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Manuel Lamela, socio director de Acountax, y presidente de la sección de derecho agroalimentario del ICAM, modero el interesante debate suscitado en torno al nuevo marco jurídico derivado de la reforma de la PAC.
María José Hernández Mendoza, presidenta del FEGA, ha recordado que «a pesar del contexto actual complejo y de las inquietudes que puede suscitar la implementación de un nuevo sistema, debemos concentrarnos en la labor de divulgativa de la nueva PAC, y es aquí donde las organizaciones agrarias juegan un papel importante».
La nueva presidenta del FEGA, comenzó la jornada exponiendo la visión de conjunto del paquete normativo PAC, haciendo un resumen de los 17 Reales Decretos; 4 Reales Decretos de gestión para las Administraciones; 3 Reales Decretos para acceder a ayudas de carácter general; 4 Reales Decretos con Normativas Sectoriales y 6 Reales Decretos de carácter regulatorio de la actividad.
Ignacio López García-Asenjo de ASAJA, expuso que «los Eco-regimenes (antiguos ecoesquemas) pueden ser el indicador de si la PAC tiene exito o no». Es una nueva intervención cuyo objetivo es incentivar al productor a ir más allá de la reglamentación medioambiental básica. Creemos que el instrumento está más pensado para compensar gastos adicionales, y no tanto para incentivar, lo que nos hace dudar de su eficacia.
Además, puso de manifiesto la importancia de hacer un seguimiento del Plan Estratégico para conocer si el camino es el correcto para alcanzar un sistema productivo adecuado y sostenible. Con la reforma de la PAC 2023-2027, se establece un nuevo enfoque con el que los Estados miembros deben establecer los detalles de las intervenciones o medidas de la nueva PAC, a través de un plan estratégico. Recordamos que el pasado 31 de agosto de 2022 la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico de la PAC de España, siendo uno de los primeros Estados miembros en lograr la aprobación del plan.
Gabriel Trenzado, Director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, expuso que la PAC debe regular e impulsar a la producción agrícola y ganadera y, por lo tanto, focalizarse en aquellos aspectos que estructuran al sector y lo ayudan a ser sostenibles desde sus tres aspectos, el económico, el medioambiental y el social, y con una estrategia que mire hacia el futuro. Recalcó la importancia de hacer un uso útil del reparto de fondos en favor de un sector imprescindible en el PIB español y por ello, que las ayudas directas deben ir a los que apuestan económicamente por el sector, vivan en exclusiva o no de la agricultura o la ganadería.
Por su parte José Luis Miguel de Diego, representante de COAG afirmo que «La exuberancia normativa hace dificultosa la gestión y el mantenimiento de la actividad de una microempresa, como las muchas que hay en el sector agroalimentario».