Contratos inteligentes (smart contracts) y su encaje en el Derecho Mercantil español
En la actualidad, la tecnología forma parte indisociable de nuestra vida cotidiana. Desde la gestión de nuestras relaciones personales hasta el desarrollo de actividades profesionales, los avances tecnológicos condicionan y transforman continuamente la forma en que interactuamos con el entorno. Esta realidad no es ajena al ámbito jurídico, el cual, lejos de permanecer estático, se encuentra inmerso en un proceso de adaptación constante a los nuevos desafíos y oportunidades que plantea la era digital.
En este contexto de innovación, uno de los fenómenos más relevantes es la aparición de los denominados smart contracts o contratos inteligentes. La base tecnológica que hace posible este avance es la blockchain o cadena de bloques, la cual está propiciando no solo nuevos modelos de negocio, sino también nuevas formas de gobernanza, comunicación, interacción y asociación entre personas.
¿Cómo funciona la tecnología blockchain?
Para comprender el funcionamiento de la tecnología blockchain, resulta útil analizar el ejemplo de una transferencia monetaria entre dos sujetos, denominados A y B. En el sistema financiero tradicional, A solicita a una entidad bancaria que realice una transferencia a favor de B, actuando dicha entidad como intermediaria y garante de la operación.
En contraste, la tecnología blockchain elimina la necesidad de un intermediario. En su lugar, A y B operan sobre una red descentralizada compuesta por múltiples ordenadores, denominados nodos, que trabajan juntos para verificar la existencia de fondos suficientes en la cuenta de A y, si la operación cumple con los requisitos, aprueban la operación.
Las transacciones aprobadas se agrupan en bloques, que se conectan unos con otros formando una cadena segura que no se puede modificar. Cada bloque está protegido con códigos especiales (criptografía) que aseguran que nadie pueda cambiar los datos después.
De este modo, la tecnología blockchain actúa como un libro de cuentas público, seguro y descentralizado, que opera sin la intervención de terceros.
¿Qué es un contrato inteligente?
Los smart contracts o contratos inteligentes pueden definirse como acuerdos celebrados entre dos o más partes, cuyo cumplimiento se encuentra condicionado al desarrollo de una serie de cláusulas previamente establecidas. La característica principal de estos contratos es que, una vez que se cumplen dichas condiciones, su ejecución se produce de forma automática, sin necesidad de la intervención de un tercero, gracias a la confianza que proporciona la tecnología blockchain en la que se alojan.
Funcionan a través de un algoritmo informático programado que se incorpora y almacena dentro de la red blockchain. Este algoritmo se encarga de activar y automatizar la ejecución del contrato únicamente cuando se verifican ciertas condiciones predefinidas por las partes.
De este modo, un contrato inteligente establece que, ante una acción concreta por parte de uno de los sujetos intervinientes, se desencadena automáticamente una consecuencia que afecta al otro, de acuerdo con lo pactado previamente. Esta automatización dota al sistema de mayor eficiencia, seguridad y trazabilidad, eliminando la necesidad de intermediación y reduciendo el margen de error o incumplimiento
¿Cuáles son los elementos esenciales de la digitalización de los contratos y su encaje en el ordenamiento jurídico español?
En el ordenamiento jurídico español, la digitalización de los contratos se apoya en tres pilares normativos fundamentales que permiten a las partes celebrar acuerdos a través de medios electrónicos con plena seguridad jurídica:
El primer pilar, sobre la validez del contrato electrónico, se recoge en la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) (art. 23). Según la Ley 34/2002, los contratos electrónicos son equiparables a los tradicionales, siempre que exista consentimiento y se cumplan los requisitos legales. El Código Civil también establece que un contrato requiere consentimiento, objeto y causa para ser válido, y su aceptación puede manifestarse mediante firma electrónica.
El segundo pilar, sobre identificación y consentimiento mediante firma electrónica, está constituido por El Reglamento (UE) 910/2014, complementado por la Ley 6/2020 en España, regula la identificación electrónica y los servicios de confianza, asegurando la validez de la firma electrónica como medio para formalizar acuerdos legales.
El tercer pilar es la posibilidad de utilizar el contrato electrónico como medio de prueba en un proceso judicial. La LSSI (art. 24) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 326) establecen que los contratos electrónicos pueden servir como prueba en procesos judiciales, siempre que su autenticidad no sea impugnada.
¿Cuáles son las aplicaciones y sectores de uso de los Smart contracts?
Los contratos inteligentes encuentran aplicación en numerosos sectores donde tradicionalmente se han empleado contratos en soporte papel, introduciendo mejoras significativas en términos de eficiencia, seguridad y automatización de las obligaciones contractuales.
