Protestas persistentes de agricultores y ganaderos

Mientras España lleva sus preocupaciones a la mesa de negociaciones en Bruselas, se discuten temas cruciales para el futuro del sector agrario a nivel europeo. La atención se centra en cambios propuestos para la Política Agraria Común (PAC) y otras cuestiones relevantes para los agricultores y ganaderos españoles. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, soluciones concretas aún no se vislumbran.

Lamela identifica diversos problemas acumulados a lo largo de los años que han llevado a la explosión de manifestaciones en toda España. Entre estos desafíos, señala la presión de las directivas medioambientales de la Comisión Europea, el impacto de conflictos globales en los costos de producción, la necesidad de reformas en la fiscalidad del sector, y la burocratización que afecta a las explotaciones agrarias.

Manuel Lamela subraya la necesidad de abordar de manera simultánea cuestiones a nivel nacional y europeo. Destaca la importancia de negociaciones fuertes en Bruselas, pero reconoce las complicaciones que las elecciones al Parlamento Europeo en junio podrían traer al proceso. Lamela hace un llamado a los países mediterráneos de la UE para formar un frente común en Bruselas y provocar cambios en las políticas agrarias europeas.

El aumento de los costos de producción, la competencia desleal de terceros países y la falta de apoyo efectivo se suman a una situación crítica para los agricultores y ganaderos españoles. Lamela insta a la sociedad a comprender la situación y aboga por soluciones integrales que aborden tanto los desafíos nacionales como los europeos.

El abogado del Estado destaca la imposición de estándares de Europa del Norte sobre los del Sur, generando tensiones y afectando la competitividad de los productos mediterráneos. Propone replantear el calendario de implantación de medidas del Pacto Verde y abordar la competencia desleal de terceros países mediante cláusulas espejo en acuerdos comerciales.

Lamela critica la falta de iniciativas gubernamentales y la escasa llegada de fondos Next Generation al sector agroalimentario. Subraya la necesidad de reformar la Ley de Aguas y la Ley del Seguro Agrario, abordando cuestiones clave para garantizar la seguridad jurídica y la competitividad en el campo español. Concluye señalando la importancia de una defensa firme de los intereses nacionales en Bruselas para garantizar un futuro sostenible para el sector agroalimentario español.