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Madrid, 5 de junio de 2023
Expertos protagonizan el seminario digital «Bienestar Animal en el sector Porcino» patrocinado por Acountax Abogados, en el que se puso de manifiesto la actualidad en materia de Bienestar Animal en el sector porcino, desde una perspectiva normativa, técnica-científica y medioambiental.
La periodista agroalimentaria Elisa Plumed fue la encargada de moderar este interesante debate, con un éxito de audiencia, en el que se abordó la actualidad de esta materia. Un encuentro digital que ha contado con colaboradores de excepción: Banco Sabadell, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Organización Colegial Veterinaria (Colvet) y Red Científica de Bienestar Animal (RedCIBA).
“La percepción social de las condiciones de vida de los animales está llevando a modificar su manejo, consolidando un modelo de producción ganadera que procura tanto el bienestar animal, como la sostenibilidad ambiental, al tiempo que se mantiene la productividad. Todos estos asuntos son cada vez más sensibles no sólo para el ganadero, para el veterinario y para las administraciones públicas, sino también para el ciudadano, por todo eso organizamos este seminario web”, entraba en materia Elisa Plumed.
Uno de los aspectos más relevantes a la hora de gestionar una explotación porcina es el medioambiental, como bien reconoció Elisa Plumed cuando presentó a Jorge Fernández-Ordás, socio de Acountax y abogado experto en el área de administraciones públicas, derecho agroalimentario y contencioso.
Por eso, Fernández-Ordás, abogado de Acountax versó su charla sobre “Los puntos críticos en los procesos de autorización ambiental en las explotaciones porcinas”, enmarcando en primer lugar qué leyes atañen a la autorización ambiental en este tipo de explotaciones.
“Se trata de un procedimiento garantista -explicaba-, el objetivo final es hacer que la incidencia en el medioambiente de este tipo de explotaciones sea la mínima (…). Precisamente por ese carácter garantista que tiene, se trata de una tramitación bastante compleja, tanto por los trámites que hay que realizar como por la participación de diferentes organismos públicos que participan”.
Por su complejidad estos procedimientos se dilatan bastante en el tiempo, muchas veces es difícil obtener los informes preceptivos, como por ejemplo el de compatibilidad urbanística o el de la confederación hidrográfica cuando es obligado, etc. “En los últimos años lo que se está produciendo es la generación de movimientos de rechazo que puedan darse en determinados municipios a nivel medioambiental, algo que incrementa la presión sobre el propio promotor, sobre todo cuando se pone el foco sobre este tipo de proyectos, que muchas veces vienen de un ámbito no excesivamente técnico o ducho”.
Según Fernández-Ordás, existen unas líneas de mejora que se pueden implementar, como por ejemplo el impulso en la tramitación de los procedimientos, velando por el cumplimiento de los plazos, “que son complicados de cumplir, sobre todo cuando se da la participación de diferentes organismos, por eso existe la posibilidad de hacer una tramitación simultánea y en paralelo cuando se requieren informes diferentes, sobre todo para ahorrar tiempo”.
Al estar esta normativa bajo la tramitación de las comunidades autónomas, a veces se aplican niveles de exigencia distintos, “sin que haya una razón objetiva para ello, ante situaciones similares nos hemos encontrado con comunidades autónomas que actúan de manera diferente”, apunta el abogado.
“Un punto crítico que ahora mismo está cobrando mucha relevancia y que está impidiendo en gran medida la tramitación de este tipo de procedimientos viene por parte de los ayuntamientos, que son el órgano sustantivo de este tipo de procedimientos -comentaba Fernández-Ordás-. Hemos comprobado que cuando el ayuntamiento tiene conocimiento de que se pretende ubicar un proyecto en un término municipal determinado, a veces se aprueba una normativa limitativa de este tipo de proyectos”.
