Del permiso retribuido para reflexionar para autoridades y cargos publicos

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Madrid,  17 de mayo de 2024

Del permiso retribuido para reflexionar para autoridades y cargos públicos

El pasado 24 de abril, el presidente Sánchez publicaba y difundía una “carta a la ciudadanía” en la que denunciaba una presunta campaña de “acoso y derribo” contra él mismo y contra su esposa Begoña López, después, eso sí, de que un Juzgado de Instrucción declarara secretas las diligencias de investigación sobre determinadas actividades de su esposa que podrían ser susceptibles de enjuiciar en el marco de los denominados delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Hoy no vamos a hablar del contenido de la sorprendente carta, sobre el que ya se han escrito ríos de tinta, ni tampoco sobre los cientos de noticias que sobre esta presunta trama de corrupción, que podría salpicar a la mujer del presidente, se han venido produciendo desde hace semanas, publicados por el “periodismo de investigación”, que sólo apoya y respeta nuestro presidente cuando las noticias afectan a otros partidos y líderes políticos, pero que cuando se refieren a su gobierno, partido, entorno, o por supuesto a su mujer, son un producto de “la máquina del fango” y de la “conspiración de la derecha y la extrema derecha”.

Hoy vamos a reflexionar sobre si un cargo público, sea alto cargo, ministro o presidente del Gobierno puede decidir “retirarse cinco días a reflexionar” mientras la Administración, el Estado y, sobre todo, la ciudadanía con sus impuestos le retribuye sus responsabilidades y altas funciones con un sueldo público pagado por todos.

Hasta el 24 de abril, pensaba que estaba ya todo inventado y regulado en la Administración Pública en materia de vacaciones, de bajas y de los llamados días “moscosos” y “canosos”, y también pensaba que esta regulación era para funcionarios públicos, pero no para altos cargos o cargos políticos de libre designación que ejercen (o deberían ejercer) sus responsabilidades durante las 24 horas del día los 365 días del año, dado que ninguno de ellos está obligado ni a estar ni a permanecer en su puesto si le resulta una carga o un esfuerzo inasumible. Sin embargo, el presidente ha creado un precedente, inédito en el mundo, en virtud del cual cabe pensar que todo responsable público, tiene derecho a suspender temporalmente sus actividades, retirándose de la vida pública y obligaciones para decidir sobre  su persona, entorno y familia.

En este contexto, deberíamos pensar si en la Ley del Gobierno debería contemplarse el derecho a la “suspensión temporal de actividades para reflexionar”, y si este derecho seria con o sin suspensión de la retribución durante estos días. También debería regularse si hay que “pedirlos al Jefe del Estado o al Gobierno, dependiendo del rango del solicitante” o si simplemente “se toman cuando uno quiere o le viene bien” y si hay que “comunicarlos a la ciudadanía, con o sin el resultado posterior de la reflexión” o se “toman en la intimidad y el resultado de la reflexión es estrictamente privado” aunque se haya financiado la misma con fondos públicos pagados por todos.

Quizás todo esto traiga causa de que el presidente del Gobierno sigue las directrices de su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciadas el pasado 21 de noviembre, en la que nos comunicó que “esta va a ser la legislatura en la que sumemos tiempo para la vida …porque no queremos vivir para trabajar, queremos trabajar para vivir…” .

Todo lo comentado puede sonar humano, razonable e incluso bonito. ¿Hay algo más bonito y romántico que declarar el amor a tu mujer o a tu pareja ante 44 millones de españoles? Sin duda no. Pero, a mi juicio, es posiblemente erróneo, dado que cuando alguien se dedica a la vida pública lo primero que tiene que ser es honesto, coherente y también sufrido y paciente, además de entregado al desempeño de la función encomendada.

No es honesto manipular a la opinión pública y victimizarse para “dar lástima” o para “generar o reforzar apoyos” desde una maniobra calculada para obtener rendimiento político y/o electoral y descalificar a medios de comunicación libres, simplemente porque no te gusta lo que dicen de ti.

No se es coherente cuando aplicas criterios distintos dependiendo de que las “presuntas agresiones verbales e imputaciones o denuncias” las hagas tu o tu partido político, y/o tus medios afines, en perjuicio de tercero o te las hagan a ti o a tu mujer desde otros medios de comunicación u otras opciones políticas. Tampoco se es coherente, y esto es muy grave, cuando se “respetan” y alaban decisiones judiciales que afectan a responsables o ex responsables públicos de otras opciones políticas y, sin embargo, se cuestionan decisiones judiciales cuando afectan a uno mismo o a su entorno, cuestionando la independencia del poder judicial y de sus jueces y magistrados.

No es admisible, que un cargo público, electo o no, pueda decidir cuándo se va al rincón de pensar para valorar si merece la pena o no seguir. El cargo público tiene derecho a pensar, pero no a “protestar” (al menos en público) por sufrir críticas más o menos duras, por estar en un cargo al que ha accedido libre y voluntariamente.

Si estás cansado, incómodo o no lo soportas, simplemente dimites y te vas. Sería maravilloso, que para eliminar “la máquina del fango” todos renunciaran a la mentira, a la calumnia, a la manipulación de la opinión pública, a la utilización de los medios afines, a la politización de la Justicia o a la instrumentalización de la Fiscalía, pero mucho nos tememos que el deterioro del país, de los valores éticos y morales y de las instituciones democráticas a lo largo de los últimos años convierten hoy este objetivo, en España, en una utopía.

Manuel Lamela, Socio director de Acountax Madrid Abogados 

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