Acountax participa en el II Congreso Nacional-ICOGAM

Hoy se celebró en el Hotel Emperador de Madrid la jornada del II Congreso Nacional del Consejo General de Gestores Administrativos, con la destacada participación de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. El discurso de apertura ha estado a cargo de  Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del ICOGAM y presidente del Consejo General. El presidente resaltó en sus palabras de bienvenida a los asistentes la importancia de la seguridad jurídica y la solvencia económica como pilares fundamentales para el desarrollo de un país.

• Se destacó la importancia de un enfoque inicial sólido y fundamentado para cualquier reforma constitucional, insistiendo en la necesidad de superar las divisiones ideológicas en favor del bienestar social.
• Además, se destacó la importancia de lograr un nuevo consenso que permita abordar las cuestiones pendientes y reforzar el marco constitucional para los próximos años.

¿Es el momento  de revisar la constitución ?¿Qué riesgos entrañaría sin consenso e iniciar un proceso de reforma?

Carmen Calvo subrayó que el 63.4% de los españoles consideran necesario modificar la Constitución “Una reciente encuesta dice que el 63,4 % de los españoles cree que hay que cambiarla. Y no son solamente los jóvenes. Hemos consolidado un sistema en el que el estado de derecho y la democracia están abrochados al estado del bienestar, que es el colchón de paz de nuestro país, y necesita actualizarse. El dilema entre monarquía o república no es relevante», ha subrayado.

La presidenta del Consejo de Estado, afirmo que “hemos consolidado un sistema de pluralismo político en el que la convivencia en paz entre ideas contrapuestas es la norma. Y ha sido gracias a la Constitución. Hemos vivido el periodo más largo de progreso de la historia moderna».
En su intervención en el II Congreso Nacional General-ICOGAM, la presidenta del Consejo de Estado asegura que la maduración del estado democrático, del sistema constitucional y un estado de derecho resistente y consolidado hacen posible estas modificaciones. Calvo concluyó diciendo “Los españoles no somos ni monárquicos ni republicanos somos prácticos”

Laura Díez, Magistrada del Tribunal Constitucional, subrayó la importancia de alcanzar un consenso mínimo y plausible para cualquier reforma constitucional, destacando la necesidad de adaptarse a las realidades contemporáneas.
«Existe una premisa básica para cualquier reforma constitucional: debe haber un consenso mínimo sobre la dirección que se quiere tomar, y este acuerdo debe ser plausible. Desde mi punto de vista técnico, es crucial que la Constitución se reforme únicamente cuando haya una necesidad manifiesta y clara», afirmó Díez. La magistrada identificó dos motivos principales que justificarían una reforma constitucional: «Primero, cuando haya una clara disonancia entre la Constitución y la realidad territorial del país. Segundo, cuando surja una novedad significativa, como la inclusión en la Unión Europea, que requiera una adaptación del marco constitucional para alinearse con nuevas circunstancias».

Ignacio Gomá, Presidente de la Fundación Notariado en su intervención, subrayó la profunda relación entre seguridad jurídica y económica, destacando su impacto significativo en la actividad económica del país. “La relación entre seguridad jurídica y económica es inmensa. Pensando en economía y seguridad, varios aspectos vienen a la mente. En primer lugar, la generación de normas afecta directamente a la seguridad jurídica. Un estudio reciente de FEDEA revela que la seguridad jurídica en España no es alentadora. El exceso de legislación imperativa y la proliferación de normas dificultan la actividad económica. ¿Significa esto que la legislación es mala? No, lo que implica es que la legislación debe ser justa. Además, Gomá citó a Benito Arruñada para ilustrar un problema recurrente: “Tenemos la costumbre de resolver problemas públicos con reglamentos o legislaciones. Sin embargo, publicar en el BOE no equivale a hacer política efectiva”. Este enfoque, según Gomá, puede generar una sobrecarga normativa que no siempre se traduce en soluciones prácticas o justas para los problemas económicos y jurídicos del país. En resumen, Gomá enfatizó la necesidad de una legislación justa y eficaz que no sobrecargue el sistema con normas innecesarias, sino que promueva una verdadera seguridad jurídica que facilite la actividad económica y genere confianza en el sistema legal.