Durante el procedimiento también se ponen trabas: dilación en la cumplimentación de trámites e incluso la negativa a cumplimentarlos. Incluso tras la autorización ambiental también hay problemas, como la aprobación de normativa que impida la ejecución del proyecto, negativa a conceder la licencia municipal e incluso impugnación de las autorizaciones ambientales. Por último, otro de los puntos críticos viene de la mano de las confederaciones hidrográficas, por ejemplo en el incumplimiento de plazos, en la no emisión del informe de compatibilidad con la planificación hidrológica, “algo que suele ser habitual”, o los retrasos afectados por la nueva planificación hidrológica.
Durante el evento se analizó la figura de Veterinario de Explotación, una figura sobre la que recaerán los planes de Bienestar Animal de las explotaciones ganaderas, contemplada en el Real Decreto aprobado el pasado 16 de mayo. Miguel Ángel García Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Veterinarios de Producción Animal de Salamanca, Veproasa, hizo un interesante repaso por las actuaciones que debe llevar a cabo la figura del veterinario de explotación respecto al Programa Sanitario Integral (PSI) en lo que respecta a Higiene y Bioseguridad; Plan de vigilancia y control de enfermedades parasitarias; Protocolo de vigilancia pasiva sanitaria; Muestreo rutinario de enfermedades de control específico; Plan vacunal y Plan de uso racional de medicamentos veterinarios.
Según Garcia Rodriguez, la nueva figura incide en la necesidad de asesorar al ganadero y, como bien apuntaba en su charla: “Los registros son muy importantes, todo lo que no está escrito es como si no existiese; uno de los principales cambios de esta ley es el tema de registros, hay que registrarlo absolutamente todo”.
En este encuentro, también participó Pilar León Arnáiz, del Área de Bienestar Animal de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. Ella fue la encargada de exponer las “Novedades en la normativa de bienestar en granjas de porcino” a raíz de la publicación del Real Decreto 159 de 2023.
La responsable del ministerio abordó la especificación en la nueva norma de la prohibición del raboteo rutinario, “algo que está en la ley de explotaciones porcinas desde los años 90”, recordó; y explicó cómo este asunto ha ido tomando relevancia en el contexto europeo en los últimos años: “Se pidió a todos los Estados Miembros que elaborásemos un plan de acción específico con las medidas adoptadas por para prevenir el raboteo rutinario. Ese plan de acción fue examinado y en 2021 la Comisión Europea presentó su opinión y exigió una mejora en algunos puntos, lo que ha dado lugar al Real Decreto que comentamos”.
Otras disposiciones que recoge la nueva ley y uno de los temas más controvertidos, se refiere a la densidad de cría de los animales, fundamental para prevenir la caudofagia. Se introduce un nuevo rango de peso en cuanto a densidad de entre 110 y 130 kilos y se disminuye la densidad permitida para todos los rangos de edad excepto para el de entre 20 y 30 kilos. “Hay que dar más espacio a los animales para que puedan realizar más actividad y para que puedan escaparse unos de otros”.
Por último, Arantxa Villagrá García, doctora ingeniera agrónoma que desarrolla su investigación en el (CITA-IVIA) y uno de los miembros fundadores de la Red Científica de Bienestar Animal, RedCIBA, comentó que medir la respuesta del animal requiere más tiempo y más experiencia que valorar el bienestar animal a través de indicadores ambientales, pero se puede hacer.
“Los criterios de salud nos permiten medir en el momento, por ejemplo, cualquier tos, mamitis, las diarreas, los prolapsos… -continuaba Villagrá-. El comportamiento también es otra forma de valorar objetivamente el bienestar animal, aunque es un indicador iceberg porque podemos estar viendo solo una parte y que estén quedando muchas cosas por debajo (…); los test de miedo, por ejemplo la respuesta hacia el humano, también miden el comportamiento; y, por último, los indicadores fisiológicos “que nos cuentan cómo está respondiendo el animal a un determinado estímulo”.
La investigadora destacó que todos los indicadores objetivos tienen que tener una serie de características: validez, fiabilidad, y practicidad: “No sirve de nada desarrollar métodos que se queden en investigación”.
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