La nueva Ley de la PAC: Nuevas obligaciones y nuevas sanciones

La situación que atraviesa nuestro sector primario no es sencilla. Las Administraciones, y la sociedad en general, han dejado en un segundo plano a todas aquellas personas que nutren de alimentos nuestros supermercados, sin considerar el incremento de los problemas que padecen para conservar sus empleos y el entorno natural en el que se desenvuelven.

Con el paso de los años, tanto la agricultura como la ganadería se han topado con un incremento de los costes de producción que ha dificultado la venta de sus respectivos productos, buscando no solo el retorno de lo invertido, sino además un margen suficiente que permita la permanencia de la actividad en el tiempo. Si al citado carácter deficitario se le añade la escasa ayuda recibida por parte de las instituciones, no debería sorprender el notable descenso de número de explotaciones agrícolas, las cuales han pasado de casi 1.300.00 en 1999 a menos de 1.000.000 en 2020.

La situación es preocupante, y así se ha hecho saber durante varios años. Las soluciones reclamadas a las autoridades se han planteado desde una doble perspectiva: por un lado, económica, a través del implemento de políticas que, si bien deben perseguir la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, deben enfocarse en la productividad y al debido retorno monetario de los profesionales del campo; y por otro, de colaboración, solicitando una reducción de las intervenciones administrativas en la actividad del sector primario.

Las progresivas respuestas que las instituciones, comunitarias y nacionales, han ido dado a los citados problemas han desembocado en la aprobación de la Ley 30/2022, de 30 de diciembre, por la que se regulará el sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC) en el periodo comprendido entre los años 2023 y 2027. Las ayudas podrían afectar en torno a 650.000 agricultores y ganaderos, entre los cuales se distribuirían más de 7.000 millones de euros anuales, de los cuales 4.800 irían destinados a ayudas directas.

La novedad ha estado marcada por la aprobación del Plan Estratégico nacional, que ha servido para modificar el sistema de reparto de las ayudas. En lo sucesivo, y según se precisa en el Preámbulo de la ley, se retribuirá la producción y los resultados obtenidos por los agricultores y ganaderos, lo que, a priori, debería suponer una buena noticia. No obstante, el carácter práctico de esta norma está sometido a una valoración a largo plazo, ya que la obtención de buenos resultados por las Administraciones nacionales requiere compromiso, no solo para la elaboración de Planes Estratégicos, sino para una correcta implementación de los mismos.

Si la parte positiva de la ley son sus intenciones, debe señalarse que la negativa es su planteamiento. La nueva gestión de las ayudas se va a llevar a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas, a través de los “Organismos Pagadores”. Estos organismos tendrán atribuidas funciones de gestión directa de las ayudas a los beneficiarios, evitando posibles situaciones discriminatorias; sin embargo, también tendrán atribuidas funciones de control de cumplimiento de las obligaciones a las que el solicitante se haya comprometido.

Efectivamente, si por algo puede caracterizarse la nueva ley es por su elevado control de la actividad, y su consecuente punibilidad. De los 27 artículos que conforman el texto principal de la norma (sin considerar lo contenido en el preámbulo y disposiciones adicionales, derogatoria y finales), únicamente 8 regulan disposiciones generales y el régimen de gestión. Es más, la octava de estas disposiciones ya hace una primera referencia a la aplicación de sanciones por parte de los Organismos Pagadores. El resto del articulado se limita a regular las conductas punibles, las penalizaciones y sanciones (principales y accesorias) aplicables a las mismas, así como el propio procedimiento que regirá en caso de incumplimiento normativo.

Es de vital importancia que los futuros beneficiarios de la PAC conozcan estas conductas, así  como las sanciones que podrían atribuírseles con motivo de su realización.

Para una mayor facilidad de los interesados, se aporta a continuación dos cuadros en los que se recogen, por un lado las conductas susceptibles de penalización, y por otro, las sancionables, recordando que ambas pueden darse de manera conjunta, tal y como se prevé en el artículo 9.6.

Conscientes de las dudas que la nueva normativa pueda despertar en los profesionales, desde Acountax Madrid, a través de nuestro servicio especializado bajo la marca Acountax Agro, quedamos a disposición de todos los agricultores y ganaderos que, ya sea con motivo de asesoramiento, o bien para la defensa de sus intereses ante la Administración con motivo de notificación de procedimiento sancionador, precisen nuestros servicios.

Jaime Orozco de Eusebio