La lucha contra la morosidad empresarial da un paso adelante con la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad, un órgano consultivo impulsado en el marco de la Ley Crea y Crece que nace con el objetivo de supervisar los plazos de pago y promover buenas prácticas que protejan especialmente a las pymes. Coincidiendo con la celebración del Consejo Estatal de la Pyme, este nuevo organismo busca reforzar la cultura del pago en plazo en un contexto en el que el retraso en los pagos sigue siendo una de las principales amenazas para la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas en España.
Con una periodicidad anual, este órgano elaborará un informe sobre la situación de los plazos de pago que será presentado y aprobado en el Consejo Estatal de la Pyme. Coincidiendo con la celebración del Consejo Estatal de la Pyme , se ha constituido el Observatorio Estatal de la Morosidad, previsto en el desarrollo de la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas; también conocida como le Ley Crea y Crece. Este Observatorio nace como un órgano consultivo y será el encargado de supervisar el comportamiento de pago y la promoción de buenas prácticas que eviten la morosidad de pago cuyos efectos son especialmente negativos para las Pymes.
El Observatorio está conformado por representantes de los Ministerios de Industria y Turismo; Hacienda; Economía, Comercio y Empresa; Agricultura, Pesca y Alimentación; dos comunidades autónomas en representación del resto; la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES); la Cámara de Comercio de España; INE, y representantes empresa-riales y de organizaciones especializadas en morosidad.
Según ha manifestado el ministro de industria, Jordi Hereu, la morosidad es una de las principales causas de dificultades financieras en las pymes. Por ello es tan importante crear una verdadera cultura del pago en plazo, tanto desde la normativa como desde las prácticas empresariales cotidianas. La puesta en marcha del Observatorio supone un paso fundamental para avanzar en esta dirección.
Con periodicidad anual, el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada elaborará un informe sobre la situación de los plazos de pago que será presentado y aprobado en el Consejo Estatal de la Pyme.
Entre las funciones del Observatorio destacan el seguimiento y evaluación sistemática de la evolución de la morosidad, elaboración del informe anual, elaboración de códigos de buenas prácticas, formulación de propuestas de actuación, seguimiento de las directrices de la UE en esta materia, elaboración, resolución y publicación de un listado de empresas incumplidoras, actuación como órgano consultivo y adopción de sistemas de resolución de conflictos.
Alerta por la morosidad empresarial en España
El retraso en los pagos se ha convertido en una práctica habitual en el tejido empresarial español, perjudicando gravemente a las pymes y ha derivado en esa situación que se define como “bomba de relojería”, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
Según la PMcM, “algunas empresas cotizadas tardan hasta 309 días en pagar, muy por encima del límite legal de 60 días, lo que pone en riesgo la liquidez y la viabilidad de los pequeños proveedores”. Además, advierten también “que el marco legal actual es ineficaz por la falta de mecanismos de control y sanción”.
Para el presidente de la entidad, Antoni Cañete, “pagar tarde se ha institucionalizado. Para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”. Todo ello en un país, donde el 99,8 % del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, viéndose amenazada su supervivencia.
Según datos del Banco de España, en el segundo semestre de 2024 el plazo medio de pago entre las empresas cotizadas alcanzó los 136 días, e incluso algunos sectores alcanzaron cifras alarmantes de 252 y 309 días, respectivamente. Además, para la PMcM, “la Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago entre empresas y administraciones, carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos, y los controles sobre los pagos a subcontratistas, previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, son insuficientes o inexistentes”.
La Comisión Europea ha propuesto el Reglamento COM(2023) 533, que aspira a sustituir la directiva vigente y que sería de aplicación directa en todos los estados miembros, lo que permitiría una aplicación más uniforme y efectiva. Su versión original proponía un plazo único de pago de 30 días naturales, un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión.
Durante su tramitación en el Parlamento Europeo, se han introducido algunas excepciones sectoriales que podrían alargar los plazos en situaciones justificadas, como en el caso de productos de baja rotación o estacionales. La Plataforma las cuestiona porque “corren el riesgo de debilitar el objetivo principal: erradicar la cultura del pago tardío en Europa”. Actualmente, el texto está en fase de discusión en el Consejo Europeo, donde las diferencias culturales y económicas entre países complican la negociación.
Para la PMcM, la efectividad de este reglamento de-penderá de que los Estados miembros lo apliquen “con firmeza, doten de medios a las autoridades supervisoras y no cedan a presiones sectoriales que busquen mantener el statu quo. La pregunta clave es si Europa va a proteger de verdad a las pequeñas em-presas o si se dejará arrastrar, una vez más, por las excepciones y los intereses particulares”.
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