Atentos al Proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC)

• Resumen de contenido

  Toggle

  Esta norma sentará las bases de los sistemas de gestión y control para una aplicación homogénea de la PAC en todo el territorio nacional.

• Acountax analizará con objetividad el proyecto de ley, con el fin de facilitar al sector el mejor criterio jurídico para su conocimiento y aplicación práctica

La nueva Política Agraria Común (PAC) en España

Cumpliendo el calendario previsto por el Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, como los sistemas de gestión y control, entre otros aspectos, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.

En este sentido, el Gobierno ha recordado que la PAC va a acometer una importante reforma en el año 2023 al objeto de estar más centrada en los resultados y orientada al mercado. Se trata, en palabras del Gobierno de “una PAC más justa, más social y más medioambiental, con una mejor redistribución de las ayudas para impulsar la agricultura familiar y profesional”

La nueva PAC otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar, sobre la base de su situación y necesidades específicas, sus propias intervenciones que permitan alcanzar las metas que se definan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Atendiendo a este cambio de orientación se hacía necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional.

Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordina la puesta en marcha de sistemas eficaces de gestión y control, para que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional y para evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios. Todo ello garantizando siempre el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.

La mayor subsidiariedad a los Estados miembros ha originado que determinados aspectos que anteriormente estaban regulados en la reglamentación comunitaria se deban desarrollar ahora mediante normas nacionales, como es la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional.

Otro aspecto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que es necesario establecer un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse cualquier pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar una aplicación homogénea en el territorio nacional y facilitar, a la vez, la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.

Desde hace años, tanto los sectores implicados como las administraciones competentes han trabajado en el uso sostenible de productos fitosanitarios como en el uso prudente de antimicrobianos.

Ambas cuestiones son una prioridad absoluta tanto para el sector agrario como para el gobierno, y por ello se sigue avanzando en el marco legislativo correspondiente de manera que se pueda cerrar todo el proceso.

En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos en la Estrategia Europea «De la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.

En particular, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones de productores y asociaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos, y en el ámbito de la conservación de recursos genéticos, la legislación en materia de bienestar animal o la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.

Tramitación parlamentaria

El texto aprobado en el Consejo de Ministros ha sido ya debatido con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y cuenta con el informe del Consejo de Estado.

En todo este proceso se han recibido numerosas alegaciones que se han estudiado y algunas de las cuales se han tenido en cuenta, fundamentalmente en relación con la necesidad de evitar una doble penalización por una infracción o de establecer sistemas de apoyo a los agricultores que les permita remitir a la administración la información necesaria para la concesión de las ayudas y para la gestión de sus explotaciones.

Tras esta primera fase de alegaciones, este proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar en el comienzo del año 2023, de tal manera que los agricultores y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de presentar su solicitud única de ayudas de la campaña 2023.

La compleja “arquitectura jurídica” de la nueva PAC

La nueva PAC, entendida como el marco regulatorio básico y de referencia del sector que el próximo año entrará en vigor, podríamos decir que va a revolucionar el campo español, habida cuenta de los importantes cambios que se avecinan en cuanto a la gestión, financiación, otorgamiento de ayudas y control de la actividad agraria.

Con el proyecto de Ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España se da un paso más para aplicar la nueva PAC en nuestro país. Es indudable que se trata de un proyecto legislativo crucial, dado que supone poner en marcha lo que se ha venido a denominar la “nueva arquitectura jurídica” de la PAC, y que los Estados Miembros de la UE deberán aplicar entre 2023 y 2027. Esta futura Ley, junto con la tramitación de dieciocho reales decretos que se prevé aprobar antes de que finalice el año, hace que el sector afronte, con motivo, un periodo de notable incertidumbre sobre las implicaciones jurídicas que tendrá el ejercicio profesional agrario a partir del 1 de enero de 2023.

Ante la incertidumbre técnica y legal que se deriva del nuevo marco reglamentario, todo apunta a que la nueva PAC obligará a las explotaciones a tener apoyo jurídico experto en materia de cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias, infracciones y sanciones que se contemplarán en el nuevo entramado normativo que se va a poner en marcha.

La seguridad jurídica es fundamental para poder llevar a cabo la actividad profesional por parte de los productores con plenas garantías, pero, considerando que la reforma de la PAC implica numerosos cambios, sobre todo en el modo de entender la gestión de la propia actividad agraria, es indudable que se avecina un periodo donde contar con el apoyo experto es una premisa fundamental, como el que podemos brindar a través de Acountax Agro.