En el ámbito comercial, permiten agilizar los procesos de financiación, así como ejecutar pagos o entregas de forma automática en el momento en que se cumplen las condiciones previamente pactadas por las partes. En sectores como la logística y el transporte, su utilización facilita la trazabilidad de las mercancías mediante el uso de dispositivos conectados, como sensores o sistemas de geolocalización, que registran en tiempo real cada etapa del proceso. Esto permite, por ejemplo, la liberación automática de pagos conforme se verifica el cumplimiento de cada fase de la entrega, sin necesidad de intervención humana.
Respecto a las transacciones hipotecarias basadas en contratos inteligentes, estas serán más baratas, rápidas y seguras. Esto permitirá a los compradores acceder antes a la propiedad y actualizar los registros automáticamente.
En el ámbito asegurador, resultan especialmente eficaces en la gestión de seguros paramétricos. En estos casos, los contratos se programan para liberar automáticamente la indemnización correspondiente cuando se produce un evento determinado, previamente establecido en el contrato, y cuya verificación puede realizarse mediante fuentes oficiales o sensores externos (por ejemplo, en caso de inundaciones, sequías u otras condiciones climáticas).
Además, estos contratos presentan aplicaciones en otras áreas de interés. En los procesos electorales, pueden emplearse para verificar la identidad de los votantes y registrar el sufragio de manera segura e inalterable. En el ámbito de los recursos humanos, permiten validar automáticamente titulaciones académicas y experiencia profesional, reduciendo el riesgo de fraude documental. También se utilizan en la protección de los derechos de propiedad intelectual, registrando y controlando el uso de creaciones en entornos colaborativos.
¿Qué riesgos o desafíos legales pueden existir en los Smart contracts?
Aunque la principal virtud de la tecnología blockchain y los smart contracts radica en su naturaleza descentralizada y en la eliminación de intermediarios en la relación jurídica, esta misma característica puede dar lugar a diversas problemáticas jurídicas.
En primer lugar, se advierte una potencial desprotección de la parte más débil en la relación contractual. Esto puede manifestarse, por ejemplo, en la carencia de asesoramiento adecuado respecto al negocio jurídico que se esté celebrando; en la insuficiencia o falta de facultades representativas de alguna de las partes involucradas; o incluso en la vulnerabilidad del consumidor frente a un eventual abuso de posición dominante ejercido por la contraparte.
En segundo término, se presenta la dificultad para determinar la capacidad jurídica de los sujetos que celebran smart contracts. Por ejemplo, en contratos realizados a través de la red blockchain por personas menores de edad mayores de 16 años no emancipadas, relativos a bienes obtenidos mediante su trabajo o industria, el artículo 164 del Código Civil establece la necesidad del consentimiento paterno-materno para los actos que excedan la mera administración ordinaria de dichos bienes, como podría ser un acto de disposición sobre ellos. La automatización propia de los smart contracts dificulta la supervisión y el control de tales requisitos legales.
Por otra parte, cabe destacar que la eficacia y seguridad jurídica del smart contract están intrínsecamente condicionadas a la calidad y corrección de su código informático. Un error o defecto en la programación puede desencadenar consecuencias jurídicas adversas o pérdidas económicas irreparables, dado que la ejecución automática del contrato se realiza estrictamente conforme a lo codificado, sin posibilidad de interpretación o rectificación posterior.
Asimismo, el acompañamiento legal previo a la firma de un contrato inteligente es esencial para abordar aspectos clave como el uso de la firma electrónica, así como garantizar la autenticidad, la integridad, la confidencialidad y la trazabilidad del contenido contractual.
Resulta fundamental el asesoramiento sobre la estructuración y administración de contratos inteligentes, lo cual implica desde la formulación de las cláusulas hasta su operatividad técnica, especialmente en ámbitos como el financiero e inmobiliario.
Además, es necesaria la resolución de controversias derivadas de la ejecución de smart contracts, ya sea a través de mecanismos de mediación o representando a las partes en procedimientos judiciales, en casos donde se alegue algún incumplimiento, error o perjuicio derivado del funcionamiento del contrato. Entre los conflictos más habituales se encuentran las reclamaciones por ejecuciones incorrectas debido a una programación deficiente o a una definición ambigua de las condiciones contractuales.
En definitiva, los smart contracts representan una innovación tecnológica con un gran potencial para transformar las relaciones jurídicas, si bien su integración en el ordenamiento jurídico requiere una adecuada regulación que garantice la protección de las partes, la validez y seguridad jurídica, y la correcta gestión de los riesgos inherentes a su automatización, Del mismo modo, resulta indispensable un asesoramiento que asegure una correcta estructura del contrato, la veracidad de su contenido y la existencia de mecanismos eficaces para la resolución de controversias.
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