana no es el momento” para reformas impositivas que pudieran sustentarse en la línea trazada por este segundo grupo de expertos, no es menos cierto que la escasa credibilidad y fiabilidad del Gobierno, presionado por sus socios, que también presentaron el 7 de febrero su propia propuesta de reforma impositiva (ajena a la del Gobierno del que forman parte), hace temer que, en el mejor de los casos, estamos ante un “certus an, incertus quando” y que el “cuando” podría no ser muy lejano, quizás poco a poco o por “goteo”, y salvo que pese más un escenario preelectoral que la imperiosa necesidad recaudatoria que tiene la Hacienda Pública del Estado ante la incapacidad que demuestra de hacer ajustes razonables en el disparatado gasto público.
Sin duda, los “modelos” que cada informe plantea serian interesante objeto de debate en el marco de una campaña electoral por contemplar, en muchos temas, estrategias antagónicas bajo el común denominador de la “armonización”, a nivel autonómico y a nivel europeo.
El informe de los expertos de la Sra. Montero es, sin duda, un buen informe construido de atrás hacia adelante, o lo que es lo mismo, desde la conclusión y deseo del ejecutivo de procurar una subida impositiva global, disfrazada de reordenación técnica y modernización del sistema fiscal español. Se responde por los expertos a que debemos hacer para subir los impuestos y no a qué debemos hacer para tener un sistema fiscal moderno, equilibrado, proporcional y homologable con los países de nuestro entorno y con la UE, capaz de generar en este delicado momento crecimiento económico sostenible, riqueza y empleo.
Que esto es así lo evidencia un autentico alarde de sorprendente sinceridad de nuestra ministra cuando desde el minuto cero reconoce que “no es el momento” para aplicar lo que el informe propone. Es decir, el informe propone multitud de medidas fiscales contraindicadas para una situación económica como la que estamos y siendo esto así cabe preguntarse cual habría sido la razón última del encargo del Gobierno a los expertos, no encontrando otra respuesta que no tenga que ver con satisfacer con ello el dogmatismo social-comunista de las políticas económicas que desde una parte del Gobierno se quieren imponer bajo el titulo de “progresistas”. En honor a la verdad, los propios autores del informe, conscientes de esto, y a la hora de hablar del “calendario de reformas” afirman que consideran “necesario afianzar la recuperación antes de iniciar reformas que aumenten el potencial recaudatorio del sistema tributario” , señalando que “el legislador tendrá que considerar…que las reformas no lastren la recuperación”. No obstante ello, también señalan que consideran acertado “un anuncio temprano de las reformas”, lo cual no podemos compartir por cuanto que ello llevaría a la toma, o no toma, de decisiones por los agentes económicos en el corto y medio plazo de corte “conservador” o “preventivo” que mucho nos tememos que en nada ayudarían a apuntalar el débil crecimiento económico que empezamos a tener nuevamente en un contexto de crisis global.
Es decir, lo que mas puede ayudar en este delicado momento económico y geopolítico en el que nos encontramos es el descartar totalmente para el corto y medio plazo cualquier política que persiga ajustes fiscales con meros fines recaudatorios. Si hay que hacer ajustes deberán ser en las políticas de gasto, en las de prevención del fraude fiscal, y tomando medidas que fomenten mayor actividad económica y con ello mayor recaudación con la misma estructura impositiva.
En síntesis, el informe plantea 118 propuestas de reforma que podemos sintetizar de la siguiente manera:
- IRPF: Supresión de exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales (Estimación Objetiva Singular) y simplificación y reducción de la obligación formal de declarar.
- IVA: Evolución progresiva a un sistema de IVA simplificado a un tipo único general, suprimiendo regímenes especiales aplicables a sectores concretos. Compensación a todos los “afectados” por la reforma (hogares, pymes, autónomos, agricultura…) con prestaciones directas desde los PGE o deducción fiscal reembolsable en el IRPF.
- FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL: Se consideran precisas y urgentes las reformas en esta fiscalidad con los siguientes objetivos:
- Electrificación sostenible.
- Movilidad compatible con la transición ecológica.
- Fomento de la Economía Circular.
- Costes medioambientales asociados al uso del agua.
- IMPOSICION SOCIETARIA: Se propone seguir una senda de armonización del IS a escala internacional y mejorar el diseño del impuesto en España con las siguientes propuestas:
- Evitar que rentas de trabajo o capital se refugien en estructuras societarias.
- Cambios en el régimen de “sociedades patrimoniales”.
- Reforma de la base imponible del impuesto.
- Mantenimiento del tipo general de gravamen.
- No contemplación de un tipo efectivo mínimo.
- Contemplación de los beneficios fiscales y los regímenes especiales como excepciones.
- Reforma del sistema de pagos fraccionados.
- Eliminación del IAE.
- ECONOMIA DIGITALIZADA Y ACTIVIDADES EMERGENTES: Se proponen medidas para nivelar la tributación de las actividades digitales, con o sin residencia en España, y fomentar la transformación digital incentivando innovación y emprendimiento.
- IMPOSICION SALUDABLE: Se propone subidas en impuestos especiales de tabaco, cigarrillo electrónico, alcohol y bebidas alcohólicas (sin descartar cerveza y vino) y bebidas azucaradas para “disuadir del consumo excesivo”.
- ARMONIZACION TRIBUTARIA PATRIMONIAL: Se plantea el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio (no existe ya en la UE) y de Sucesiones y Donaciones. En Patrimonio se plantea elevación del impuesto mínimo a pagar, incremento del mínimo exento a un millón de euros y reducción de la tarifa manteniendo su progresividad. En ISD se propone ampliar la base imponible y redefinir la capacidad normativa de las CCAA de régimen común avanzando o limitando sus competencias al mínimo exento, escalas de gravamen y deducciones o bonificaciones en la cuota.
La polémica y el debate sobre las propuestas planteadas está servida. Esperemos que el Gobierno no caiga en la tentación de implementarlas en este momento y que tan solo sea este informe un elemento más de reflexión para una futura reforma fiscal (sin duda necesaria) que, en un momento de estabilidad económica, desde la prudencia y sin demagogia cuente antes de su implementación con el aval mayoritario de las urnas.
Manuel Lamela, Socio director de Acountax Madrid
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