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26 diciembre, 2024La Nueva Comisión Europea ante el doble discurso en la defensa de la PAC y del sector agroalimentario europeo
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Madrid, 20 de diciembre de 2024
La nueva Comisión Europea ante el doble discurso en la defensa de la PAC y del sector agroalimentario europeo
Aunque vamos a tratar un tema, por desgracia, “nada novedoso”, la verdad es que el mismo, en estas semanas recobra especial protagonismo por la reciente firma del acuerdo comercial UE-MERCOSUR y por la también reciente Sentencia del TJUE que declara nulo el acuerdo UE-MARRUECOS por no contemplar los derechos del Pueblo Saharaui (no de soberanía Marroquí) ni las normas de etiquetado de los productos procedentes de una zona geográfica indebidamente incluida en el Acuerdo, dado que no es Marruecos.
Nos referimos obviamente al tradicional doble discurso de la Comisión Europea, y de no pocos Gobiernos de la UE, que tras “llenarse la boca” y defender pública y normativamente los pilares de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y de Desarrollo Rural, apostando por una indispensable sostenibilidad económica de nuestras explotaciones ganaderas y agrícolas, a la hora de compatibilizar este discurso con el del libre comercio, la globalización, la libre competencia o la sostenibilidad medioambiental, olvidan algo tan fundamental como que tanto el Tratado de Roma (art.42) como el Tratado de Funcionamiento de la UE (art.42) reconocen explícitamente la obligación normativa (del Parlamento y del Consejo) de “modular” o “adaptar” las normas generales sobre libre competencia a la producción y al comercio de los productos agrícolas.
Esta potestad ha sido avalada por diferentes Sentencias del TJUE, que siempre han constatado la dificultad objetiva de compatibilizar las reglas más ortodoxas de la libre competencia con las políticas de signo mas intervencionista para la protección de la PAC y para la garantía de la sostenibilidad de las explotaciones y del medio rural. Sentencias como la “Maizena” 280/ 1993, dejan clara la primacía de la política agrícola en relación con los objetivos del Tratado en el ámbito de la competencia y avalan las facultades totales del Consejo Europeo para decidir en que medida se aplican las normas de competencia en el sector agrícola.
Si esto es así, y esta posibilidad existe, ¿qué es lo que en verdad está pasando hace ya muchos años y especialmente en los últimos cinco? A mi juicio, la heterogeneidad de intereses sectoriales y estratégicos entre los países de la UE y la debilidad política creciente de no pocos gobiernos de la UE, hace que el Consejo y la Comisión (fiel reflejo de esta compleja situación) hayan llegado a una situación de práctica esquizofrenia para intentar contentar a los de dentro (norte, sur y ampliación, países del este…, con intereses y economías diferentes) y también a los de fuera (terceros países), para mantener un equilibrio geopolítico en no pocas ocasiones incoherente con las propias normas y reglas de los Tratados y las políticas propias históricas y consolidadas de la UE.
La nueva Comisión, recién estrenada, lo tiene muy difícil si no cambia de manera inteligente y urgente de estrategia política para “compatibilizar” los intereses estratégicos y comerciales de la “Europa industrial y tecnológica” con los de la “Europa agraria”. Los tratados y los reglamentos comunitarios otorgan margen más que suficiente, reconocido y avalado por el TJUE, para adoptar medidas “compensatorias y/o correctivas” en favor del sector agroalimentario a la hora de evitar una competencia desleal por la entrada de productos de terceros países, que producen más barato que nosotros, no sólo porque la mano de obra y el marco normativo laboral sea más flexible y barato, sino porque no tienen ni la burocracia administrativa que padecemos en la UE para producir, ni los “miles” de requerimientos técnicos, sanitarios y medioambientales que anteponen de manera errónea la “sostenibilidad medioambiental” a la “sostenibilidad económica” del sector.
Apoyar o defender el libre comercio, del que todos somos unos convencidos, a costa de desproteger o desmantelar el tejido productivo agroalimentario, por impedirle competir en igualdad de condiciones en todos los mercados, poniendo nuestra seguridad alimentaria en manos de terceros países, es un gravísimo error que no puede seguir sosteniéndose, ni mucho menos ampliarse, con la firma de tratados como Mercosur.
Los intereses políticos y geoestratégicos de la UE deben compatibilizarse con los intereses de su diversificada economía “domestica”. No se trata de optar entre el sector del automóvil y el de los cereales (por poner un ejemplo), se trata de compatibilizar de manera inteligente los intereses de ambos y garantizar una libre competencia en situación real de igualdad para todos. El “campo” tiene que aprender a competir si quiere ser sostenible económicamente, pero no se puede obligar a hacerlo en situación de desigualdad frente a terceros países.
Europa tiene todos los mecanismos políticos y jurídicos para garantizar la libre competencia y erradicar la competencia desleal en todos los mercados y productos. Si no lo hace pronto, me temo que las movilizaciones, las presiones de los lobbies, las acciones ante el Parlamento Europeo y las presiones a cada Gobierno se incrementarán en defensa de estos objetivos, sin perjuicio de que, en paralelo, quizás haya que estudiar mecanismos de defensa legal a nivel europeo y/o estatal que, aunque siempre sean difíciles y lentos, impidan esta situación de indefensión.
Finalmente, una breve reflexión respecto de la posición española sobre estos últimos “acontecimientos” (Marruecos, Mercosur), nos lleva a dar una nueva voz de alarma ante el silencio cómplice del ministro Planas y la euforia del presidente Sánchez que, por ejemplo, ante el acuerdo UE-MERCOSUR, ha manifestado que “el pacto alcanzado es histórico y hará a todos más prósperos y más fuertes”. Quizás, debería explicar que entiende por “todos” y, además, en alguna de sus múltiples giras, parar en Paris o en Roma para que le cuenten porque estos Gobiernos, entre otros, se oponen a este acuerdo.
