¿Se avecina una reforma del impuesto de sucesiones y donaciones o un nuevo impuesto a las grandes herencias?

Acabamos de pasar un nuevo proceso electoral en el que no es necesario ser un fino analista para ver que la tendencia de los partidos que conforman la inestable y atípica coalición de Gobierno van en progresivo descenso y los que conformarían una mayoría de Gobierno alternativa de centro-derecha en lento, pero firme ascenso.

Esta realidad, unida a otros elementos como la recién publicada Ley de Amnistía -de nada fácil aplicación, por cierto-, las dificultades para formar Gobierno en Cataluña o las investigaciones judiciales abiertas en el entorno personal del presidente del Gobierno y del partido socialista, hace que pensemos que podríamos estar ante “la recta final” de esta legislatura.

Es difícil saber cómo será de larga la recta, dada la acreditada capacidad de resistencia de nuestro presidente y la situación de letargo de una parte importante de la sociedad española, que parece contemplar de manera estoica e impávida como se socavan los pilares del Estado y como crece la inseguridad jurídica, a pesar de que mejoren las cifras de crecimiento económico, que parece que es ya lo único que importa.

Dure lo que dure esta recta final, lo que sí parece es que se aprovechará para intentar sacar adelante “reformas” de las que el Gobierno denomina “sociales”, hasta ahora descartadas o paralizadas, y que se intentará hacer por mecanismos legislativos que permitan el menor análisis jurídico, el menor debate posible y el menor pacto posible. Es decir, me temo que la vía del Decreto Ley volverá a ser la tónica general, incluido en el ámbito tributario, dado el sorprendente y cuestionable amparo que ha dado y parece que seguirá dando el Tribunal Constitucional actual a legislar fiscalmente mediante esta fórmula, incluso con efectos retroactivos.

En este contexto, el Gobierno, a través de su ministra de Hacienda, ha anunciado que se abre ahora a una “armonización” del impuesto de Sucesiones y Donaciones o, lo que es lo mismo, a una subida del impuesto con carácter general para toda España; laminando o cercenando las legitimas decisiones ya tomadas por la mayoría de los diferentes Gobiernos autonómicos para reducir al máximo este impuesto, sin olvidar la proposición de Ley que el Senado aprobó para derogar este impuesto y que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno en relación con el llamado “veto presupuestario” del Gobierno (art. 134.6 de la CE).

Aunque la ministra de Hacienda ha negado en los últimos años la posibilidad de tocar o retocar este impuesto, lo cierto es que, una vez más, parece próximo un cambio de criterio del Gobierno que profundice en la inseguridad jurídica en la que vivimos y que con el pretexto del “cuarto pago” del plan de Recuperación por Bruselas permita “atender” las reivindicaciones del ala más radical del Gobierno, que ya oíamos el pasado 28 de enero, cuando SUMAR reclamó a la ministra Montero en el Congreso nada menos que un “impuesto a las grandes herencias”.

Desde esta tribuna no podemos estar más en desacuerdo con la ministra cuando afirma que al ser impuestos “cedidos” a las CCAA se “ha producido un vaciamiento fiscal de estas figuras” por las bonificaciones aprobadas por las mismas que llegan al 100% en muchas.

Lo que se ha producido es un reconocimiento progresivo de la obsolescencia económica y jurídica de esta figura impositiva (impuesto de sucesiones) que muchos han llamado “impuesto a la muerte”, que se devenga habitualmente en el momento peor y más duro para una familia y que no deja de ser una doble imposición de facto dado que lo que se hereda no es un patrimonio exento, sino un conjunto de bienes y derechos por los que el difunto no dejó de pagar nunca impuestos y por los que seguirán pagando impuestos los herederos después de producirse la sucesión hereditaria.

Es decir, se trata de penalizar a los herederos con una reducción del patrimonio heredado simplemente por haber tenido la desgracia del fallecimiento de su titular, utilizando para ello el obsoleto pretexto de la redistribución de la riqueza o del sostenimiento de los gastos públicos del cada vez más costoso estado del bienestar. En definitiva, equivaldría a justificar una “expropiación” parcial de la masa hereditaria por el Estado por el mero hecho del fallecimiento, sin tener que acudir a figuras tributarias para “dulcificar” el camino de lo que se pretende, que no es otro que recaudar para paliar el agujero presupuestario y el déficit público galopante.

Si bien es cierto que en la UE unos 18 países mantienen el impuesto sobre sucesiones, no es menos cierto que tan solo en Francia y en Bélgica supone más del 1% de la recaudación fiscal total, gracias a las exenciones y bonificaciones contempladas en beneficio de cónyuges y descendientes directos y de patrimonios productivos, empresas familiares, activos de pensiones, pólizas de seguros de vida, etc. También es cierto que ningún país emergente acepta la figura del impuesto sobre sucesiones y que cada vez son menos los que lo mantienen en el ámbito de la OCDE.

La necesaria “armonización fiscal” de este impuesto debería pasar por la imprescindible reforma global del sistema fiscal español que debería contemplar, entre otras cosas, la desaparición definitiva de esta figura impositiva.

Como sin duda este viejo objetivo seguirá tardando muchos años, estaremos atentos a los próximos pasos de la ministra Montero y después de quienes podrían votar esta “armonización al alza” en un hipotético proyecto de Ley, enmienda o quizás la convalidación de un Decreto Ley. Me cuesta creer que PNV o Junts voten a favor, cuando, por ejemplo, en el programa de Junts se contempla la supresión del impuesto.