Enrique Arnaldo, Magistrado del Tribunal Constitucional, compartió sus reflexiones sobre la Constitución Española, destacando tres ideas principales. Comparó la importancia de la Constitución con las «estelares» contribuciones a la humanidad, subrayando su relevancia en el marco jurídico español. «Siempre me ha impresionado el libro ‘Momentos estelares de la humanidad’, y hago este símil para resaltar la significativa aportación de nuestra Constitución. Ha sido un modelo único de procedimientos y reformas que, a lo largo de casi 45 años, ha evitado rupturas jurídicas. Sin embargo, ahora estamos en un punto donde la Constitución muestra algunas ‘dolencias’ que merecen nuestra atención», afirmó Arnaldo. “Las reformas deben ser concebidas desde y para la Constitución, asegurando que respondan a las necesidades reales de la sociedad y que contribuyan a su estabilidad y progreso”, concluyó Arnaldo. El magistrado señaló que las últimas reformas han sido mayormente impuestas desde el exterior, sin responder a necesidades internas, y, aunque no las considera sustanciales, subrayó la importancia de volver a alcanzar un consenso. «La clave es la necesidad de ponerse de acuerdo nuevamente. Nuestra Constitución es abierta y ha permitido la alternancia política, pero actualmente enfrenta tres tipos de ataques: los rupturistas, los soberanistas y los populistas, aquellos que no creen en la Constitución», explicó Arnaldo. Arnaldo enfatizó que, a pesar de los desafíos actuales, la Constitución ha sido un pilar fundamental para la estabilidad y el progreso político en España. Insistió en la importancia de lograr un nuevo consenso que permita abordar las cuestiones pendientes y reforzar el marco constitucional para los próximos años.

Enrique López, Magistrado de la Audiencia Nacional, hizo hincapié en que cualquier reforma constitucional debe centrarse en atender las necesidades de la ciudadanía y resolver sus conflictos, no en «mutar» la Constitución. “La idea de una ‘mutación constitucional’, es decir, realizar reformas de manera encubierta, es extremadamente arriesgada. En una democracia, es fundamental respetar las reglas del juego, ya que esto es la esencia misma del sistema democrático. Romper estas reglas sería un grave error con consecuencias serias, incluso provocando movimientos revolucionarios”, advirtió López. El magistrado subrayó que la función política debe ser clara y enfocarse en no generar conflictos, sino en ofrecer soluciones. “Los valores que inspiraron la Constitución deben ser fortalecidos. No necesitamos innovar en lo esencial, sino reforzar la seguridad jurídica, que constituye la base fundamental para que las normas legales sean claras y efectivas”, concluyó López.

Juan Jiménez de la Peña, representante del Colegio de Registradores, enfatizó que la digitalización de los registros y la centralización de datos son pasos fundamentales para mejorar la seguridad jurídica. «Este avance, impulsado por las directrices europeas, es esencial y no presenta riesgos. Existe un convencimiento generalizado de que un mayor registro de datos contribuye significativamente a la seguridad jurídica. Más datos proporcionan un mejor conocimiento, lo que facilita la toma de decisiones más informadas», explicó Jiménez.
«Una de las principales ventajas de que los datos sean públicos es que no solo están disponibles para la Administración, sino también para los particulares. La creación de una base de datos única contribuirá indudablemente a la seguridad jurídica», añadió.
En cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales, Jiménez destacó la complejidad y diversidad de las formas en que este fenómeno se manifiesta, como en compraventas y otras transacciones encubiertas. «La creación de la figura de ‘sujetos obligados’ ha representado un cambio cualitativo significativo. Los notarios, acostumbrados a dar fe, ahora deben también vigilar la regularidad formal y material de las transacciones para detectar posibles fraudes», señaló Jiménez. «Este cambio ha tenido un impacto considerable en el ámbito notarial, aumentando la responsabilidad de los notarios en la prevención del fraude y el blanqueo de capitales».