Un anteproyecto de ley para condonar deuda y conculcar los pilares básicos del sistema de financiación de las CCAA
Hace pocos días el Gobierno aprobaba un anteproyecto de ley para condonar, hasta algo más de 83.000 millones de euros, la deuda de las CCAA de régimen común contraída, en su mayoría, con el Estado, principalmente por medio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) durante la etapa de crisis financiera que padecimos entre el 2010 y el 2022.
Aunque desde el Gobierno se trata de “vender” el anteproyecto como “acto de justicia” para las CCAA más endeudadas (por cierto, las que peor han gestionado sus recursos), y se afirma que, con ello, el ahorro de intereses a satisfacer podrá destinarse a incrementar el gasto social autonómico, no es menos cierto que con ello se atiende y se cumpliría (si se aprueba) un compromiso del PSOE con sus socios independentistas catalanes para sacar adelante la votación de investidura del presidente Sánchez.
La verdad es que el “acuerdo de investidura de condonación unilateral en favor de Cataluña” resultó tan difícil de digerir y de explicar para el resto de las CCAA (incluidas las gobernadas por el PSOE) y para los propios votantes socialistas, que parece ser que se ha optado por “vestirlo” como un “café para todos”, eso sí, siempre que voluntariamente lo acepte cada CCAA en un acuerdo bilateral con el Estado.
Estamos ante una medida que tiene un enorme calado político y económico, y que va mucho más allá de un mero intento de cumplir los pactos de investidura con los socios independentistas para sostener unos meses más el moribundo gobierno de coalición.
Esto es así por cuanto que se desiste de abordar globalmente y consensuar un imprescindible nuevo modelo de financiación para todas las CCAA (cada día mas urgente) haciendo un traje a la medida de Cataluña (que en segunda fase del pacto, implicará la cesión de la gestión y competencias de los tributos del Estado a una “Hacienda catalana”), generando un grave agravio comparativo para otras autonomías que han gestionado mejor su endeudamiento y que no han malgastado recursos en “procesos separatistas o secesionistas” , en “embajadas” o simplemente en financiar ensoñaciones y utopías contrarias a los intereses del Estado y del interés general de la ciudadanía.
Se dinamitan así, a mi juicio, los principios del art. 156.1 de la Constitución (autonomía financiera, solidaridad y coordinación) en materia de financiación autonómica y, consecuentemente, una parte importante de su desarrollo en la maltrecha LOFCA, dejando vacío de contenido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya estructura, competencias y funcionamiento debería ser también reformado en paralelo a un nuevo modelo de financiación, para que deje de ser una pantomima en el que el Estado impone lo que le conviene, aunque tenga a la inmensa mayoría de las CCAA en contra.
Por si esto fuera poco, la “trampa” no explicada por el Gobierno, radica en que lo condonado a las CCAA es deuda que sigue teniendo que pagarse y que, al asumirla el Estado, incrementa la Deuda Publica Nacional que pagaremos, eso sí, todos los españoles con nuestros impuestos, me temo que animando así a gobiernos irresponsables a contraer en el futuro mayores endeudamientos, a la espera de posibles nuevos acuerdos gubernamentales de “socialización” de su deuda autonómica.
Lo cierto es que salvo para Cataluña, para todos los demás el acuerdo es, cuanto menos, cuestionable y muy peligroso. Si se llega a aprobar la norma, veremos quienes la aceptan y quienes no. Los expertos, diría que por mayoría abrumadora, lo han dejado muy claro. Desde la AIReF (para la que debería de ser una reestructuración global de la deuda bajo estrictas condiciones a las CCAA para impedir que se produzcan futuros nuevos “rescates”) hasta organizaciones como FEDEA, que lo califica de “pésima idea” que “agravara los problemas actuales del sistema de financiación”; pasando por FUNCAS que afirma que una condonación simétrica (que para mi no lo es) no es suficiente para resolver el problema de financiación de las CCAA ; o el mismo Banco de España, que lleva años insistiendo en la necesidad de abordar de forma integral los problemas de financiación de las autonomías, no siendo solo un problema de endeudamiento excesivo , sino de desequilibrios estructurales e infrafinanciación, casi histórica, en algunas regiones.
Aunque la UE no dice nada , por el momento, sobre cuestiones de política fiscal interna (solo le preocupa el ratio de deuda pública total nacional sobre el PIB), y aunque si podría pronunciarse en un futuro sobre si esta decisión viola los principios de “trato equitativo” y “no discriminación”, no es menos cierto que esta decisión, tal y como se pretende abordar por el Gobierno, dentro de las nuevas reglas fiscales europeas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas publicas y los limites de déficit, puede hacer inmanejable en España la capacidad del Estado para cumplir los objetivos previstos, por estar incentivando con ello un mayor gasto que puede poner en peligro los objetivos fiscales marcados para garantizar la sostenibilidad y competitividad de nuestra economía.
Por si todos estos riesgos e incertidumbres no fueran pocos, las autonomías con régimen foral (Euskadi y Navarra) ya han corrido a decir que a ellas el Estado también las debe compensar de manera similar en el marco de sus conciertos económicos. Es decir, en mi opinión, salvo que, a lo largo del proceso legislativo de esta norma algunas cosas substanciales cambien en el sentido señalado, esta “medida estrella” de nuestro Gobierno será un eficaz instrumento para ayudar a “estrellar” nuestra sostenibilidad económica como nación y para enterrar los principios constitucionales en materia de financiación autonómica.
Manuel Lamela Fernández, Socio Director de Acountax
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