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Actualidad: Reforma de las Bajas Laborales en 2025
La Seguridad Social ha anunciado una importante reforma en los requisitos para la gestión de las bajas laborales, cambios que entrarán en vigor este año, 2025. Estas modificaciones buscan mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un control más riguroso, impactando tanto a trabajadores como a empresas.
Digitalización de los trámites
Una de las principales novedades es la implementación de un sistema de digitalización completa para la gestión de las bajas laborales. Los partes de baja y alta se enviarán exclusivamente por vía telemática, eliminando la necesidad de que el trabajador entregue estos documentos físicamente a su empresa. Este cambio no solo busca reducir errores, sino también acelerar los trámites administrativos.
Mayor precisión en los plazos de recuperación
Los médicos estarán obligados a detallar con mayor exactitud los plazos estimados de recuperación en función de la enfermedad o lesión del trabajador. Este enfoque personalizado permitirá un control más exhaustivo sobre la duración de las bajas y facilitará el seguimiento de los casos tanto por parte de la Seguridad Social como de las empresas implicadas.
Incremento en los controles y supervisión
Para asegurar que las bajas laborales se gestionen de manera adecuada, se reforzarán las revisiones médicas y se incrementará la vigilancia en los casos de incapacidad temporal. Entre las medidas anunciadas, destacan:
- Controles periódicos más frecuentes en bajas prolongadas.
- Evaluaciones detalladas para evitar irregularidades y garantizar tratamientos adecuados.
Además, se fomentará la comunicación directa entre las empresas y la Seguridad Social, permitiendo un acceso en tiempo real al estado de cada baja. Este sistema más transparente busca reducir tiempos de espera y optimizar la gestión interna de las ausencias laborales.
Implicaciones para trabajadores y empresas
Los trabajadores se beneficiarán de trámites más ágiles, aunque deberán adaptarse a un sistema más estricto que exige cumplir con los nuevos estándares de control. Por su parte, las empresas asumirán un papel más activo en la supervisión de las bajas gracias a la digitalización y al acceso en tiempo real a la información.
Un modelo más moderno y eficiente
Esta reforma responde a la necesidad de modernizar el sistema de bajas laborales, adaptándolo a las demandas actuales y garantizando un uso más eficiente de los recursos públicos. Con estas medidas, la Seguridad Social busca equilibrar los derechos de los trabajadores con las obligaciones empresariales, marcando un antes y un después en la gestión de las incapacidades temporales.
¿Quién se hace cargo de las bajas laborales?
La responsabilidad económica de las bajas laborales varía en función del tipo de incapacidad temporal y del tiempo que dure esta situación:
Primeros 15 días: Durante los primeros 15 días de una baja por enfermedad común, el coste recae íntegramente sobre la empresa. En este período, es la organización quien abona la prestación correspondiente al trabajador.
A partir del día 16: Desde el día 16 hasta el día 365, la prestación económica es asumida por la Seguridad Social o, en su caso, por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social. Sin embargo, la empresa sigue siendo responsable de adelantar estos pagos, que después podrá deducir en sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Bajas superiores a 365 días: Si la baja supera el año, el control médico pasa a ser gestionado directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la Mutua, quienes deciden sobre la continuidad de la prestación o su derivación a una situación de incapacidad permanente.
Además, cabe destacar que en las contingencias profesionales (accidentes laborales o enfermedades profesionales), las Mutuas suelen asumir el pago desde el primer día de la baja.
Esta estructura permite garantizar que los trabajadores reciban su prestación a tiempo, mientras las empresas y la Seguridad Social colaboran para mantener la sostenibilidad del sistema. Es fundamental que tanto empresas como empleados estén informados y actualizados sobre estos procedimientos, especialmente con la entrada en vigor de la nueva reforma en 2025.
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