Funcionarios por la puerta de atrás: La degeneración de la función pública y mayor inseguridad para el administrado

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Madrid,  17 de noviembre de 2023

Funcionarios por la puerta de atrás: La degeneración de la función pública y mayor inseguridad para el administrado

En alguna ocasión, y desde esta misma Tribuna, hemos criticado actuaciones y decisiones de la Administración Tributaria, personalizándolas en la inspección de Hacienda o en otros colectivos de profesionales funcionarios que, al margen de discrepancias más o menos profundas, hay que reconocerles una formación y una profesionalidad avalada por un duro sistema de acceso a la función pública, quizás no perfecto, pero si objetivo y basado en el conocimiento, el esfuerzo, el mérito y la capacidad.

Pues bien, en el proceso de degradación de “lo público” en el que estamos inmersos desde hace unos años, pilotado por aquellos que precisamente presumen de defender “lo público” por tierra, mar y aire, son muchas las amenazas que se ciernen en distintos ámbitos, instituciones y colectivos, que nos llevan a hacer temer también un rediseño de un Estado y de una Administración a la medida y al servicio de una ideología y de unos objetivos políticos, habitualmente muy lejanos de la defensa del interés general.

Y es que “lo público” se está confundiendo lo “lo afín”, mientras que “lo privado” se relaciona con “lo hostil” al poder instalado, pero cuando “lo público” resulta ser profesional, objetivo e independiente, se convierte también en algo hostil, por aparecer como “elitista”, surgiendo la necesidad política de “neutralizarlo”, “doblegarlo” o, si no queda otro remedio, “diluirlo”, incorporando afines al “régimen” que minimicen el posible impacto de sus actuaciones.

El problema surge y se agrava cuando los “afines” a incorporar no son capaces de superar un proceso selectivo objetivo y exigente, como es una oposición de acceso, y se opta por “fichar” a dedo, a personal no preparado ni formado, pero si altamente ideologizado a la hora de aplicar e interpretar el ordenamiento jurídico al sufrido administrado.

El falso e histórico argumento de la “modernización de la Administración Pública” no puede avalar ni justificar la adopción de normas y medidas, ni coyunturales ni mucho menos estructurales, que permitan la incorporación de profesionales que ni están formados ni están preparados para incorporarse a cuerpos altamente especializados y que cumplen funciones esenciales para el Estado y para la Administración Pública.

Pues bien, cuando esta situación se palpa en relación con Cuerpos como el de Inspectores de Hacienda del Estado, suenan todas las alarmas y, por encima de discrepancias, críticas justificadas y discusiones técnicas, surge la imperiosa necesidad hoy de ponernos del lado de este Cuerpo de elite del Estado, para defender la profesionalidad incuestionable de la abrumadora mayoría de sus componentes, su excelente formación y la necesidad de preservar su sistema de acceso para garantizar su independencia y la objetividad de sus planteamientos y resoluciones .

En las ultimas semanas, dentro del “despiste” y la nebulosa que supone el hablar todos los días del proceso de investidura, del lamentable espectáculo de sus negociaciones y de su posible desenlace, aparece como cierto el riesgo de que en breve tengamos “Inspectores de Hacienda nombrados a dedo” en la Agencia Tributaria, a la medida y gusto del Gobierno de turno. Algunos colectivos y asociaciones han hablado de la “podemizacion” de la Inspección de Hacienda, pero realmente estamos ante la desaparición de la Inspección de Hacienda (más o menos progresiva) y ante una sustitución de estos profesionales cualificados por “comisarios inspectores”, mercenarios de quienes les han nombrado y con obligación de obediencia al poder de turno.

Sin duda, los interinos desempeñan un papel importante y cubren una necesidad y unas carencias generadas por una pésima gestión de los recursos humanos de la Administración Pública durante decenios, pero la interinidad no puede ser la puerta de entrada a los cuerpos superiores de la Función Pública si no va acompañada de un proceso selectivo objetivo, análogo o semejante al del Cuerpo en el que pretende incorporarse.
En el momento político en el que nos encontramos, no debemos olvidar que el Proyecto de Ley de Función Pública, decaído por la convocatoria anticipada de elecciones, pretendía permitir al Gobierno, nada menos, que recolocar funcionarios y reordenar cuerpos administrativos a su práctico antojo, pudiendo crear, suprimir o modificar los existentes. Es decir, como los propios Inspectores han comentado en su reciente Congreso Nacional, convertir a técnicos “de confianza” en Inspectores, a dedo, mediante un simple Real Decreto.

El riesgo es cierto y muy grave no solo para la profesión. Es un riesgo grave para la credibilidad de la Administración Tributaria, para la seguridad jurídica del contribuyente y para el administrado.

Hoy toca ponernos del lado de este colectivo de profesionales funcionarios, aunque no sean “muy populares” y generen cierto “miedo” a los contribuyentes muchas de sus actuaciones. Aunque discrepemos de algunas de sus resoluciones y planteamientos y aun cuando los veamos, no pocas veces, insensibles a la realidad económica y social del país. Ponernos al lado de este colectivo no es estar de acuerdo con todo lo que hace y con como la hace la Inspección de Hacienda, es creer en la profesionalidad, en la objetividad, en la seguridad jurídica y en la defensa de la función pública basada en los principios de objetividad, mérito y capacidad. Es también defender al sufrido contribuyente frente a una ideologización de la acción inspectora a la medida de los objetivos la administración de turno, sea del signo que sea.

Esperemos que esta “tentación” se quede en eso, y que la necesaria reforma de la función pública vaya hacia su mayor profesionalización y cualificación y no en sentido contrario.

Manuel Lamela, Socio director de Acountax Madrid Abogados

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