Reducción de jornada y cambios en el registro horario: incertidumbre para las empresas
Como era de esperar, el Congreso rechazó ayer la propuesta de reducir la jornada laboral ordinaria a 37,5 horas semanales.
Sin embargo, el debate dista de estar cerrado. El Gobierno ya ha anunciado que seguirá trabajando en esta medida y que, de forma paralela, aprobará vía reglamento cambios en el sistema de registro de jornada.
Este escenario reabre un debate clave para las relaciones laborales en España y, al mismo tiempo, introduce un elemento de incertidumbre para las empresas, que deben planificar su organización interna sin saber qué cambios concretos se van a aprobar ni en qué plazos.
La reducción de jornada: un debate pendiente
La jornada laboral es una de las piedras angulares del Derecho del Trabajo. Reducirla de manera generalizada tendría implicaciones directas en:
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La organización interna de las empresas: necesidad de redistribuir horarios, cuadrantes y cargas de trabajo.
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Los costes laborales: según se plantee, la reducción podría implicar contratación adicional o reorganización de recursos.
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La negociación colectiva: convenios y acuerdos de empresa deberían adaptarse a un nuevo marco.
Aunque la propuesta ha sido rechazada en el Congreso, el Ejecutivo ha dejado claro que no abandona esta iniciativa. Las empresas deben, por tanto, seguir muy de cerca la evolución normativa, dado que el impacto sería transversal en todos los sectores.
El registro de jornada en el punto de mira
Más allá de la jornada, el anuncio de cambios en el registro horario merece especial atención. Desde su entrada en vigor en 2019, esta obligación ha supuesto para las empresas una adaptación tecnológica y organizativa.
Las modificaciones que se anuncian podrían ir en la línea de:
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Reforzar la trazabilidad digital del registro.
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Limitar los sistemas manuales o poco fiables.
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Incrementar la capacidad de control de la Inspección de Trabajo.
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Establecer nuevas sanciones en caso de incumplimiento.
En un contexto en el que la Inspección está intensificando la vigilancia sobre el cumplimiento horario, cualquier cambio reglamentario podría traducirse en nuevos costes y obligaciones para las empresas.
Incertidumbre regulatoria y seguridad jurídica
Lo más preocupante para el tejido empresarial no es tanto la medida en sí misma como los constantes cambios de guión normativos. Cuando se anuncian cambios relevantes sin una hoja de ruta clara ni un calendario definido, las empresas se ven obligadas a:
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Trabajar con escenarios provisionales.
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Retrasar decisiones estratégicas.
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Asumir riesgos por falta de certeza sobre la normativa aplicable.
En definitiva, resulta difícil planificar con seguridad en un marco cambiante.
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