La ganadería de porcino, un sector ampliamente regulado y con rigurosos sistemas de control

La ganadería de porcino intensiva se configura como un sector que cuenta con una pormenorizada regulación y con un amplio régimen de intervención.

En los últimos tiempos resulta recurrente escuchar o leer opiniones en las que se alerta sobre los peligros que se derivan de las explotaciones ganaderas, en especial las dedicadas al porcino. Son ya habituales las acusaciones que se realizan contra las granjas intensivas,  imputándoles la condición de fuentes generadoras de contaminación y de efectos negativos para el medio ambiente debido a un supuesto desarrollo de esta actividad sin sujeción a norma alguna. Con estas imputaciones se pretende trasladar a la opinión pública la idea de que la actividad ganadera intensiva de porcino carece de regulación, pudiéndose ejecutar sin someterse a una serie de controles de todo tipo y a un riguroso proceso de autorización previo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya la ganadería de porcino intensiva se configura como un sector que cuenta con una pormenorizada regulación y con un amplio régimen de intervención.

Esta intervención administrativa comienza con carácter previo a su inicio, cuando los proyectos de explotación ganadera que se quieran ejecutar deben obtener previamente su autorización ambiental. Este procedimiento, que a nivel nacional está regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, es sumamente garantista, participando una pluralidad de organismos públicos en función de la materia sobre la que tienen competencias. De esta manera se garantiza un tratamiento integral del proyecto y, al mismo, su adecuación a la normativa sectorial que le sea de aplicación.

En función del tipo de proyecto, sus dimensiones y capacidad la autorización ambiental que se requiera tendrá un diferente grado de exigencia. Por ejemplo, en la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas, que son las que precisan las granjas de mayor tamaño, participan la correspondiente Confederación Hidrográfica y los organismos administrativos competentes en materia de ganadería, medio ambiente, espacios naturales, cultura (para conocer si el proyecto tiene algún tipo de repercusión sobre el patrimonio histórico o arqueológico) y salud pública (con la finalidad de valorar la incidencia que podría tener en la salud humana). Estos informes técnicos, junto con las alegaciones que se presente sobre el contenido del proyecto, van a determinar las modificaciones que debe realizarse al proyecto y la concesión o no de la autorización ambiental y, en su caso, los condicionantes a los que se deba someter la actividad.

En los proyectos de explotaciones de menor tamaño el procedimiento, aun siguiendo los mismos criterios, resulta menos complejo, atendiendo a que la potencial incidencia en el medio ambiente de esta actividad es menor. En cualquier caso, el vigente sistema de autorización garantiza, desde el punto de vista medioambiental, que los proyectos que se aprueben están ajustados a los parámetros exigibles de calidad y seguridad.

En esta fase también se verifica el cumplimiento de los requisitos formales y técnicos exigidos para poder desempeñar la actividad ganadera y las condiciones que tienen que reunir las explotaciones para poder albergar animales (distancias mínimas entre explotaciones y a núcleos de población, prescripciones de sanidad animal, características de las instalaciones…). Estas exigencias están recogidas en la normativa legal y reglamentaria legislación tanto nacional como regional, en las que se regulan las medidas que deben cumplir con carácter general las explotaciones porcinas para garantizar la salud pública en su entorno y evitar cualquier tipo de posible contaminación o daños al medio ambiente y a la salud de las personas. Además de ello, las instalaciones porcinas deben cumplir con lo establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Mediante este instrumento se garantiza que apliquen los sistemas más avanzados y completos en la gestión de las explotaciones y en la preservación del medio ambiente. Al mismo tiempo, esta normativa vela porque la salud humana no se vea afectada por la actividad ganadera. Todo este conjunto de exigencias, además de las obligaciones específicas que contemple para cada proyecto concreto su correspondiente autorización ambiental, deben ser cumplidas para poder desarrollar actividad ganadera intensiva.

La intervención prosigue una vez que, ya autorizado el proyecto, se inicia y finaliza la construcción de las instalaciones. En ese momento se verifica por la Administración competente la adecuación de las instalaciones al proyecto aprobado. Igualmente, previamente al inicio de actividad, el ganadero debe presentar su plan de gestión de purines, en los términos que establece el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas. Con ello se garantiza que los purines generados tengan un tratamiento que impida posibles incidencias negativas sobre el terreno mediante la aplicación de las diferentes alternativas que contempla la normativa (tratamiento en la explotación, entrega a gestor autorizado o utilización para valorización agronómica). Tras esta fase, la granja comienza su actividad de acuerdo con el proyecto aprobado, cuyo cumplimiento con la prolija normativa aplicable se acredita por haber obtenido la autorización ambiental que proceda, siendo responsable el ganadero de la ejecución de todas las acciones que sea precisas para cumplir con las obligaciones establecidas por la regulación.

Como puede observarse, la ganadería intensiva de porcino es una actividad que cuenta con una regulación que afecta a diferentes materias, existiendo mecanismos que garantizan que los proyectos que se aprueban y ejecutan cumplen con las obligaciones impuestas con la finalidad de minorar su incidencia en la salud y el medio ambiente. Podrá discutirse sobre el contenido de las medidas restrictivas y limitativas que contiene la regulación, de las que, en mi opinión, una parte de ellas resultan excesivas. Pero lo que en modo alguno puede asumirse es que nos encontremos ante un sector desregularizado y carente de control, tal y como algunos supuestos expertos pretenden hacer ver.

Jorge Fernández-Ordas, Socio en el área de Administraciones públicas, Derecho Agroalimentario y Contencioso

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