La vuelta “al cole”

Aunque el año natural todos sabemos que termina el 31 de diciembre, lo cierto es que el “curso” académico y político comienza en el mes de septiembre, mes en el que nuestros hijos y nietos vuelven al cole y los mayores podríamos decir que “vuelven a las andadas”.
No llevamos ni quince días de curso desde las deseadas, y casi olvidadas, vacaciones de verano, y ya tenemos importantes noticias y previsiones que nos auguran un curso “apasionante”, plagado de novedades políticas y normativas que previsiblemente van a seguir profundizando en la estrategia del Gobierno de mayor presión fiscal, incremento de los costes laborales, potenciación de la política de subvenciones y subsidios, y previsiblemente una ruptura del principio de solidaridad territorial y gestión fiscal unificada dentro de las CCAA de régimen común.

De todo ello iremos comentando según surjan los debates y los proyectos normativos, pero hoy hay algo que, aunque el Gobierno lo plantea como “voluntariamente inconcreto”, tanto a partir de las filtraciones producidas en distintos medios, como de las declaraciones realizadas desde ERC o el silencio de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, unido a la palabrería del Presidente del Gobierno durante las pasadas semanas, nos lleva a dar una “voz de alarma” desde el punto de vista de la viabilidad política del Estado Español y de la sostenibilidad económica de nuestro país, fundamentada en los principios de igualdad y solidaridad entre las CCAA.

Una vez más, parece que nos encontramos con una nueva “vuelta de tuerca” a nuestra Constitución de 1978, en lo que son los pilares fundamentales del Estado y con un auténtico atropello contra el artículo 138 de la misma, sin olvidarnos de los artículos 133 y 156 en materia fiscal y de autonomía financiera de las CCAA.

El todavía oculto por el Gobierno pacto de investidura del Presidente Illa, del que tan orgulloso se siente ERC, parece que va a poner punto final al principio de solidaridad territorial y, posiblemente, también al Fondo de Compensación Interterritorial, previsto en el artículo 158.2 de la Constitución, al menos tal y como le conocemos después de 45 años de funcionamiento.

Volviendo al artículo 138, debemos recordar que es el Estado el que debe garantizar en todo momento el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución, “velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo, en particular, a las circunstancias del hecho insular”.
Es decir, es el Gobierno de España, que dirige el funcionamiento del Estado, el que tiene la obligación constitucional de no romper el equilibrio económico interterritorial en beneficio de una parte del territorio del Estado, que precisamente no es de las más desfavorecidas del mismo. Y esto es así, no porque lo digamos desde esta tribuna con una absoluta convicción jurídica, social y económica, sino porque en 1978, todos los españoles (también los que forman parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña) decidimos libremente que “las diferencias entre los distintos estatutos de las CCAA, no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales” (art.138.2 CE).

Incluso el reconocimiento que nuestra Constitución hace al Concierto Económico Vasco (derivado de sus fueros anteriores a 1876 y justificado por razones históricas objetivas) se contrapone con el reconocimiento explícito que el Estatuto de Autonomía Vasco establece en favor de los artículos 138 y 156 de la Constitución.

Sin duda, ceder la titularidad, gestión y recaudación de todos los ingresos tributarios del Estado generados en el territorio de Cataluña, de manera frívola y oportunista para satisfacer objetivos políticos, es un atentado a todos estos principios y pondrá en gravísimas dificultades el equilibrio y sostenibilidad de las arcas públicas, al estar hablando de una autonomía que representa casi un 20% del PIB nacional. Es más, entre IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF prácticamente el 20% de lo recaudado en España proviene de Cataluña. No estamos diciendo que no haya que mejorar el sistema de financiación de Cataluña, y por supuesto de otras muchas autonomías españolas, estamos diciendo que no se puede hacer troceando el sistema y perdiendo el control de un 20% y “prometiendo” más dinero al resto, “para que no se lo tomen mal”.

Es evidente que la situación de muchas autonomías es complicada por ser víctimas de un sistema de financiación que resulta obsoleto para atender el incremento del coste de los servicios públicos y que no es eficaz para garantizar el principio de solidaridad interterritorial, pero la solución no pasa por exigir al ciudadano, al autónomo o al empresario un mayor esfuerzo fiscal del existente. Pasa, a nuestro juicio, por una mejor distribución de los recursos públicos, por una gestión pública más eficiente y austera, y por una reducción drástica del gasto público superfluo, para liberar recursos económicos con destino a mejorar la financiación autonómica.

Desde el punto de vista de la gestión tributaria, compartimos con los colectivos de profesionales de la Hacienda Pública, que la consolidación, a lo largo de 32 años, del modelo vigente, iniciado en 1992 con la puesta en marcha de la Agencia Tributaria, ha dado los mejores frutos para todo el Estado desde el punto de vista de la eficiencia y profesionalidad en la gestión y, por lo tanto, de su independencia, así como desde el punto de vista del control y lucha contra el fraude. Sería otro gran error trocearla, cuando lo que hay que hacer es preservar su integridad, independencia y profesionalidad y no convertirla en un instrumento político más del Gobierno de turno, como se viene haciendo con organismos e instituciones básicas del Estado.