La conciliación de las políticas medioambientales con la actividad agroalimentaria, una asignatura pendiente

Las medidas aprobadas en los últimos tiempos por la Unión Europea en materia agraria y medioambiental han suscitado una amplia polémica, que se traducido en protestas organizadas por los afectados por estas medidas.

En este sentido, durante los últimos meses hemos podido comprobar como agricultores y ganaderos de prácticamente todos los países de la Unión Europea se han movilizado para mostrar su rechazo por la situación que están atravesando.

Si bien algunas de las reivindicaciones que plantean pueden tener una lectura en clave nacional, la mayoría tienen por objeto enfrentarse a decisiones políticas adoptadas por las instituciones europeas. Bajo estas protestas subyace la percepción que tienen los agricultores y ganaderos y, en general, el sector agroalimentario europeo, de que la Unión Europea no ha apostado por la producción agroalimentaria interna ni por la defensa de sus intereses, considerándola como algo residual y abandonando con ello su catalogación como recurso estratégico y la búsqueda de la soberanía alimentaria.

En la misma línea, también consideran que la Unión Europea está adoptando decisiones en materia de medio ambiente, algunas de ellas de cuestionable eficacia y con un fundamento bastante más ideológico que técnico, que ponen en serio riesgo la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Igualmente, existe el convencimiento entre agricultores y ganaderos de que su producción se ha convertido en moneda de cambio para los intereses de Bruselas, que no dudan en renunciar a su defensa si con ello pueden obtener ventajas frente a terceros.

Por último, tampoco puede obviarse que hay obligaciones que se imponen a los profesionales agrícolas y ganaderos en la gestión de sus explotaciones que son de muy difícil o incluso imposible cumplimiento, ya que están diseñadas desde los despachos, sin tener en cuenta las características del sector y de la actividad que desarrolla. En definitiva, estas protestas fueron la exteriorización de un malestar creciente con las políticas desarrollas por la Unión Europea, que algunos extienden incluso hacia el cuestionamiento de la existencia de la propia entidad supranacional con sus actuales competencias.

Los resultados de las recientes elecciones al Parlamento Europeo han permitido comprobar la traslación a las urnas de ese malestar de la ciudadanía europea con estas políticas. El apoyo a grupos políticos que se han posicionado en contra de estas políticas o que, estando a favor inicialmente, han variado su posición posteriormente al percibir el rechazo de sectores significativos de la ciudadanía, se ha visto incrementado. Por el contrario, grupos políticos que han impulsado la adopción y desarrollo de estas políticas han experimentado un notable descenso en sus apoyos.

Este mensaje de la ciudadanía debería ser escuchado por los órganos de gobierno de la Unión Europea, que necesariamente tendrá que reformular algunas de sus políticas para, sin renunciar a la protección de determinados valores, hacerlas compatibles con la viabilidad de la actividad agroalimentaria y con la pervivencia de su carácter estratégico. Este es el reto que van a tener que afrontar las instituciones europeas que próximamente se constituirán. De qué respuesta le den dependerá el futuro de nuestro campo y, probablemente, el de la propia Unión Europea.

Jorge Fernández-Ordás, Socio en el área de Administraciones públicas, Derecho Agroalimentario y Contencioso

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